En las dos últimas subastas a largo plazo de energías renovables (2019 y 2021) y en la licitación de Cargo por Confiabilidad, el Gobierno de Colombia adjudicó un total de 25 proyectos eólicos y solares fotovoltaicos por 2.754,5 MW.
A este volumen también se le suman las iniciativas privadas, lo que hace que los proyectos a materializarse superen ampliamente los 3.000 MW.
A pesar de ello, desde la industria de las renovables consideran que hay demasiados números en los papeles, pero que muy pocos se han materializado aún.
A mediados de octubre pasado, Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que ya se han instalado un total de 450 MW eólicos y solares en el país.
Si bien la cifra parece baja, cabe señalar que, a principios del 2019, cuando comenzó su gestión, la potencia operativa renovable no convencional era de apenas 45 MW.
Es decir que el salto de capacidad instalada se multiplicó por 10 en dos años.
Para Germán Corredor, Director Ejecutivo de SER Colombia, posiblemente el 2022 sea un año que se destaque por la cantidad de centrales renovables de envergadura que vayan a entrar en funcionamiento.
En una entrevista para Energía Estratégica, Corredor opina al respecto y habla sobre la posibilidad de una tercera subasta en el año entrante, el futuro de la gran hidroelectricidad (en un país tan dependiente de ella como Colombia), la eólica marina y el hidrógeno verde y azul.
Además, hace un balance del 2021. ¿Qué expectativas tienen desde SER Colombia para este 2022 y cuál es la agenda qué más les interesa que se desarrolle? Para 2022 vemos que, con el avance en el desarrollo e iniciación de nuevos proyectos, se tendrá una gran actividad en el montaje de grandes iniciativas.
Se va a continuar con el avance que se ha tenido en el sector de las energías renovables.
Esperamos que sea un buen año, sigamos avanzando y fortalecimiento nuestro sector bajo la misma línea en la que se ha trabajado en materia de transformación energética.
Somos optimistas. Podría desarrollarse en 2022 una nueva subasta de renovables.
De ser así, ¿qué observaciones hacen desde SER Colombia? Sobre una nueva subasta de renovables, nosotros siempre consideramos que éste es un mecanismo positivo que impulsa la entrada de energías renovables no convencionales al país.
El Gobierno ha planteado que es partidario de una subasta en el año 2022; si se logra, bienvenida.
Vemos un poco difícil por los tiempos para definir pliegos y peticiones antes del cambio de Gobierno. Por otra parte, se vienen subastas de privados, cómo la que está desarrollando Air-e, y mecanismos para la contratación entre privados, como los que habilita la CREG y fueron presentados por Derivex y la Bolsa Mercantil. ¿Qué opinión tiene SER Colombia sobre estas iniciativas? Sobre las subastas privadas que ha habido; Air-e está desarrollando una.
Esta es una forma de que las empresas comercializadoras contraten energía a largo plazo; todos estos mecanismos son positivos.
La Bolsa Mercantil está en este momento en análisis de la Superintendencia Financiera; esperamos sea aprobada porque resulta ser un mecanismo idóneo para financiar proyectos. En Chile se está hablando que apostar por la gran hidroelectricidad no es conveniente, dado que se vienen años de sequía por delante debido al cambio climático. ¿Cree que, más allá de Hidroituango, apostar por esta tecnología sigue siendo conveniente en Colombia? Colombia es un país que cuenta con un 70% de hidroelectricidad en su matriz energética.
El hecho de que Hidroituango haya sufrido un colapso de sus túneles dificulta desde el punto de vista práctico el desarrollo de proyectos de este tipo a gran tamaño.
Las pequeñas centrales hidroeléctricas presentan en cambio un potencial enorme y contribuyen a la confiabilidad en el sistema. ¿Qué opinión le merece al desarrollo de la eólica marina (off shore)? ¿Cree que el futuro cercano de la eólica en Colombia pasará por ahí y no tanto en la on shore teniendo en cuenta la cantidad de permisos que se requieren para avanzar con proyectos? Colombia cuenta con un potencial interesante en la costa atlántica frente al desarrollo de proyectos de eólica marina.
Pero hace falta todavía que bajen un poco los costos.
Hace falta también la normativa ambiental: definir procedimientos y servicios que se requieren en las áreas marinas.
Hay que analizar cuáles son los procedimientos y facilitar los mecanismos.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo para trazar la Hoja de Ruta, pero creo que todavía hacen falta unos ocho o diez años para el desarrollo pleno de esta tecnología en el país. ¿Qué opinión le merece los proyectos de hidrógeno verde y azul? Nosotros somos mucho más amigos del hidrógeno verde; ambientalmente es mejor, es además una posibilidad para el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable no convencional.
Esta es una alternativa para el país; tenemos las fuentes y los recursos.
El hidrógeno es una alternativa de futuro que aportará a la movilidad y otros usos.
Sin lugar a dudas, Colombia podría convertirse en un productor para el uso interno y exportaciones a nivel global.
La Hoja de Ruta que hizo el Gobierno plantea hacia el 2030 tener unas dos o tres gigas equivalentes instaladas.
Esto lo vemos con buenos ojos y optimismo. ¿Cuáles cree que han sido los hitos más importantes en este 2021 en materia energética y qué balance hace al respecto? El 2021 fue un año de hechos importantes en materia de energías renovables.
En primer lugar, se aprobó la Ley 2099 que de alguna manera reforzó lo avanzado en la Ley 1715; incluyó al hidrógeno verde y azul como fuentes no renovables de energía, otorgó beneficios tributarios e incentivos para la eficiencia energética, e hizo todo un desarrollo normativo para la geotermia.
Estos son avances importantes.
En 2021 también se presentó la tercera subasta de energías renovables en Colombia.
Se adjudicaron 11 proyectos solares (por 796,3 MW), indispensables para la transformación de la matriz enérgica.
En materia de desarrollo normativo, la resolución 075 dio un vuelco a todo el proceso de conexión de proyectos nuevos a la red, creando una ventanilla única que va a manejar la UPME, definiendo el papel de los diferentes operadores de red y transportadores.
También se establecieron plazos para los proponentes y se definieron garantías altas que funcionan como barrera para quien acceda o quiera obtener la reconexión.