El pasado 20 de diciembre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, con el objetivo de que se exponga a debate y se obtenga su aprobación.
En el marco de la grave crisis energética de Ecuador, donde existe un déficit de 465 MW que afecta el sistema productivo y económico del país, el mandatario calificó la normativa como "urgente en materia económica".
El proyecto de ley propone la creación de un fondo de eficiencia energética a cargo del gobierno y la cooperación internacional para que se realicen las inversiones de infraestructura eléctrica y para fomentar el ahorro de energía.
Según al documento, este fondo será la "herramienta de financiamiento" para las siguientes medidas:
- Campañas de ahorro energético
- Proyectos de sustitución y recambio de equipos, maquinarias y electrodomésticos.
- Implementación de sistemas de gestión de energía.
- Programa de cogeneración en la industria nacional.
- Diversos programas del Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE) como la normalización y etiquetado de equipos que consumen energía.
- Contratos autorregulados para compraventa de energía;
- Presupuesto para la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
- Acciones de control de la Arconel sobre la gestión de las empresas eléctricas.
- Delegación a empresas privadas, en casos excepcionales, para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público.
- Deducción al Impuesto a la Renta (IR) por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual de energía eléctrica.
- Condonación de intereses derivados de deudas en el pago del servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público.