A mediados de la semana próxima vence el plazo que concedió el Gobierno nacional a los proyectos adjudicados en la Fase 1 de la Ronda 2 del Programa RenovAr, según establece la Resolución 64 del entonces Ministerio de Energía.
Los emprendimientos de la Fase 2 cuentan con 20 días más, debido a que su adjudicación fue posterior.
Hasta el momento son 56 los proyectos de esta última licitación de energías renovables que han firmado sus respectivos contratos de abastecimiento de energía (PPA, por sus siglas en inglés).
Estos proyectos totalizan 1.158,403 MW de potencia.
De estos emprendimientos, 43 corresponden a los adjudicados en la Fase 1 y 13 a la Fase 2 -Descargar el Excel-. 
DESCARGAR EXCEL. Mientras tanto, existen 32 contratos, por 885 MW, que no han firmado sus respectivos contratos.
De estos, 23 fueron adjudicados durante la Fase 1 y 9 en la Fase 2. ¿Habrá una nueva prórroga de contratos? Fuentes allegadas a la Secretaría de Energía de la Nación sostienen que cabe esa posibilidad.
La principal razón por la que los adjudicatarios no firman sus contratos es por la dificultad que atraviesan en estructurar su cierre financiero.
El Gobierno exige un monto de garantía de cumplimiento del contrato de 250 mil dólares por cada MW de potencia al momento de firmar un acuerdo PPA, el cual podría perderse de no avanzar con la obra comprometida.
Para los abogados especialistas en energía José Carlos Cueva y Gonzalo Viña, ambos del estudio Beccar Varela, es posible que la Secretaría de Energía, precedida por Javier Iguacel, otorgue una nueva prórroga de la fecha límite de firmas de contratos, contemplando la inestabilidad económico-financiera del país.
No obstante, Cueva advierte que este tipo de flexibilizaciones podría impactar en procesos futuros.
"En la medida que los plazos de los contratos se van flexibilizando y se otorgan prórrogas para algunos proyectos, eso después repercute en todo el proceso porque todo empieza a tener que medirse con la misma vara", observa el especialista.
En la misma línea, Viña señala que estratégicamente "el Pliego debe ser cumplido tal como se dieron a conocer, en beneficio de la seguridad jurídica.
Si bien el abogado reconoce que el país no está atravesando por un buen momento para el avance de este tipo de proyectos, apunta: Ses muy difícil tomar a la Argentina actual como una situación de fuerza mayor porque si esto llegara a ser así, podría tomarse como un efecto multiplicador en todos los contratos de la obra pública en los distintos eslabones del estado, en lo nacional, provincial y hasta municipal".
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