Guatemala atraviesa un punto de inflexión renovable, pero el desafío ya no pasa únicamente por adjudicar nueva capacidad. Ahora, la pregunta central: ¿La infraestructura eléctrica, la regulación y las instituciones públicas podrán acompañar la velocidad que empieza a marcar la demanda?
Ese fue el eje que puso sobre la mesa Armando Martínez, gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), durante su participación en Future Energy Summit (FES) Guatemala.
“Está claro que tenemos deudas desde la perspectiva de los cuellos de botella que se están dando principalmente en la transmisión. Hoy es un reto conectar la oferta con la demanda”, reconoció el ejecutivo.
La frase llega en un momento especialmente sensible para el país. Guatemala acaba de adjudicar 1258 MW a través de 57 proyectos en la licitación PEG-5, con una participación renovable del 73% y un rol protagónico de la solar con sistemas de almacenamiento.
Dentro de ese volumen, las tecnologías limpias concentran cerca de 918 MW, mientras que la solar con BESS suma 671 MW y representa más del 53% del total adjudicable.
El resultado posiciona al país como uno de los mercados más dinámicos de Centroamérica en generación renovable y almacenamiento, pero también expone una tensión estructural: la red debe estar lista para absorber, transportar y gestionar esa nueva oferta.
Para el gerente general del INDE, la infraestructura de transmisión debe adoptar nuevas tecnologías, ganar flexibilidad y responder con mayor rapidez a una demanda que ya no espera los tiempos tradicionales de planificación.
“Es evidente que la velocidad en la que nos está marcando la pauta la demanda nos tiene que poner una alerta”, sostuvo.
Y agregó que el reto no consiste solo en mirar los planes de largo plazo, sino también en adaptar soluciones de corto plazo a la infraestructura existente.
El cuello de botella ya tiene impacto concreto
La advertencia no aparece en el vacío. Desde el propio sector privado ya se encendieron alertas sobre el riesgo de restricciones operativas si no se acelera la expansión de red.
En el marco del debate abierto tras la PEG-5, la industria advirtió que hasta 800 MW solares podrían quedar limitados si Guatemala no resuelve a tiempo sus necesidades de transmisión.
Ese dato le da otra dimensión al planteo del INDE: el boom renovable puede convertirse en una oportunidad histórica, pero también en una presión adicional sobre una infraestructura que ya muestra señales de saturación.
“Eso implica que nuestra infraestructura, principalmente en transmisión, tiene que adoptar el reto de ser flexible, adoptar estas nuevas tecnologías, adaptarse a la velocidad y empezar a dar esa solución que tanto se espera”, indicó Martínez.
El objetivo, según explicó, no es solo resolver el problema local de Guatemala, sino también aportar a una discusión regional. Para el gerente general del INDE, los desafíos que enfrenta el país se replican en Centroamérica, donde la integración eléctrica exige soluciones más coordinadas y estandarizadas.
“La tarea que tenemos es bastante fuerte en ese sentido”, resumió.
Del fracaso de PET-3 a la prueba de PET-4
La discusión sobre transmisión también quedó cruzada por un antecedente reciente: la licitación PET-3, que no logró concluirse de forma exitosa y terminó desierta.
Ese episodio dejó una lección para el mercado guatemalteco. Si el riesgo de permisos, servidumbres y gestión territorial recae casi exclusivamente sobre el privado, las obras se vuelven menos rentables y más difíciles de ejecutar.
El Gobierno ya anticipó que la eventual PEG-6 deberá estar acompañada por PET-4, una nueva convocatoria de transmisión que buscará destrabar infraestructura crítica para el sistema.
En ese escenario, la posición del INDE adquiere peso propio. La entidad no solo aparece como actor técnico, sino como una pieza institucional llamada a acelerar procesos, ordenar prioridades y dar señales de confianza al capital privado.
Martínez lo expresó desde una autocrítica poco habitual para un representante estatal.
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“Tenemos que desburocratizar el concepto del acceso a la red, que realmente nosotros tenemos un alto porcentaje de ella, y lograr no ser un elemento dilatador en la ejecución de los proyectos, sino más bien un elemento dinamizador que permita que esto se concrete lo más pronto posible”, afirmó.
INDE busca ser aliado del sector privado
El gerente general del INDE también remarcó que la institución debe acercarse más a los agentes del mercado para traducir sus necesidades en políticas públicas con mayor estabilidad, certeza jurídica y bancabilidad.
Desde su visión, el rol estatal no puede limitarse a administrar procesos. Debe contribuir a que los proyectos sean ejecutables.
“Tenemos que lograr generar la confianza necesaria en el sector para que nos vean como un aliado”, sostuvo.
En esa línea, planteó la necesidad de trabajar de forma conjunta entre banca, iniciativa privada y empresa estatal para agilizar proyectos que resultan necesarios frente a los cuellos de botella detectados.
La señal no es menor. La entrada de baterías, el crecimiento de la solar y la necesidad de nuevas obras de transmisión obligan a combinar inversión privada con gestión pública eficiente.
Sin esa articulación, el riesgo es que la capacidad adjudicada avance más rápido que la infraestructura necesaria para integrarla.
Electrificación rural, microgrids y almacenamiento
El INDE también mira el desafío desde otra escala: la electrificación rural.
Martínez explicó que la institución trabaja en dos dimensiones. Por un lado, la conexión de grandes proyectos de generación con la demanda a través del sistema de transmisión. Por otro lado, soluciones distribuidas para hogares que todavía requieren acceso energético.
Según detalló, el INDE tiene para este año una meta de entre 9.000 y 10.000 hogares, mientras que para el próximo año prevé acercarse a 20.000 soluciones individuales vinculadas con energía renovable.
Estas soluciones incluirán almacenamiento y esquemas de microgrid, con el objetivo de acercar la calidad del servicio a la de un usuario conectado a red.
“Estamos pensando en las dos dimensiones: no solo conectar oferta y demanda a través de esa generación macro, sino también en esa solución micro que tiene que idearse de una manera preparada para dar respuestas en el corto plazo”, explicó.
El punto suma una capa social al debate. La discusión sobre renovables en Guatemala no se limita a grandes proyectos solares con baterías, sino que también alcanza a la capacidad del sistema para llevar energía a zonas donde la red aún no llega o no ofrece condiciones suficientes.
2030 exige realismo
Hacia el cierre de su intervención, Martínez fue consultado sobre una palabra clave para definir la prioridad rumbo a 2030.
Su respuesta no apuntó a una tecnología, ni a una meta de capacidad, ni a una reforma específica.
“Yo aportaría el tema de estar conscientes de la situación que tenemos para poder afrontarla con los retos que implican. Ser conscientes de la realidad que tenemos”, señaló.
La frase sintetiza el tono de su participación en FES Guatemala: el país tiene una oportunidad renovable concreta, pero también una deuda estructural en infraestructura, permisos y coordinación institucional.
La PEG-5 abrió una nueva etapa para la generación limpia y el almacenamiento. Ahora, el desafío será demostrar que el Estado, el INDE, la banca y los privados pueden moverse a la velocidad que exige el sistema.
Porque el verdadero examen para Guatemala no será solo adjudicar megavatios, sino lograr que esos proyectos se conecten, operen y lleguen a la demanda sin quedar atrapados en la telaraña de la burocracia.