La reforma eléctrica de Panamá todavía necesita incorporar reglas para remunerar los sistemas de almacenamiento, habilitar agregadores de energía y desarrollar mercados locales que amplíen las oportunidades de inversión. Estos son algunos de los cambios que reclama Rosilena Lindo Riggs, exsecretaria nacional de Energía y actual COO de Rosedan Energy Consulting, ante el avance del Proyecto de Ley 705 en la Asamblea Nacional.
En diálogo con Energía Estratégica, la especialista sostuvo que la propuesta, orientada a fortalecer la fiscalización y mejorar la calidad del suministro, no contempla transformaciones suficientes para acompañar la transición energética.
“Su alcance continúa enfocado predominantemente en la corrección de fallas del servicio de distribución y en la recaptura de rentas económicas, dejando pendientes reformas de fondo hacia la modernización del sistema”, afirmó.
La iniciativa, que modifica la Ley 6 de 1997, fue aprobada en primer debate el 6 de octubre, después de que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos analizara alrededor de 115 propuestas de modificación. Su tratamiento en segundo debate continúa pendiente.
Entre los aspectos que deberían incorporarse, Lindo Riggs propuso el reconocimiento legal de las baterías como un servicio complementario independiente.
“El mercado eléctrico está urgido de contar con un régimen tarifario para la remuneración de potencia firme, control de frecuencia, flexibilidad y descongestión de líneas mediante baterías a gran escala”, señaló.
El planteamiento cobra relevancia en un sistema que, a agosto de 2026, contaba con 5107,29 MW de capacidad instalada, de los cuales 770,65 MW correspondían a generación fotovoltaica y 336 MW a parques eólicos, según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Ambas tecnologías representaban el 21,67% de la potencia nacional.
La exfuncionaria también propuso incorporar agregadores virtuales y esquemas avanzados de respuesta a la demanda, además de implementar sandboxes regulatorios para probar nuevas modalidades de contratación y cargos por uso de red.
“Esto fomentaría la diversificación y bancabilidad más allá de las licitaciones tradicionales, además de aportar a la descongestión del sistema principal de transmisión”, explicó.
Otro componente de su propuesta es facilitar la integración de recursos distribuidos y la creación de comunidades energéticas.
En este segmento, Panamá registra una expansión significativa. De acuerdo con la ASEP, el autoconsumo fotovoltaico superó los 207 MW en marzo de 2026, con 7654 clientes incorporados, frente a apenas 4 MW registrados en 2015.
Seguridad jurídica y límites a la generación
Aunque la reforma busca preservar los períodos contractuales vigentes hasta octubre de 2028, Lindo Riggs identificó riesgos asociados al reconocimiento de las inversiones realizadas por las distribuidoras.
En particular, mencionó las modificaciones al artículo 101, que introducen criterios sobre activos útiles y efectivamente utilizados, junto con metas regulatorias de pérdidas no trasladables.
“Este artículo requiere contar con criterios de prudencia técnica blindados metodológicamente antes de los períodos tarifarios, para que no haya un desalineamiento entre el CAPEX ejecutado y la base tarifaria reconocida”, sostuvo.
Otro punto de discusión es el límite del 30% para nuevas licencias y concesiones de generación, una medida orientada a reducir la concentración y favorecer el ingreso de desarrolladores independientes y capitales medianos.
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Sin embargo, la exsecretaria advirtió que esta restricción “también podría frenar la expansión de actores con capacidad de financiamiento a escala y desincentivar posibles fusiones de proyectos”.
De esta manera, consideró necesario equilibrar las medidas de competencia con las condiciones que requieren las empresas para ampliar su participación y financiar desarrollos de mayor escala.
Quién debe financiar las nuevas redes
Otro de los planteamientos apunta al modelo utilizado para costear las mejoras de infraestructura, especialmente ante el crecimiento de grandes consumidores eléctricos.
El desafío también se refleja en las inversiones en transmisión. ETESA informó que la ampliación de capacidad de las líneas Veladero–Panamá I y II contempla más de B/.130 millones, dentro de su programa de fortalecimiento del sistema.
“El financiamiento de la modernización de la red eléctrica no puede seguir recayendo ciegamente sobre la tarifa volumétrica del usuario final regulado”, advirtió Lindo Riggs.
Para modificar ese esquema, propuso avanzar hacia tarifas dinámicas y créditos de red que reconozcan los aportes de los usuarios capaces de ofrecer flexibilidad o aliviar la carga de los transformadores.
“Hay que separar el cable del electrón”, sintetizó.
La especialista ejemplificó su planteamiento con las necesidades de infraestructura que podrían generar los centros de datos y otras actividades de alto consumo.
“Si una empresa requiere duplicar la capacidad de una subestación, ese activo no debe entrar a la base tarifaria general, sino considerarse como un activo de conexión dedicado financiado por el desarrollador privado y que lo pueda amortizar a largo plazo”, explicó.
También mencionó la posibilidad de utilizar fondos climáticos y aportes no reembolsables para cofinanciar redes inteligentes, sistemas avanzados de medición y digitalización, sin trasladar automáticamente esos costos a la tarifa regulada.
Las reformas estructurales que siguen pendientes
Lindo Riggs comparó el Proyecto 705 con una iniciativa legislativa de transición energética trabajada durante su gestión, que finalmente no llegó a presentarse.
“Creo que sería valioso para Panamá contar con un marco integral de almacenamiento y flexibilidad; separar las actividades de distribución y comercialización minorista de energía de manera gradual”, expresó.
Asimismo, consideró necesario “adaptar las reglas de despacho económico del Centro Nacional de Despacho para facilitar el incremento de una penetración superior de las fuentes renovables variables”.
Entre los asuntos pendientes identificó la simplificación de los trámites para desarrollar microrredes rurales sostenibles en comunidades sin acceso a electricidad y una mayor participación institucional de la Secretaría Nacional de Energía, mediante un asiento permanente en el Consejo de Gabinete.
La discusión legislativa abre así la posibilidad de incorporar instrumentos que no solo mejoren la prestación del servicio, sino que también establezcan nuevas condiciones para la participación de desarrolladores, proveedores tecnológicos e inversionistas en el mercado eléctrico panameño.
Por Emilia Lardizabal
Por Energía Estratégica
Por Florencia Guglielmetti
