Ayer, el Ministerio de Agroindustria publicó la Resolución 249/2018 en el Boletín Oficial, que suspende por 6 meses la baja establecida en los derechos de exportación de la harina y aceite de soja, sin afectar las retenciones del poroto de soja.
En diálogo con Energía Estratégica, Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), explica que con esta iniciativa el Gobierno iguala el valor de las retenciones tanto del poroto como del aceite de soja, generando un impacto negativo a la industria.
"Corremos el riesgo cierto que se exporte más poroto de soja en bruto, hecho que primariza las exportaciones y al mismo tiempo, aumenta la capacidad ociosa de la industria del crushing, poniendo en peligro una cantidad importante de puestos de trabajo de los más sustentables que existen en Argentina", advierte el especialista.
Molina recuerda que "desde los años noventa existe un diferencial a favor del aceite y la harina de soja", y que tal diferencial es "fundamental" y "compensa parcialmente" los derechos de importación crecientes según el mayor valor agregado que aplican los principales compradores del exterior sobre productos del complejo soja.
La medida también se traslada al biodiesel.
Según el presidente de la AABH, los números actuales de retención del biodiesel -15 % nominal y 13,04 % efectivo- iba a converger con la del aceite y harina recién en diciembre de 2019.
"Habrá que ver si ahora no vuelven a aumentarla para que la convergencia sea ya mismo", analiza el dirigente.
Por su parte, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) expresó a través de un comunicado "sorpresa y preocupación por los perjuicios que ocasionará" la Resolución 249.
Los industriales alarmaron impactos que "podrían derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perdería empleo.
Explicaron: "el diferencial en los derechos de exportación entre materias primas y productos industrializados es el modo en que los países estimulan la exportación de empleo e inversión locales, al tiempo que evitan el proteccionismo creciente de buena parte del comercio internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del complejo oleaginoso argentino que lleva tres décadas de crecimiento.