Las deudas a PyMEs proveedoras de proyectos energéticos en la zona norte de Chile continúan en la agenda sectorial. El conflicto, que comenzó a visibilizarse con fuerza desde 2021, expone una tensión que aún no encuentra una solución estructural: empresas locales que prestan servicios, arriendan maquinaria, movilizan trabajadores o entregan insumos para obras renovables, pero quedan atrapadas cuando contratistas o subcontratistas interrumpen la cadena de pagos.
El reclamo volvió a ser trasladado a las actuales autoridades. Mauricio Ocaranza, vocero de PyMEs estafadas Zona Norte, aseguró a Energía Estratégica que planteó la situación a comienzos de año, en medio del conflicto que atravesaba con empresas vinculadas a proyectos renovables.
“A la ministra se lo hice saber a comienzos de año, porque justo me tocó esta situación con otra empresa. Me reuní con el jefe de gabinete y con el Seremi de la región. De hecho, el Seremi me decía: ‘Mauricio, hay que sacar una ley’. Le respondí: ‘Seremi, si la ley está’. Pero el tema es que al final nadie hace nada”, indicó.
Para Ocaranza, la mirada oficial sigue siendo insuficiente cuando se encuadra el conflicto únicamente como una disputa entre privados.
“El Estado dice que no puede intervenir porque son temas entre privados, y hay cosas que no me cuadran. Si los terrenos son del Estado, los permisos los da el Estado, ¿cualquiera puede llegar y venir a invertir en el país? No creo”, planteó.
En paralelo, Ocaranza confirmó que logró cerrar su conflicto particular con Metlen, vinculado a trabajos asociados a la empresa Green Hands.
“Lo hice hace ya dos meses, definitivamente, pero salí perdiendo más que ganando. No me quedó otra. Preferí recuperar algo a perderlo todo”, señaló.
Según detalló, en su caso la deuda rondaba los $630 millones chilenos, de los cuales debió asumir una pérdida superior a los $330 millones.
“Detrás mío hay familias, trabajadores, maquinaria, activos, y uno tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones”, remarcó.
El caso puntual de Ocaranza se resolvió, pero su planteo apunta a una problemática más amplia. Según sostuvo, desde 2021 se vienen repitiendo situaciones similares en proyectos fotovoltaicos de la macrozona norte, con empresas contratistas nacionales e internacionales que incumplen compromisos comerciales con proveedores locales.
“Te contrataban servicios, pagaban un mes, dos meses y después desaparecían. Iban dejando deuda y las empresas mandantes no hacían nada al respecto, no tomaban medidas”, afirmó.
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El reclamo de las PyMEs afectadas habla de casi 130 empresas del rubro energético y de un monto superior a los $14.000 millones, según el entrevistado. Si bien esa cifra no aparece como dato oficial consolidado en documentos públicos del Ministerio de Energía, la cartera sí reconoció formalmente la existencia de quiebres en la cadena de pagos en proyectos energéticos de la zona norte.
En su Cuenta Pública Nacional Gestión 2022-2023, el Ministerio informó que, producto de esos quiebres, promovió medidas para prevenir que la situación se repitiera y apoyar a las PyMEs afectadas. Entre ellas, mencionó gestiones de buenos oficios para instar al pago de proveedores por parte de mandantes, contratistas o subcontratistas; gestiones para facilitar acceso a créditos de BancoEstado; articulación con Economía por FOGAPE; y el impulso de un proyecto de ley para prevenir nuevos casos.
Además, la autoridad señaló que trabajó con el Ministerio de Bienes Nacionales para modificar bases de licitación de terrenos fiscales destinados a proyectos ERNC, estableciendo la obligatoriedad del pago a 30 días para PyMEs vinculadas a proyectos construidos en dichos terrenos.
El punto regulatorio más sensible está en la responsabilidad de la empresa mandante. Hoy, la normativa chilena contempla responsabilidades en materia laboral y previsional dentro de esquemas de subcontratación, pero los reclamos comerciales de proveedores —facturas, servicios prestados, arriendo de equipos o insumos— quedan en una zona de mayor exposición para las PyMEs.
En ese marco, Ocaranza volvió a poner sobre la mesa el proyecto que modifica la Ley N°20.416, que busca hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena por el pago de bienes entregados o servicios realizados por micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras. La iniciativa, Boletín 14011-03, fue presentada en 2021 y llegó al Senado tras su paso por la Cámara de Diputados.
También apuntó contra la efectividad de la Ley de Pago a 30 Días, que establece que la obligación de pago contenida en una factura debe cumplirse en un plazo máximo de 30 días corridos desde su recepción, salvo excepciones reguladas.
“La ley de pago a 30 días no funciona. Las empresas mandantes no exigen boletas de garantía o contratan a cualquier empresa sin experiencia”, cuestionó.
La advertencia cobra mayor relevancia en momentos en que Chile acelera una nueva etapa de su transición energética. La Ruta Energética 2026-2030 del Ministerio reconoce que el país avanzó con fuerza en renovables, pero que el desafío ya no es solo incorporar tecnologías limpias, sino garantizar seguridad, resiliencia, precios justos y certeza jurídica para materializar los proyectos necesarios. La hoja de ruta también identifica como eje una energía más competitiva y justa para hogares y MiPyMEs.
Ese crecimiento también implica una nueva presión sobre la cadena de proveedores.
“Hoy a lo mejor no me va a ocurrir a mí, le va a ocurrir a otro empresario. Tengo entendido que en otros proyectos acá en la zona norte han vuelto a ocurrir estas dificultades de pago. Más ahora que está el boom de los famosos BESS, entonces está partiendo todo de nuevo”, advirtió.
La preocupación no apunta a frenar la inversión renovable, sino a ordenar las condiciones bajo las cuales se ejecutan los proyectos. Para las empresas locales, la transición energética también debe medirse por su capacidad de generar encadenamientos productivos sostenibles, empleo regional y reglas claras para quienes sostienen la operación en terreno.
“Después los contratistas o nosotros los empresarios somos los conflictivos porque generamos todo este tipo de ruido. Pero si nadie toma acciones, yo no voy a dejarlo”, concluyó Ocaranza.