Rumania activó un nuevo esquema de ayudas estatales de 150 millones de euros para impulsar la construcción de instalaciones autónomas de almacenamiento eléctrico en baterías, con el objetivo de poner en servicio una capacidad mínima conjunta de 2174 MWh.
La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 100% de los costes totales elegibles. Sin embargo, el importe solicitado tampoco podrá superar los 69000 euros por cada MWh de almacenamiento instalado, una variable que además será determinante para ordenar las propuestas.
La medida fue aprobada mediante la Orden 745 del Ministerio de Energía, publicada el 27 de julio de 2026 en el Boletín Oficial rumano, y contará con recursos no reembolsables procedentes del Fondo de Modernización. El programa permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.
El esquema estima beneficiar a alrededor de diez empresas, aunque la selección final dependerá del resultado de una licitación competitiva. Cada compañía podrá presentar uno o varios proyectos, pero no recibirá más de 15 millones de euros, independientemente del número de iniciativas aprobadas.
Según la Orden, el programa busca mejorar la adecuación, flexibilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional, facilitar la integración de fuentes renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Ministerio plantea que las baterías participen tanto en los mercados diario e intradiario como en los servicios de ajuste, balance y gestión de congestiones. También prevé que absorban excedentes cuando la producción sea elevada y devuelvan electricidad a la red durante periodos de mayor demanda.
Proyectos de al menos 1 MW y dos horas de duración
Solo podrán recibir financiación las nuevas instalaciones de almacenamiento stand-alone conectadas a las redes de transporte o distribución, con independencia del nivel de tensión del punto de conexión.
Cada proyecto deberá garantizar una potencia instalada mínima de 1 MW y cumplir una relación de al menos 2:1 entre capacidad y potencia. Esto significa que la batería tendrá que operar a su potencia máxima de carga o descarga durante un mínimo de dos horas.
Una instalación de 10 MW, por ejemplo, deberá acreditar al menos 20 MWh de capacidad para cumplir el requisito técnico. Aplicando el límite máximo establecido por la normativa, un proyecto de ese tamaño podría solicitar hasta 1,38 millones de euros, siempre que el importe no exceda sus costes elegibles.
La Orden define estas infraestructuras como instalaciones capaces de funcionar de forma “independiente/autónoma”, conectadas directamente a las líneas eléctricas y no vinculadas dentro del mismo proyecto a una central de generación.
Por ese motivo, quedan excluidos los proyectos híbridos que combinen producción renovable y almacenamiento. Tampoco podrán acceder las iniciativas destinadas a reemplazar sistemas antiguos, dado que el programa se limita a activos completamente nuevos.
El Ministerio también prohíbe financiar baterías basadas en plomo, níquel-cadmio o níquel-metal hidruro. Las inversiones tendrán que respetar, además, el principio europeo de “no causar un perjuicio significativo” al medioambiente.
La menor ayuda solicitada por MWh obtendrá la máxima puntuación
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El criterio económico central será el importe de ayuda solicitado por MWh instalado. La propuesta que reclame el menor subsidio unitario obtendrá 100 puntos, mientras que la que solicite el mayor importe recibirá cero. Las ofertas intermedias se puntuarán de manera lineal.
Este diseño busca que los promotores cubran una mayor proporción de la inversión con capital propio o financiación privada y que la subvención pública por unidad de almacenamiento sea lo más baja posible.
Tras la evaluación técnico-económica, las solicitudes se ordenarán de mayor a menor puntuación. Posteriormente se verificará su conformidad administrativa y el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, hasta agotar los 150 millones de euros disponibles.
En caso de que el presupuesto no se adjudique por completo en la primera convocatoria, el Ministerio organizará nuevas licitaciones competitivas por los fondos restantes.
Las solicitudes y su documentación deberán presentarse a través de la plataforma MySMIS 2021, utilizada para gestionar los recursos del Fondo de Modernización. La fecha de apertura de la convocatoria será anunciada en el sitio oficial del Ministerio de Energía rumano.
El programa está abierto a microempresas, pequeñas y medianas compañías, grandes corporaciones y sociedades de reciente creación, constituidas conforme a la legislación rumana o a la de otro Estado miembro de la Unión Europea.
Las empresas extranjeras deberán estar registradas en la Oficina Nacional del Registro Mercantil de Rumania antes de firmar el contrato de financiación. Las propuestas solo podrán presentarse individualmente, ya que no se admitirán asociaciones o consorcios.
Los solicitantes también tendrán que demostrar capacidad financiera. El ratio entre deuda total y fondos propios deberá ser positivo e inferior a 7,5 durante los dos últimos ejercicios financieros.
El almacenamiento se vuelve clave ante la expansión renovable
La Orden vincula el programa con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Rumanía, que contempla alcanzar 1200 MW o 2400 MWh de almacenamiento eléctrico en 2030, además de elevar la potencia hasta 2.000 MW en 2035.
La expansión prevista de la energía fotovoltaica refuerza la necesidad de incorporar flexibilidad al sistema. Según el plan energético y climático rumano, el país espera superar los 10 GW de capacidad solar acumulada para 2030, por lo que el almacenamiento en baterías se perfila como un factor relevante para gestionar la generación variable y mejorar la monetización de los proyectos renovables.
Las baterías permitirán desplazar electricidad desde las horas de mayor producción hacia los periodos de demanda elevada, reducir vertidos, participar en los mercados de balance y limitar las congestiones de la red.
A su vez, Mordor Intelligence proyecta que el mercado rumano de energías renovables alcanzará 19,24 GW en 2026 y crecerá hasta 28,96 GW en 2031, con una tasa anual compuesta del 8,52% durante el periodo 2026-2031. La consultora también prevé que la energía solar sea la tecnología de mayor expansión, con un crecimiento anual compuesto del 14,26%.
En este contexto, los 2174 MWh que pretende movilizar el nuevo esquema funcionarían como infraestructura de respaldo para una matriz con una participación creciente de generación solar y eólica.
Las instalaciones seleccionadas podrán intervenir en arbitraje energético, servicios de frecuencia, mercados de balance y gestión de congestiones, además de reducir la utilización de centrales fósiles durante las horas de mayor consumo.