El Proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno español para regular los centros de datos obligaría a las instalaciones con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW a respaldar con generación renovable al menos el 80% de su consumo en cada hora. Esa electricidad deberá cumplir además un criterio de adicionalidad: el consumo tendrá que vincularse, mediante autoconsumo o contratos a plazo, a capacidad renovable puesta en servicio dentro de los 18 meses anteriores. El cumplimiento quedará ligado al acceso y conexión, con recargos y eventual pérdida de los permisos.
Para una instalación que funciona prácticamente las 8760 horas, la exigencia implica bastante más que contratar un volumen anual equivalente de energía verde. Solar y eólica no producen de forma constante, por lo que sostener una correlación horaria elevada obliga a combinar tecnologías, almacenamiento y mayor capacidad de generación.
“¿Por qué exigiríamos a un centro de datos satisfacer detrás del contador las 8760 horas cuando no exigimos lo mismo a cualquier otra industria que se electrifica?”, planteó Jon Macías, presidente de Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), sección de Autoconsumo, en diálogo con Energía Estratégica. Diseñar obligatoriamente un sistema capaz de cubrir toda la demanda anual sería, a su juicio, poco eficiente y podría incluso incentivar respaldo fósil.
“No tiene sentido que nuestra electricidad renovable y competitiva sea un reclamo para nuevas inversiones y, cuando estas vienen, decirles que desarrollen ellos sus propias unidades de generación”, afirmó Macías.
Una simulación difundida previamente por APPA muestra la diferencia entre el porcentaje regulatorio y la infraestructura necesaria para alcanzarlo. Con perfiles horarios de 2025, baterías de cuatro horas y una eficiencia del 90%, cada MW de demanda requeriría 3,93 MW solares, 3,69 MW eólicos y 3,65 MW de almacenamiento, equivalentes a 14,6 MWh. Bajo esas hipótesis, el conjunto supera los 11 MW de activos por cada MW de consumo del centro de datos.
Macías evita trasladar esa configuración a todos los proyectos. “No existe una combinación universalmente óptima”, señaló y comentó que el resultado dependerá del perfil de consumo, la ubicación, la superficie disponible, la capacidad de conexión, los precios de los PPAs y el coste y dimensionamiento del almacenamiento. Autoconsumo, baterías y contratos de largo plazo cumplirán funciones distintas según cada instalación.
La alternativa no pasa por reducir la cobertura renovable. APPA plantea que, en una primera etapa, el 100% del consumo anual quede respaldado por generación renovable, con su correspondiente trazabilidad, y que la correlación temporal y la adicionalidad se endurezcan conforme avancen el almacenamiento, la flexibilidad y la gestión de demanda.
“La adicionalidad y una mayor correlación temporal son objetivos positivos, pero debemos evitar convertirlos inicialmente en barreras que impidan el desarrollo de los proyectos”, explicó Macías. La asociación planteó favorecer PPAs asociados a nueva generación, repotenciaciones o almacenamiento y elevar progresivamente las exigencias.
El centro de datos seguiría respondiendo a las condiciones del sistema. “Debe responder a las señales de precio del mercado y asumir los peajes y cargos que le correspondan”, sostuvó el ejecutivo. A medida que maduren el almacenamiento y la gestión de demanda, esas señales podrían incentivar el consumo en las horas con mayor disponibilidad eléctrica.
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12 GW concedidos: filtrar madurez sin priorizar sectores
La flexibilización que reclama APPA convive con otro problema: España ya acumula alrededor de 12 GW de acceso concedidos a centros de datos, unos 6 GW en transporte y otros 6 GW en distribución, frente a previsiones de despliegue efectivo muy inferiores hacia 2030. La asociación acepta que hacen falta hitos, plazos y garantías para evitar que proyectos sin expectativa real de ejecución mantengan capacidad bloqueada.
“Deben ser requisitos proporcionados, que permitan diferenciar los proyectos maduros de aquellos que son meramente especulativos, pero sin establecer garantías tan elevadas que su propio coste financiero termine dificultando proyectos reales”, planteó el presidente de la asociación. APPA pide aplicar esa lógica al conjunto de los grandes consumidores, no únicamente a los centros de datos.
La asociación tampoco defiende una jerarquía sectorial previa cuando en un mismo nudo compiten un data center, una industria que electrifica procesos o nuevos consumos residenciales. “Si son proyectos viables, debemos intentar integrar toda la [demanda] que permita el sistema”, detalló Macías. Donde la capacidad sea escasa, propone criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios vinculados al acceso y a la madurez de los proyectos.
APPA vincula esa posición con otro desequilibrio: España no tiene, según Macías, un problema estructural de falta de generación, mientras en determinados periodos y bajo determinados criterios puede desaprovecharse del orden de una cuarta parte de la producción renovable potencial. El refuerzo de las redes y la incorporación de nueva demanda permitirían absorber una mayor parte de esa generación.
Baterías y gestión de cargas para reducir presión sobre la red
La demanda de un centro de datos no puede tratarse como completamente flexible. La continuidad del suministro limita cuánto consumo puede desplazarse, pero las baterías pueden reducir puntas, el autoconsumo disminuir la energía tomada de la red en determinadas horas y la gestión de cargas trasladar los procesos que sí admitan movimiento hacia momentos con mayor disponibilidad renovable.
“No se trata necesariamente de obligar a todos los centros de datos a ser flexibles, sino de establecer señales que hagan económicamente atractivo que aquellos que puedan adaptar parte de su consumo lo hagan”, afirmó Macías. Ese esquema permitiría utilizar el almacenamiento no solo para cumplir una correlación renovable, sino también para reducir picos y adaptar parte de la demanda a las condiciones del sistema.
La misma lógica alcanza a las redes. Las actuaciones necesarias específicamente para conectar un nuevo suministro deben recaer sobre el solicitante cuando así lo determine la regulación, mientras los refuerzos estructurales que benefician al conjunto de consumidores deben permanecer dentro de la planificación general. APPA no plantea un régimen diferente por el hecho de que el solicitante sea un centro de datos.
El Gobierno deberá decidir qué mantiene del borrador
Las alegaciones de APPA se sumarón a las críticas planteadas por SpainDC, que ya advirtió sobre el impacto que la acumulación de requisitos puede tener sobre proyectos en desarrollo y nuevas decisiones de inversión. La audiencia pública del Proyecto de Real Decreto cerró el 10 de septiembre, tras una ampliación del plazo inicialmente previsto.
La próxima versión del texto deberá definir si el Ejecutivo mantiene el 80% renovable con correlación hora a hora y los criterios de adicionalidad o modifica esas condiciones tras la consulta. Ahí quedará determinado cuánto deberá resolver cada centro de datos mediante generación y almacenamiento vinculados al proyecto y cuánto podrá apoyarse en la red, los contratos renovables y la respuesta a las señales del sistema.