El rediseño del cargo por confiabilidad en Colombia, aprobado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ha provocado una fuerte reacción en la industria de las energías renovables.
La Resolución CREG 101-066 de 2024 fijó un precio de escasez inferior para renovables de $359 COP/kWh, frente al valor previo cercano a $945 COP/kWh, y estableció un precio superior para plantas termoeléctricas. "El precio de escasez no es un precio para regular el mercado, es una señal de alarma ante una potencial amenaza de escasez de energía", afirmó Manuel Gómez Fajardo, director de Energía e Industrias Reguladas de Cuatrecasas. En diálogo con Energía Estratégica, el abogado reconoce que las distintas tecnologías tienen firmezas distintas (ENFIC), pero sostiene que el umbral de activación de sus obligaciones debería ser el mismo porque "no es conveniente". La reducción del precio para las renovables implica que, en escenarios críticos, deban despachar energía a un valor un 62% inferior al que tenían antes de la reforma.
Esto aumenta la exposición financiera de los proyectos, especialmente los de gran escala, que dependen de ingresos complementarios para cerrar sus modelos financieros. Según Gómez Fajardo, el nuevo esquema eleva el riesgo de participar en subastas y mecanismos voluntarios para obtener el cargo por confiabilidad, lo que llevará a que algunos desarrolladores exijan primas mucho más altas o directamente se retiren. Para resolverlo sugirió tres acciones concretas para corregir el rumbo.
La primera es restablecer un precio único de activación para todas las tecnologías, garantizando competencia en igualdad de condiciones. También propone definir el precio de escasez con criterios técnicos, desligándolo de referencias como el carbón, y aplicar mecanismos de transición que eviten un impacto abrupto y permitan a los agentes adaptarse gradualmente. Riesgo de retroceso en la escala de proyectos La última subasta fue voluntaria, por lo que los efectos plenos aún no se han visto.
Sin embargo, a futuro la participación será obligatoria. Son 70 los proyectos de mediana y gran escala, con una potencia combinada de 1⬯.871⬯MW, que están en el sistema y son factibles de entrar en la próxima subasta.
La mayoría son solares.
Esto demuestra un interés real y volumen relevante que podría movilizarse, siempre que las condiciones regulatorias sean atractivas. Sin embargo, Gómez Fajardo advierte: "Muchos preferirán no hacer proyectos de gran escala y volveremos a desarrollos por debajo de los 20 MW.
Esto significaría un retroceso significativo, teniendo en cuenta que antes de 2019 el mercado colombiano estaba dominado por plantas solares y eólicas de menor tamaño, debido a la falta de incentivos regulatorios para grandes instalaciones. El sector considera que, además de revisar los valores, es necesario recuperar la confianza regulatoria.
La propia CREG evaluó en un borrador elevar el precio inferior a $540 COP/kWh, lo que habría reducido parcialmente el impacto negativo, pero este fue archivado. Para Gómez Fajardo, más allá de la cifra, el desafío es que el regulador transmita una señal clara: "Lo que está en juego no es solo el precio, sino la señal que se le da al mercado para que amplíe la capacidad renovable del país.