Perú avanza en una nueva arquitectura para planificar el desarrollo de todo su sector energético a pocos días del cambio de Gobierno. El proyecto de Decreto Supremo establece las condiciones, etapas y plazos con los que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) deberá proyectar la oferta, la demanda, las inversiones y los riesgos del sistema nacional.
La iniciativa aparece en un momento político determinante. Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, tras recibir las credenciales como mandataria electa, pero todavía no ha anunciado quién conducirá el Ministerio de Energía y Minas.
Por lo tanto, la futura administración podría recibir una estructura de planificación ya delineada, aunque el documento analizado todavía corresponde a un proyecto de Decreto Supremo y no presenta número ni fecha de promulgación. El texto dispone que la norma entrará en vigor 30 días calendario después de su publicación en el diario oficial El Peruano.
El principal cambio consiste en integrar bajo una misma visión de largo plazo las decisiones sobre electricidad, hidrocarburos, gas natural, energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde. Hasta ahora, estos segmentos se desarrollaron mediante políticas, planes y regulaciones con distintos alcances y temporalidades.
La norma propone superar esa fragmentación mediante un Plan Energético Integrado Nacional de Largo Plazo, que deberá contener escenarios y prospectivas técnicas y económicas para orientar el crecimiento del sector y preservar la seguridad del abastecimiento.
Renovables e hidrocarburos compartirán la hoja de ruta
La planificación deberá estudiar distintos escenarios de evolución económica, poblacional y tecnológica. También incorporará el cambio climático, la electrificación de los consumos, los intercambios internacionales, la infraestructura disponible y los riesgos que puedan afectar el suministro.
El objetivo será optimizar la expansión de la oferta bajo criterios de seguridad energética, flexibilidad, confiabilidad y eficiencia. El documento también establece la necesidad de priorizar el mínimo costo total del sistema y maximizar el beneficio económico neto para la sociedad.
Sin embargo, la iniciativa no plantea una sustitución inmediata de los combustibles fósiles. El texto reconoce expresamente la coexistencia y complementariedad de las fuentes renovables y no renovables en la matriz peruana.
En ese esquema, los hidrocarburos conservarán un papel como fuente de respaldo y seguridad. La transición deberá realizarse de forma gradual, ordenada y sin afectar la competitividad económica ni la continuidad del abastecimiento.
Esta definición será especialmente relevante para el próximo gabinete. El nuevo titular del MINEM deberá establecer qué participación tendrán el gas natural y los hidrocarburos frente al crecimiento de la generación solar y eólica, así como definir el papel del almacenamiento, la transmisión y la gestión de la demanda.
El país cuenta con una cartera anunciada de 13 proyectos solares por aproximadamente 2.400 MW, cuyo desarrollo podría contribuir a diversificar el suministro. Ese volumen, sin embargo, necesitará capacidad de conexión, contratos y flexibilidad operativa para integrarse al sistema eléctrico.
La planificación también se cruzará con la implementación de la Ley 32249, que introduce modificaciones en el mercado eléctrico y busca ampliar la competencia mediante nuevas reglas para la contratación del suministro.
Los puntos claves del decreto
El MINEM podrá solicitar información a todas las personas naturales o jurídicas vinculadas con el sector energético. Los agentes deberán responder en un plazo de 60 días calendario, contado desde el día siguiente a la recepción del requerimiento.
Entre los datos exigibles figuran las proyecciones macroeconómicas, precios de la energía, variables demográficas, factores ambientales, tecnologías, planes de inversión, proyectos de expansión y reservas probadas, probables y posibles de hidrocarburos.
Además, las industrias intensivas en consumo podrán tener que informar sus previsiones de demanda y estimaciones sobre la concreción de sus inversiones. El objetivo será construir escenarios con información más detallada que la disponible en estadísticas públicas.
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Otro componente central es la creación de la Plataforma Digital de Planificación Energética Integrada Nacional (PDPEN). La herramienta reunirá bases de datos, modelos, programas, procedimientos y lineamientos utilizados para elaborar proyecciones y estadísticas.
La plataforma permitirá formular escenarios, calcular la demanda futura, evaluar la expansión de la oferta y presentar resultados mediante reportes interactivos, gráficos, filtros y mapas georreferenciados.
El MINEM tendrá un plazo máximo de 180 días calendario para desarrollar e implementar la plataforma, contado desde la publicación del reglamento. Asimismo, dispondrá de hasta 90 días para aprobar mediante Resolución Ministerial el procedimiento operativo de la planificación.
Un plan con horizonte de hasta 30 años
El Plan Energético Integrado Nacional se elaborará cada cuatro años y contemplará un horizonte máximo de 30 años. El MINEM podrá iniciar su actualización antes del vencimiento de ese período cuando surjan cambios tecnológicos, económicos, regulatorios o de demanda que justifiquen una revisión anticipada.
Los planes específicos —entre ellos los vinculados con renovables, hidrógeno verde, eficiencia, gas natural e hidrocarburos líquidos— también se desarrollarán cada cuatro años, aunque podrán someterse a revisiones en plazos menores.
A su vez, los reportes de actualización y seguimiento se elaborarán anualmente, mientras que el Balance Nacional de Energía tendrá una periodicidad de un año y el Balance de Energía Útil se actualizará cada seis años o cuando resulte necesario evaluar transformaciones tecnológicas y políticas de consumo.
La hoja de ruta que recibirá el próximo Gobierno
La oportunidad política del decreto le otorga una dimensión adicional. La administración saliente busca formalizar un mecanismo que atraviese distintos períodos presidenciales y reduzca la dependencia de decisiones coyunturales.
Fujimori recibirá un sector con proyectos renovables en desarrollo, reformas eléctricas todavía incompletas y debates pendientes sobre transmisión, competencia, gas natural, seguridad energética e hidrógeno verde. La identidad del próximo ministro o ministra será decisiva para determinar qué peso tendrá cada tecnología.
A esta agenda se suma la implementación de la Ley 32249, publicada en enero de 2025 para modernizar el mercado eléctrico y facilitar una mayor competencia entre tecnologías. No obstante, su aplicación continúa condicionada por la demora de los instrumentos reglamentarios necesarios para trasladar la reforma al funcionamiento efectivo del sistema.
Aunque el Ejecutivo avanzó con uno de los desarrollos normativos, todavía faltan tres reglamentos definitivos. Entre ellos se encuentra el correspondiente a servicios complementarios, cuyo borrador ya fue presentado, además de otros dos instrumentos requeridos para completar la implementación de la ley.
Esta demora mantiene en incertidumbre aspectos centrales para la incorporación de generación solar y eólica, como la contratación de flexibilidad, reservas, regulación de frecuencia y otros servicios indispensables para operar una matriz con una participación creciente de recursos variables.
De acuerdo con actores de la industria consultados previamente por Energía Estratégica, existe una cartera renovable estimada en alrededor de 12.000 millones de dólares que permanece a la espera de señales regulatorias más claras. El sector también observa con atención la posibilidad de que se convoquen nuevas licitaciones de suministro durante 2026, aunque su concreción dependerá de la reglamentación, del diseño de los procesos y de las decisiones que adopte la próxima gestión.
Durante la campaña electoral, Fujimori planteó una orientación favorable a la inversión privada, la seguridad jurídica y el aprovechamiento de los recursos energéticos para ampliar la cobertura y sostener el crecimiento económico. Sin embargo, las propuestas específicas para acelerar las renovables ocuparon un espacio acotado frente a otros asuntos de la agenda política.
Esa falta de centralidad generó cuestionamientos dentro de la industria. Referentes renovables advirtieron que la política peruana continúa abordando la transición energética “de espaldas” al potencial de inversión disponible, pese al volumen de proyectos en cartera y a la necesidad de diversificar una matriz expuesta a riesgos hidrológicos, restricciones de infraestructura y mayores exigencias de seguridad energética.
La administración de Fujimori deberá articular dos niveles que hasta ahora avanzan a velocidades diferentes: una planificación energética integrada con horizonte de hasta 30 años y una reforma eléctrica inmediata que aún espera reglamentos definitivos.