República Dominicana empezó a ponerle capacidades, tecnologías y plazos a la siguiente fase de su expansión eléctrica.
Joel Santos Echavarría, ministro de Energía y Minas, confirmó durante la XI Semana de la Energía: “Tenemos varias subastas que estamos trabajando. Principalmente vamos a hacer una de 200 MW de energía renovable existente para añadir baterías, es decir, puramente de baterías”.
Durante la apertura del encuentro, el funcionario había colocado el almacenamiento en el centro del plan dominicano y fijado una meta de al menos 800 MW hacia 2028.
Luego, en diálogo con Energía Estratégica, terminó de abrir el mapa de contratación previsto para alcanzar ese objetivo.
“Vamos a añadir también una subasta de entre 600 y 900 MW de energía renovable, también con un 50% de almacenamiento. Eso es energía nueva”, señaló.
“La estrategia será hacerlas entre finales de este año y principios del próximo. La de generación existente posiblemente sea un poco más avanzada en el 2027”, agregó.
La estrategia no terminaría allí. El Gobierno preparaba además una convocatoria de al menos 900 MW de generación existente y un cuarto proceso orientado a contratar nueva potencia firme para cubrir las necesidades del sistema hacia la próxima década.
“También la idea es una cuarta licitación, que sería ya licitar lo que es la generación firme del país de cara a 2030-2032”, subrayó.
De la meta BESS al calendario: las primeras convocatorias entre finales de 2026 y comienzos de 2027
La precisión temporal terminó de convertir la hoja de ruta energética en una señal concreta para desarrolladores, generadores e inversionistas. Y la secuencia buscaba responder a un sistema que había cambiado de escala en pocos años.
Según los datos presentados por el propio ministro durante la inauguración, la capacidad instalada dominicana había pasado de 4921 MW en 2020 a alrededor de 7120 MW en 2025, un incremento cercano al 45%. Dentro de esa transformación, la solar y la eólica habían avanzado desde 555 MW en 2020 hasta superar los 2000 MW, mientras las fuentes renovables ya explicaban aproximadamente el 26% de la energía inyectada al sistema.
La proyección oficial elevaba ese volumen hasta alrededor de 2800 MW renovables en 2028. “Este proceso no se detiene con los avances ya alcanzados. Nuestra mirada está puesta en el futuro”, aseguró Santos durante su intervención en la apertura del evento.
El salto tecnológico aparecía precisamente allí. La incorporación acelerada de generación variable había obligado a modificar la forma de operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y a buscar capacidad capaz de desplazar energía entre horarios.
“Hemos entrado en una nueva etapa: la era del almacenamiento energético. El país avanza en la incorporación de sistemas de batería y proyecta disponer de al menos 800 MW de almacenamiento hacia el 2028”, definió.
El objetivo tenía detrás un problema económico y operativo que ya había dejado de ser marginal.
Durante los primeros meses de 2026, el curtailment renovable había rondado el 14%, con jornadas en las que los recortes se acercaron al 40% y con marzo como uno de los períodos de mayor vertimiento. La combinación de congestiones, límites de transmisión, excedentes solares y restricciones técnicas de la generación convencional había elevado la presión sobre los proyectos.
El almacenamiento aparecía así no sólo como respaldo de frecuencia, sino como una herramienta para recuperar energía que el sistema no podía absorber durante determinadas horas y trasladarla hacia los picos de demanda.
En este sentido, Santos reconoció: “Aunque debo decir que en los últimos 30 días se ha reducido bastante el curtailment con algunas medidas que hemos podido tomar en la administración del sistema, no hay duda de que el almacenamiento es la respuesta más contundente a ese aspecto”.
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Una carrera BESS que ya había comenzado antes de las nuevas subastas
El paquete anunciado por el Ministerio se incorporó a un mercado donde el almacenamiento ya había comenzado a ganar escala. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) avanzaba con una iniciativa de hasta 600 MW / 1200 MWh de BESS mediante inversión privada, para la cual 39 compañías habían sido habilitadas a continuar hacia las siguientes etapas.
El programa buscaba sumar capacidad para regulación de frecuencia, respuesta rápida, control de rampas, alivio de congestiones y respaldo ante contingencias, mientras el almacenamiento empezaba también a encontrar mecanismos específicos de remuneración dentro del mercado eléctrico dominicano.
Sobre esa base, las nuevas convocatorias ampliaban el alcance de la tecnología. Los 200 MW de baterías para renovables existentes llevarían flexibilidad hacia activos que ya operaban en el sistema, mientras el bloque de 600 a 900 MW de nueva capacidad limpia con un 50% de almacenamiento incorporaría el BESS desde el diseño de los proyectos.
La diferencia no era menor para desarrolladores e inversores: en las próximas plantas, la batería ya no aparecería necesariamente como una ampliación posterior, sino como parte de la propia configuración requerida para competir por nueva capacidad.
“Integrar el almacenamiento obviamente nos va a permitir almacenar energía que ya estamos generando durante el horario diurno para utilizarla en los horarios pico. Todo eso va a permitir que haya más energía disponible precisamente donde más está creciendo la demanda de energía en el caso dominicano”, señaló Santos.
El movimiento acompañaba además una penetración renovable que ya había cambiado las necesidades operativas del SENI. Con más generación solar concentrada durante las horas diurnas, el desafío había dejado de ser únicamente sumar MW para incorporar también herramientas capaces de trasladarlos en el tiempo y reducir la exposición del sistema a vertimientos y restricciones de red.
Renovables y baterías no alcanzaban: República Dominicana preparaba capacidad para los años 30
La estrategia tampoco descansaba exclusivamente sobre renovables y almacenamiento. República Dominicana buscaba contratar con anticipación el componente firme necesario para sostener la expansión de la demanda durante la próxima década y evitar que el crecimiento de la capacidad variable dejara descubierto el respaldo del sistema.
En la apertura de la XI Semana de la Energía, Santos mencionó entre los proyectos en marcha a Manzanillo, con más de 1200 MW, y a Generadora San Felipe, además de otros desarrollos distribuidos en el país.
“Sentimos la responsabilidad de dejar capacidad energética de entrada a la llamada década de los 30”, afirmó.
Ese horizonte terminó de tomar forma durante la ronda de prensa, cuando confirmó ante este portal una cuarta licitación destinada específicamente a generación firme para 2030-2032, adicional a los procesos para baterías, nueva renovable y generación existente.
El Gobierno vinculaba esa anticipación con una economía en la que zonas francas, turismo, agroindustria, minería y nuevos consumos digitales presionaban de manera creciente sobre la demanda eléctrica.
“Ya no es simplemente un acompañamiento. El sistema energético debe ir delante del crecimiento económico”, sostuvo el ministro.
La planificación combinaba así tres necesidades diferentes dentro de una misma expansión: energía, flexibilidad y firmeza. La nueva generación renovable ampliaría la oferta de electricidad limpia; el almacenamiento permitiría desplazar excedentes hacia las horas de mayor consumo; y la potencia gestionable cubriría los períodos en los que el recurso solar y eólico no estuviera disponible.
La hidroeléctrica completaba ese esquema. Sobre una base instalada cercana a 600 MW, las autoridades trabajaban en la repotenciación de centrales para sumar unos 100 MW, la reducción de la sedimentación de las presas y la evaluación de proyectos de almacenamiento mediante bombeo.
“Ya estamos evaluando lo que serían proyectos de hidrobombeo, es decir, incrementar la capacidad de generación de las principales presas del país sobre la base de hacer lo que, en palabras simples, sería almacenar energía mediante el hidrobombeo”, confirmó Santos.
Con 2800 MW renovables proyectados para 2028, al menos 800 MW de almacenamiento, una licitación de generación existente de no menos de 900 MW y otra destinada a asegurar potencia firme hacia 2030-2032, el país empezaba a planificar simultáneamente la expansión y los mecanismos necesarios para operarla.
Ese desafío atravesó también la agenda de la XI Semana de la Energía, que reunió en Santo Domingo a representantes de 27 países para debatir integración, seguridad energética, almacenamiento, inversión, financiamiento, resiliencia e infraestructura.
“La transición energética no se mide únicamente por la capacidad que se instala, sino por la capacidad de convertir esa energía en desarrollo, confianza, productividad y bienestar de la gente”, concluyó Santos.