Honduras envió un proyecto de reforma al Congreso Nacional que ordena la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en compañías independientes de generación, transmisión y distribución, crea un nuevo Operador del Sistema y Mercado (OSM) y redefine las reglas de funcionamiento de la industria con el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, fortalecer la competencia y generar condiciones más atractivas para la inversión.
La propuesta modifica pilares centrales del esquema vigente. Además de separar las distintas unidades de negocio de la estatal eléctrica, traslada la operación del mercado a una entidad técnica independiente, incorpora el almacenamiento energético dentro de la legislación y refuerza las atribuciones regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
El alcance de los cambios ya abrió un fuerte debate dentro del país. El ex secretario de Energía, Erick Tejada, calificó la iniciativa como una "contrarreforma energética" y aseguró que "la división de la ENEE en 3 sociedades mercantiles es la antesala de la privatización". Además, cuestionó la transferencia de activos vinculados al actual esquema de operación eléctrica.
La reforma encuentra parte de su justificación en los problemas estructurales que enfrenta el sistema. El propio decreto reconoce que la ENEE mantiene una situación financiera deficitaria que ha requerido apoyo recurrente del Estado, mientras que las pérdidas técnicas y no técnicas continúan ubicándose por encima de estándares considerados razonables para la industria eléctrica internacional.
Dentro del nuevo diseño institucional, uno de los cambios más relevantes es la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), organismo que asumirá la operación integrada del sistema interconectado nacional y la administración del mercado mayorista. La entidad tendrá entre sus responsabilidades coordinar el despacho eléctrico, administrar las transacciones de energía, efectuar la liquidación financiera del mercado y garantizar la continuidad y seguridad del suministro bajo principios de independencia y transparencia.
La propuesta también busca fortalecer la independencia regulatoria. Los futuros comisionados de la CREE serán seleccionados mediante concursos públicos y un esquema de nominación que incorpora universidades, gremios profesionales, representantes empresariales y autoridades energéticas. Asimismo, se amplían las obligaciones de transparencia institucional y publicación de información regulatoria y técnica.
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En paralelo, el texto introduce modificaciones orientadas a profundizar la competencia dentro de la industria. Las distribuidoras deberán realizar sus compras de capacidad y energía mediante licitaciones públicas internacionales competitivas, mientras que la expansión de la red de transmisión también quedará sujeta a procesos licitatorios supervisados por el regulador.
Otro de los aspectos que sobresalen es la incorporación formal de los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) dentro del marco legal hondureño. La iniciativa reconoce esta tecnología como parte de las actividades del mercado y habilita su participación bajo reglas específicas, evitando tratamientos discriminatorios frente a otras fuentes o recursos energéticos.
La inclusión del almacenamiento responde a una tendencia cada vez más visible en América Latina, donde las baterías comienzan a desempeñar un rol estratégico para integrar generación renovable variable, aportar flexibilidad operativa y mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos.
Tejada denuncia una "contrarreforma" y advierte sobre privatización
Las críticas del ex secretario de Energía apuntan principalmente a la reorganización de la ENEE. A través de sus redes sociales, Tejada sostuvo que la división de la empresa pública en sociedades mercantiles representa "la antesala de la privatización" y advirtió sobre la transferencia de activos vinculados al Centro Nacional de Despacho.
Sin embargo, el texto del decreto establece que las nuevas compañías de generación, transmisión y distribución permanecerán bajo propiedad estatal mediante una estructura de empresa matriz encabezada por la propia ENEE. La normativa también dispone que la empresa pública conservará la titularidad accionaria de las subsidiarias que surjan tras el proceso de reorganización.
La discusión, además, ocurre en un momento particularmente sensible para Honduras. Durante los últimos años, el país perdió protagonismo en la captación de inversiones renovables frente a mercados como Guatemala y Panamá, que avanzaron con procesos de contratación más frecuentes, señales regulatorias más estables y mecanismos orientados a reducir el riesgo para los desarrolladores.
En ese contexto, buena parte de los cambios propuestos buscan acercar el funcionamiento del mercado hondureño a esquemas implementados en otros países de la región, con una separación más clara entre regulación, operación y actividades comerciales, además de mayores incentivos para la incorporación de capital privado y nuevas tecnologías.
Lo que se discute no es únicamente una reorganización administrativa de la ENEE. La propuesta redefine quién regula, quién opera y quién participa en el mercado eléctrico hondureño. Su aprobación marcaría el inicio de una nueva etapa para el sector, con efectos directos sobre futuras licitaciones, inversiones renovables, almacenamiento energético y expansión de infraestructura durante los próximos años.