Paraguay discute una nueva arquitectura para ordenar su mercado energético. Frente al Ente Regulador de Energía (ERE) planteado por el Viceministerio de Minas y Energía (VMME), una propuesta sectorial impulsa un organismo con cinco directores, perfiles especializados y mayores contrapesos sobre las designaciones del Poder Ejecutivo.
“La idea es que el ente regulador sea independiente a los intereses particulares de todas las instituciones ligadas al sector energético en Paraguay”, indicó Francisco Escudero, ingeniero consultor de temas energéticos y proyectos y miembro del Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico (IPPSE), quien elaboró una propuesta sectorial.
“Establecer toda una nueva estructura toma tiempo para que funcione, para que efectivamente pueda producir resultados”, agregó.
El cambio llega en un momento crítico para la planificación del sistema. La demanda se aproxima durante el próximo quinquenio a la oferta disponible de las centrales binacionales, mientras casi 1,3 GW de contratos firmes de criptominería permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027.
A ese volumen se agregan solicitudes para data centers y emprendimientos de hidrógeno verde, amoníaco, fertilizantes verdes y e-fuels, por lo que los pedidos superan ampliamente la oferta disponible en los próximos años.
Incluso, las estimaciones compartidas indican que Paraguay podría necesitar hasta 800 MW adicionales para abastecer el consumo y la incorporación de nuevos emprendimientos industriales. ANDE prevé, a su vez, una expansión de 400 a 500 MW por año y busca establecer convocatorias sucesivas para sumar capacidad renovable.
La discusión institucional tomó impulso dentro de la sub-mesa eléctrica convocada por el Gobierno, donde ingresaron dos proyectos: la creación del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos y la conformación del nuevo ente regulador.
El borrador oficial contempla una entidad autónoma y autárquica dirigida por tres miembros titulares y tres suplentes. Los candidatos surgirían de un concurso público de oposición, con ternas y posterior designación del Presidente de la República por decreto.
“El propio proyecto establece que el Poder Ejecutivo establecerá una nómina de tres directores para regir el Ente Regulador. Y ahí ya se vislumbra que no hay independencia, sino interferencia del Poder Ejecutivo”, sostuvo el especialista.
La alternativa, denominada Ente Regulador Energético del Paraguay (EREP), amplía el directorio a cinco integrantes y establece perfiles para dirección, redes y calidad del servicio, tarifas y finanzas, regulación jurídica y una especialidad multidisciplinaria, con 15 años de experiencia mínima.
La selección partiría de un concurso nacional y una evaluación de capacidades a cargo de una comisión independiente. Las ternas serían públicas y la designación presidencial requeriría acuerdo constitucional del Senado.
También difieren los mandatos. El texto del VMME establece seis años, con renovación escalonada de un miembro cada dos años y posibilidad de una reelección. Mientras que el esquema alternativo propone cinco años y recambios desvinculados del período presidencial.
Asimismo, la estructura operativa también cambia. El ERE oficial tendría cuatro gerencias: Electricidad y Renovables; Hidrocarburos, Gases e Hidrógeno; Biomasa y Biocombustibles; y Calidad y Protección al Usuario.
El EREP se organizaría mediante tres superintendencias, correspondientes a Electricidad, Hidrocarburos y Combustibles, y Energías Renovables y Nuevas Tecnologías, acompañadas por cinco direcciones transversales para tarifas y mercados, asuntos jurídicos, protección al usuario, estudios regulatorios y auditoría y transparencia.
ANDE y Petropar quedarían fuera de cualquier instancia decisoria con voto por su condición de agentes sujetos a fiscalización, aunque podrían intervenir técnicamente.
El planteamiento suma un Consejo Consultivo Energético Nacional de alrededor de 15 integrantes provenientes de la academia, organismos públicos, compañías y sociedad civil, con voz pero sin capacidad resolutiva. “Porque los sectores van a tener intereses”, puntualizó el miembro del IPPSE.
El nuevo marco se discute después de otros intentos de reorganizar la institucionalidad energética. El Ejecutivo buscó el año pasado trasladar el Viceministerio de Minas y Energía, actualmente dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, hacia el Ministerio de Industria y Comercio, pero la iniciativa no prosperó.
A ello se sumaron cinco decretos durante este año vinculados con políticas tarifarias para nuevas industrias, incluidos consumidores convergentes y Power-to-X. Los primeros cuatro terminaron quedando sin efecto tras cuestionamientos de gremios, ANDE, sociedad civil y otros actores.
El rediseño regulatorio, sin embargo, tendrá efectos de mediano y largo plazo y no sustituye la necesidad de incorporar potencia.
Licitaciones en paralelo a la reforma
Uno de los primeros proyectos pensados para abastecer el crecimiento de la demanda es la central solar utility scale de 140 MW en Loma Plata, en el Chaco Central. Su construcción y montaje electromecánico se proyectan entre 2027 y 2028, con entrada en operación comercial prevista para 2029.
El contrato alcanzaría un máximo de 30 años, incluyendo un año y medio de construcción, 27 años de operación y mantenimiento y seis meses para el desmantelamiento.
Por lo que, para el entrevistado, el desafío inmediato pasa por ejecutar los planes de expansión existentes mientras se construye la nueva institucionalidad: “La urgencia es que los planes sectoriales existen, hay necesidad de agregar generación, hay necesidad de diversificar la matriz, estos planes están hechos y hay que tomar decisiones urgentes”.
La estrategia contempla aprovechar los nuevos marcos legales para avanzar con licitaciones públicas internacionales de renovables no convencionales, hidroeléctricas e incluso generación térmica, sin esperar a que finalice todo el proceso de reorganización.
El especialista propone “empezar a hacer un programa fast track, establecer un comité ejecutivo que coordine, que trabaje en paralelo, que establezca una hoja de ruta de corto medio largo plazo” y lanzar las convocatorias mientras continúa el trabajo regulatorio.
El ingreso de nueva potencia también ampliará la cantidad de participantes. Además de grandes consumidores, el mercado podría incorporar productores independientes, autogeneradores, cogeneradores, exportadores y desarrolladores adjudicados mediante licitaciones de ANDE.
Ese escenario refuerza la necesidad de separar las funciones regulatorias de los intereses de operadores públicos, privados y del propio poder político, pero sin postergar las decisiones de inversión requeridas por el sistema.
“Porque el gobierno cree que con esta estructuración resuelve el problema de una posible crisis energética que se pueda dar en el siguiente quinquenio, y nosotros creemos desde el IPSE que primero hay que atacar lo urgente”, remarcó Escudero.
“Ya que hay planes, ejecutemos esos planes en el menor tiempo posible y, en paralelo, trabajamos en la reestructuración y modernización del sector regulatorio eléctrico paraguayo y energético en general”, concluyó.