Municipalidades guatemaltecas estarían aplicando cobros para autorizar proyectos solares con criterios que carecen de respaldo legal, según alertó la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER).
El sector advierte que esta situación ya afecta a más de 15 desarrollos y podría comprometer la ejecución de inversiones adjudicadas en la licitación PEG-5, que asignó 29 nuevas centrales por 729 MW y 20 ampliaciones por otros 500 MW, capacidad que deberá entrar en operación hacia 2030 para acompañar el crecimiento de la demanda.
Dos casos reportados por empresas asociadas ilustran la controversia: una municipalidad pretende calcular las licencias según la cantidad de paneles solares instalados, mientras otra busca hacerlo en función de los MW de capacidad de la planta. “Ninguno de estos criterios tiene respaldo legal”, sostuvo Astrid Perdomo, directora ejecutiva de AGER, en conversación con Energía Estratégica.
Asimismo, remarcó que algunas autoridades ejercen una discrecionalidad excesiva en la emisión de licencias de construcción, con cobros que no tienen sustento técnico ni jurídico.
Para la asociación, la falta de procedimientos uniformes genera incertidumbre para los inversionistas y abre la puerta a cargos desproporcionados que pueden afectar la viabilidad económica de las iniciativas. También expone a las propias municipalidades a impugnaciones legales.
Más de 15 proyectos ya enfrentan obstáculos
AGER agrupa a 82 asociados y representa más del 90% de la energía renovable producida en Guatemala. Según información proporcionada por sus miembros, en este momento existen más de 15 proyectos de generación renovable con obstáculos concretos derivados de decisiones municipales.
Por tratarse de información sensible para las empresas, la entidad evita identificar todos los desarrollos afectados. Sin embargo, señala que algunos proyectos que ya operan comercialmente también enfrentaron atrasos y costos superiores a los estimados por licencias de construcción.
Uno de los casos más representativos es Solar El Progreso, ubicado en Jalpatagua. La iniciativa cuenta con licencia ambiental del MARN, permiso de conexión del INDE, aprobaciones de la CNEE y del EOR, además de haber sido adjudicada formalmente en la PEG-4.
Aun así, el proyecto lleva más de dos años paralizado por la negativa del alcalde municipal a emitir la licencia correspondiente, en un proceso que la empresa desarrolladora considera contrario al marco legal vigente.
El impacto para Jalpatagua es concreto: el municipio dejó de recibir USD 57 millones en inversión directa, USD 150000 por licencia de construcción, USD 300000 anuales en inversión social y ambiental, además de empleos para comunidades de la zona de influencia.
“Cuando proyectos que cumplen con todos los requisitos legales encuentran obstáculos arbitrarios o discrecionales, no solo se afecta a una empresa o a un inversionista; se limita la creación de empleo, el desarrollo de infraestructura y las oportunidades para las comunidades”, afirma Perdomo.
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El riesgo para la PEG-5 y la demanda eléctrica
La advertencia adquiere mayor peso por el crecimiento de la demanda. Según AGER, Guatemala enfrenta un escenario histórico: durante la primera mitad de 2026, el país superó cinco veces su demanda máxima histórica, actualmente ubicada en 2427,15 MW.
En este contexto, los proyectos adjudicados en la subasta PEG-5 deberán avanzar sin demoras para cumplir los plazos comprometidos. La mayoría de las nuevas plantas debe comenzar a generar hacia 2030, por lo que los tiempos administrativos ya son determinantes.
Perdomo subrayó que la adjudicación por sí sola no asegura que los proyectos lleguen a construirse: “El éxito de la PEG-5 no se medirá por los contratos firmados, sino por la capacidad del país de transformar esas inversiones en megavatios operativos”.
Entre las adjudicaciones aparecen desarrolladores con amplia trayectoria en Guatemala y la región, que ahora deberán avanzar en procesos de ingeniería, permisos, financiamiento y construcción para cumplir con los plazos comprometidos.
Precisamente allí radica una de las principales preocupaciones de AGER: que proyectos ya adjudicados encuentren dificultades para materializarse por factores ajenos a las condiciones técnicas o económicas de las iniciativas.
“Si los obstáculos municipales que hoy afectan proyectos en desarrollo no se resuelven, Guatemala corre el riesgo de no poder convertir esas adjudicaciones en infraestructura real dentro de los plazos comprometidos”, alerta Perdomo.
La ejecutiva añade que asegurar el suministro para los próximos años y mantener condiciones de competitividad para el país y los hogares guatemaltecos dependerá, en gran medida, de que las autoridades municipales acompañen el desarrollo de estas inversiones.
La discusión también coincide con una nueva etapa de planificación para el sector. Durante el Future Energy Summit (FES) Guatemala, autoridades energéticas adelantaron que el país analiza avanzar con nuevos procesos de contratación, entre ellos PEG-6 y PET-4, con el objetivo de seguir incorporando generación firme e infraestructura de transmisión. En ese escenario, desde el sector privado consideran fundamental resolver las barreras que hoy afectan a proyectos en desarrollo para fortalecer la confianza de los inversionistas de cara a las próximas convocatorias.
Pero desde AGER insisten en que la confianza inversora dependerá de la certeza jurídica y de la capacidad institucional para resolver bloqueos locales. “Guatemala necesita enviar una señal clara de respeto al Estado de Derecho, a la certeza jurídica y a las reglas del juego”, enfatizó Perdomo.
La asociación pide al Gobierno Central asumir un rol activo de coordinación interinstitucional y establecer mecanismos ágiles para resolver trabas administrativas en proyectos que ya cuentan con permisos nacionales.
También solicita a las municipalidades definir criterios uniformes, transparentes y con fundamento legal para el cobro de licencias y la emisión de autorizaciones vinculadas a proyectos renovables.
“Destrabar estas inversiones no es únicamente una necesidad para el sector energético, sino una condición indispensable para la competitividad y el desarrollo sostenible del país”, concluyó Perdomo.