"El temor de las distribuidoras por la masificación de las energías renovables no se justifica si estas son eficientes", declaró José Ramon Acosta Pujols, exdirector de Regulación y director de Mercado Eléctrico Minorista de la Superintendencia de Electricidad; actual presidente de la Junta de directores de FLORESTA Incorporada y tesorero de la Junta Directiva de PRONATURA. En conversación con Energía Estratégica, el experto del sector eléctrico dominicano consideró que si bien en estos momentos un aumento significativo de la generación distribuida podría perjudicar a las empresas distribuidoras esto sólo sería así por cómo están concebidas ahora esas empresas. En tal sentido sostuvo que su privatización efectiva prepararía el terreno para un mayor despliegue de techos solares ya que, aunque podría disminuir la tasa de crecimiento de la demanda por la incorporación de prosumidores, distribuidoras con la suficiente expertise podrían seguir operando con rentabilidad. Y no pasaría sólo por cobrar o no un peaje por distribución a quienes usen las redes sino por operar de manera eficiente el sistema, realizando las inversiones necesarias que aseguren mejoras que repercutan positivamente a todos los actores del sector. Las mejoras en la calidad del servicio son contempladas en la Ley General de la Reforma Pública 141-97 y la Ley General de Electricidad 125-01, las cuales suponen que las empresas distribuidoras son operadas y administradas por el sector privado bajo concesiones. Si bien en la práctica el funcionamiento, organización y registro de las distribuidoras sería tal; Edesur, Edenorte y Edeeste aún son propiedad del Estado dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). Al respecto, José Ramon Acosta Pujols consideró: "Empresas privadas con experiencia en administración de la distribución de energía eléctrica harían un magnífico trabajo en República Dominicana.
Mucho mejor que el Estado que su visión y su misión no es operar empresas sino regularlas y fiscalizarlas para que sean eficientes". Y justificó: "Con empresas privadas nos aseguramos una mejor calidad del servicio, porque preferirán invertir en aquellas cosas que podrían provocar una interrupción del servicio para evitarlas antes que pagar compensaciones.
Así el servicio mejoraría notablemente. Las pérdidas de las empresas distribuidoras eléctricas rondarían el 30% en promedio, siendo Edeeste la más comprometida con casi un 50%, según declaraciones efectuadas por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte el año pasado. Y aunque la situación de las distribuidoras esté mejorando, una reducción significativa de las pérdidas podría darse -desde la óptica de Acosta Pujols- seleccionando a una empresa capaz de llevar a cabo un trabajo más eficiente, aunque este lleve su tiempo. "Está previsto en la Ley y ojalá el Gobierno tome la decisión de licitarlas cuanto antes porque el proceso de elegir una compañía con experiencia en distribución puede demorar.
Fundamentalmente porque deberán corregir los huecos y debilidades que tuvieron los primeros contratos de concesión, de modo tal que este segundo intento resulte exitoso en cuatro a seis años", señaló Acosta Pujols. En la consideración de este experto del sector eléctrico existirían empresas privadas interesadas en administrar las distribuidoras de República Dominicana y la normativa actual les daría una mayor certeza con la que antes no contaban. En concreto, aseguró que esa variable que favorece la privatización es el proceso de emisión de una nueva tarifa de transición que en un periodo de 4 a 6 años llegaría a ser una tarifa técnica, lo que le garantiza a los potenciales interesados en adquirir una concesión que van a recuperar su inversión y podrán continuar el negocio. "Hay algunos grupos que se oponen a la privatización de las distribuidoras con el argumento de que el sector privado aumentará las cobranzas para recuperar su inversión, buscando su propio interés y no el nacional citando algunas debilidades de los contratos". "Estoy de acuerdo en que existen debilidades en los contratos pero estos se pueden revisar oportunamente para que bajo nuevas condiciones las empresas que reciban la concesión de las distribuidoras respondan a los intereses del país", expresó Acosta Pujols. Y es que esta decisión del Gobierno acarrearía algunos efectos que pueden considerarse negativos para la estructura de las empresas en la actualidad y la continuidad de su personal. "Las empresas distribuidoras tienen posiblemente más del doble del personal que se requiere.
Una empresa privada está llamada a corregir esas ineficiencias administrativas.
De hecho el Pacto Eléctrico prevé que los gastos de operación que están por encima del 20% se reduzcan al 10%, eso supone una disminución del personal además de una reducción de pérdidas comerciales", concluyó el referente consultado.