El avance de las energías renovables en Puerto Rico enfrentó un escenario político y económico adverso, marcado por retrocesos en políticas públicas, incertidumbre regulatoria y presiones desde diversos sectores.
Así lo advirtió Ramón Luis Nieves, Managing Member de RL Legal & Consulting Services, LLC y exsenador de San Juan, quien sostuvo que el modelo de transición energética está siendo erosionado.
"El principal desafío tiene que ver con los ataques a la energía renovable por razones políticas e intereses económicos", manifestó Nieves.
Entre los factores que mencionó, destacó el giro impulsado por el expresidente Donald Trump y la actual administración de Jennifer González en Puerto Rico, quienes revirtieron las políticas pro-renovables de sus predecesores.
En lugar de avanzar hacia un sistema más limpio, el enfoque actual promovió la integración de combustibles fósiles, con especial énfasis en el gas natural.
"El énfasis de política pública en la integración de renovables ha quedado en segundo plano", subrayó el exsenador.
A nivel federal, los recortes en financiamiento también impactaron negativamente.
Según Nieves, el "One Big Beautiful Bill" aprobado por el Congreso derivó en la cancelación de múltiples asignaciones dirigidas a proyectos renovables en comunidades de ingresos bajos.
A esto se sumó la reciente quiebra de la empresa Sunnova, que ofrecía apoyo financiero a clientes del sector solar en Puerto Rico.
En paralelo, la política tarifaria hacia los prosumidores también estuvo en disputa.
Nieves advirtió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), históricamente opositora a las renovables, junto con LUMA y la Junta de Supervisión Fiscal, promovieron una revisión que podría reducir la compensación por medición neta.
"Estábamos pendientes a posibles cambios en la compensación de los clientes futuros de medición neta, indicó Nieves.
Desde su perspectiva, los ataques no provinieron únicamente de sectores conservadores.
También criticó a sectores autodenominados progresistas que se opusieron a los proyectos renovables a gran escala, especialmente aquellos gestionados por empresas privadas mediante Power Purchase Agreements (PPA) con la AEE.
"Los ataques a las renovables desde la derecha y desde la izquierda política terminaron privilegiando a los promotores de los combustibles fósiles, aseguró.
Pese a las tensiones, Nieves defendió una visión inclusiva para las energías limpias:
"Creí en la integración masiva y responsable de renovables, venga de los techos, o de proyectos a gran escala, afirmó.
Puerto Rico registró un crecimiento sin precedentes en generación distribuida, especialmente en sistemas solares en techos.
Según Nieves, antes del huracán María en 2017, había unos 9.000 abonados con medición neta.
Hoy, esa cifra supera los 180000 usuarios.
"Puerto Rico continuó un ritmo impresionante de crecimiento en la adopción de renovables en los techos, destacó.
La evolución del modelo de negocio llevó a que la mayoría de estos sistemas incluyeran baterías integradas, lo que favoreció también el desarrollo del almacenamiento a gran escala, una de las metas estratégicas del gobierno local.
"Puerto Rico debió ser una de las jurisdicciones de mayor crecimiento en el mundo en solar y almacenamiento, sostuvo el consultor.
En cuanto a nuevas tecnologías, el país comenzó a explorar el hidrógeno verde.
Nieves mencionó la aprobación de la Ley 92-2025, que reconoció al hidrógeno verde como fuente renovable alterna.
Además, se autorizó la construcción de una planta de gas natural que podría operar, en parte, a base de este vector energético.
Desde el plano normativo, hubo dos temas clave en discusión ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR): la revisión tarifaria y el nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR).
Ambos procesos podrían definir el rumbo del sistema eléctrico en los próximos años.
Otro punto crítico fue la judicialización de la Ley 10-2024, que extendió el periodo en el cual no puede modificarse la compensación por medición neta.
Su posible anulación reabriría el proceso para revisar las tarifas a los prosumidores.
"La medición neta fue el instrumento más importante para que hayamos logrado la integración masiva de renovables en los techos, remarcó Nieves.
En materia de expansión del sistema, el gobierno abrió una licitación para incorporar 800 MW de generación temporera.
Aunque inicialmente se planteó como una solución para el pico de demanda durante el verano, posteriormente se justificó para permitir el mantenimiento de unidades de la AEE y de operadores privados.
Al momento de la entrevista, el proceso no había sido adjudicado.
Además, persistió la incertidumbre en torno a la quiebra de la AEE.
Nieves destacó que la reciente decisión del expresidente Trump de remover a casi todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal podría modificar el curso del proceso.
Se esperaba que nuevos miembros alineados con los intereses de los bonistas impulsaran un mayor recobro para los fondos buitres, lo que complicaría aún más la resolución de la deuda.
Por último, el gobierno inició el proceso para cancelar el contrato con LUMA, operador del sistema de transmisión y distribución.
Sin embargo, Nieves advirtió que este proceso podría extenderse por meses o años, y su desenlace era todavía incierto.
"Fue muy temprano para conocer cuál sería su desenlace, concluyó.