Rumanía puso en marcha una nueva subasta destinada a acelerar el despliegue de almacenamiento energético a gran escala, con un presupuesto de 150 millones de euros proveniente del Fondo para la Modernización y reservado para nuevas instalaciones autónomas de baterías.
El mecanismo busca adjudicar proyectos que, en conjunto, incorporen al menos 2174 MWh de capacidad, en un sistema eléctrico donde el avance de las renovables eleva la necesidad de flexibilidad, balance y herramientas para gestionar las congestiones de red.
La convocatoria quedó formalizada mediante la Orden N° 915 del Ministerio de Energía, fechada el 14 de agosto de 2026, que aprobó la Guía del Solicitante y las condiciones de acceso al Programa Clave 1 del Fondo para la Modernización, orientado a fuentes renovables y almacenamiento.
Los 150 millones de euros no se distribuirán como una subvención convencional, sino a través de una licitación competitiva en la que el nivel de ayuda solicitado por cada MWh instalado tendrá un peso determinante en la adjudicación.

De acuerdo con la grilla de evaluación técnico-económica, la propuesta que solicite el menor apoyo estatal en euros/MWh recibirá 100 puntos, mientras que la de mayor valor obtendrá cero. Las ofertas intermedias se puntuarán proporcionalmente, lo que convierte a la eficiencia en el uso de fondos públicos en una variable central de la competencia.
Así, el diseño procura movilizar el mayor volumen posible de almacenamiento con el presupuesto disponible. La intensidad del apoyo puede cubrir hasta el 100% de los costes elegibles, aunque con dos topes adicionales: 69000 euros/MWh instalado y 15 millones de euros por empresa, independientemente del número de proyectos presentados.
Cuando el coste global de la inversión supere la ayuda reconocida, el beneficiario deberá cubrir la diferencia con recursos propios o financiación externa que no constituya otra ayuda estatal aplicada sobre los mismos gastos elegibles.
La licitación está dirigida exclusivamente a nuevos sistemas autónomos de almacenamiento en baterías, conectados directamente a las redes públicas de transporte o distribución y capaces de operar de manera independiente respecto de centrales de generación o centros de consumo.
Cada instalación deberá disponer de un punto de conexión propio y de medición dedicada, tomar de la red pública la electricidad necesaria para cargarse y volver a inyectarla posteriormente en esa misma infraestructura. Por esta razón, el programa deja fuera los activos integrados físicamente con plantas solares, eólicas u otras unidades de generación.
Entre las exigencias técnicas aparece además una duración mínima. La relación entre capacidad de almacenamiento en MWh y potencia en MW deberá ser, como mínimo, de 2:1, equivalente a dos horas de descarga a potencia nominal.
A su vez, cada instalación tendrá que disponer de una potencia mínima de 1 MW. Cuando un proyecto reúna varias unidades agregadas, ese umbral se aplicará individualmente sobre cada sistema.
Una vez operativos, los activos podrán intervenir en los mercados eléctricos y, cuando corresponda, en los servicios de sistema, de manera directa o mediante agregadores. El arbitraje, la regulación de frecuencia, el balance y la gestión de congestiones se perfilan como algunas de las principales vías de monetización de los BESS.
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La Guía excluye expresamente los proyectos híbridos de generación renovable y almacenamiento, la sustitución de instalaciones antiguas, las propuestas presentadas en asociación y las baterías basadas en plomo, níquel-cadmio o níquel-hidruro metálico.
Podrán participar microempresas, pequeñas y medianas compañías, grandes corporaciones e incluso sociedades de reciente creación. Para estas últimas se exige un capital social desembolsado mínimo de 100000 lei, mientras que todas las solicitudes deberán presentarse de forma individual. Los activos adjudicados tendrán que entrar en servicio en un plazo máximo de 48 meses desde la concesión de la ayuda.
Los fondos podrán destinarse a equipamiento nuevo y obras vinculadas con la construcción de los sistemas, mientras quedan excluidos, entre otros conceptos, terrenos, IVA, equipos usados, costes operativos, determinadas conexiones, gastos financieros y trabajos preparatorios como permisos o estudios de viabilidad.
El almacenamiento gana peso ante el crecimiento renovable rumano
La convocatoria se produce mientras la cartera renovable de Rumanía crece a un ritmo muy superior al de los proyectos que finalmente llegarían a la construcción. En el reciente relevo realizado por Energía Estratégica, se sitúa el pipeline por encima de 113 GW, aunque cerca del 89% no alcanzaría la operación en los próximos cinco años, lo que dejaría aproximadamente un 11% con perspectivas de materializarse en ese período.
La dimensión de la presión sobre la infraestructura también aparece en los permisos de acceso. A comienzos de 2025, más de 1200 proyectos renovables, equivalentes a aproximadamente 60 GW, ya disponían de aprobaciones de conexión, aunque únicamente un 11% contaba con todos los permisos y pocos incorporaban almacenamiento.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo rumano contempla que el desarrollo de baterías contribuya a alcanzar 1200 MW y 2400 MWh para 2030, mientras que para 2035 la referencia asciende a 2000 MW de potencia. La nueva ronda competitiva podría cubrir por sí sola un mínimo superior a 2,1 GWh.
El Gobierno vincula esta estrategia con la absorción de excedentes renovables, la reducción de congestiones, la moderación de desequilibrios entre producción y demanda y el desplazamiento parcial de generación fósil durante las horas punta. A estas funciones se suma la posibilidad de prestar servicios de frecuencia y balance.
La iniciativa se integra, además, en una política energética que ya utiliza mecanismos competitivos para impulsar la nueva generación. En su primera subasta de contratos por diferencia (CfD), Rumanía adjudicó 1528 MW, distribuidos entre 1096 MW eólicos y 432 MW solares, con precios promedio de 65 euros/MWh para eólica y 51 euros/MWh para fotovoltaica.
La segunda ronda elevó el volumen adjudicado hasta aproximadamente 2,75 GW, con 1488 MW solares y 1260 MW eólicos. Los proyectos fotovoltaicos cerraron con un precio promedio de 40,46 euros/MWh, mientras que la tecnología eólica se situó en 73,8 euros/MWh.
Ese avance de los procesos competitivos empieza también a servir como referencia para otros instrumentos comerciales. El mercado rumano de Power Purchase Agreements (PPA) triplicó durante 2024 el volumen contratado, con precios indicativos de entre 65 y 85 euros/MWh, en paralelo a un escenario donde la liquidez y los cambios regulatorios continúan entre las principales variables seguidas por los actores del sector.
Con la nueva convocatoria, la lógica competitiva se extiende ahora específicamente al almacenamiento. La clasificación no dependerá únicamente del tamaño de cada proyecto, sino de su capacidad para cumplir las condiciones técnicas y de elegibilidad con una menor necesidad de respaldo estatal por MWh.
Si se adjudica el volumen mínimo previsto, Rumanía sumará al menos 2174 MWh de capacidad BESS stand-alone, reforzando al mismo tiempo la flexibilidad del sistema y la infraestructura necesaria para integrar una cartera renovable que continúa expandiéndose.

