Después de meses de incertidumbre regulatoria y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para responder a futuros episodios de estrés energético, Colombia finalmente logró adjudicar 4069,7 MW a su quinta subasta de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del Cargo por Confiabilidad, de los cuales 1792,9 MW fueron para renovables.
Sin embargo, el desenlace también dejó expuesta una contradicción política, a pesar que se asignaron compromisos suficientes para cubrir la demanda objetivo.
La tensión escaló rápidamente cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la aprobación de una planta térmica a gas, apuntando directamente a su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en una señal que dejó en evidencia fisuras internas dentro del Ejecutivo.
El propio Palma respondió y defendió el proceso, asegurando que los resultados son positivos para la seguridad energética del país hacia el próximo periodo de abastecimiento.
Fuentes cercanas al sector aseguran que el malestar presidencial no se limitó al plano público (propias del calendario electoral del 31 de mayo), sino que incluyó cuestionamientos internos por el resultado del proceso.
¿Qué dejó la subasta?
Las energías renovables no convencionales (ERNC) lograron una participación significativa en términos de capacidad instalada, ya que se adjudicaron 31 proyectos solares y eólicos por casi 1800 MW, lo que representa cerca del 45% de toda la potencia asignada en la convocatoria, que totalizó algo más de 4 GW considerando también hidroeléctricas y térmicas.
Seguir leyendo
Mientras que los compromisos adjudicados, que en algunos casos se extienden hasta 2049, bajo un total de más de 4 GW de potencia si también se considera también hidroeléctricas y térmicas.
Sin embargo, el costado más conflictivo es político y conceptual, debido a que el componente renovable fue significativo en términos de megavatios adjudicados y la foto cambia cuando se analiza la energía firme efectivamente comprometida.
El mecanismo asignó alrededor de 143 GWh/día, pero la contribución solar representa apenas cerca del 8% de ese total, mientras que la eólica prácticamente no tiene peso dentro de la energía firme adjudicada.
Ese dato explica parte del conflicto: las renovables ganan protagonismo en capacidad instalada, pero la confiabilidad del sistema sigue descansando mayoritariamente en tecnologías firmes tradicionales.
Ahí aparece una tensión estructural que excede esta subasta: el sistema puede necesitar respaldo firme mientras la penetración renovable variable sigue creciendo, pero políticamente ese argumento choca con un discurso que busca acelerar la salida de combustibles fósiles.
El episodio se agravó con la polémica alrededor del proyecto asociado a Nencol y Termoinduenergy, que detonó cuestionamientos políticos adicionales. Según la investigación periodística conocida en Colombia, el proyecto quedó en el centro de la discusión tras las críticas presidenciales y la posterior defensa institucional del mecanismo de adjudicación.
El episodio también dejó expuesto que la controversia podría exceder lo estrictamente energético. En el mercado, algunas fuentes consultadas interpretan que detrás del malestar político también aparecen tensiones propias del calendario electoral del 31 de mayo y cuestionamientos sobre la cercanía de actores vinculados al proyecto adjudicado con sectores próximos a la campaña de Iván Cepeda.
Desde el Ministerio insistieron en que el proceso responde a parámetros técnicos automatizados y no a decisiones discrecionales.
En definitiva, Colombia consiguió destrabar una subasta clave para el sistema eléctrico, pero el precio político de ese avance podría trasladarse a futuras decisiones regulatorias.