El avance de la transición energética en República Dominicana se entrelaza cada vez más con la agenda política y regulatoria de Estados Unidos. Desde el Inflation Reduction Act hasta los fondos regionales, la cooperación bilateral ofrece nuevas oportunidades de financiamiento, innovación tecnológica y desarrollo de infraestructura.
Pero también impone retos para la soberanía energética del país.
"En sentido general, la relación es buena y han existido apoyos en el trazo de ambas políticas desde hace ya un tiempo", destacó Rafael Velazco, consultor senior.
El especialista recuerda que este vínculo se consolidó con la visita de Joe Biden a la isla durante la administración Obama, momento clave para el impulso inicial de las energías limpias.
Agencias como USAID y USTDA han financiado estudios normativos sobre almacenamiento en baterías y movilidad eléctrica.
Al mismo tiempo, empresas estadounidenses como AES han liderado inversiones en generación renovable conectada a la red nacional.
También, iniciativas como la Clinton Global Initiative facilitaron acceso a fondos blandos para desarrolladores locales.
Entre 2019 y 2023, la capacidad solar instalada en República Dominicana se duplicó, pasando de 280 MW a más de 600 MW, gracias en buena medida al respaldo de actores financieros vinculados al ecosistema norteamericano.
Sin embargo, el creciente peso de EE.UU. en el sector energético dominicano despierta señales de alerta.
Velazco sostiene que una excesiva alineación con el modelo estadounidense puede tener efectos contraproducentes para una economía pequeña y vulnerable.
"Estar demasiado unidos a la ruta norteamericana puede encarecer en muchos aspectos la transición energética, advierte.
Esto se debe a los elevados niveles de subsidio que aún poseen las tecnologías limpias en EE.UU., lo que encarece la exportación de equipos, servicios y know-how hacia países como República Dominicana.
El especialista explica que los modelos de transición no son universales, ya que dependen de variables geográficas, económicas y del diseño del sistema eléctrico de cada país.
En ese sentido, adoptar sin adaptación el camino estadounidense podría comprometer la competitividad de las soluciones renovables locales.
Otro factor de riesgo es la incertidumbre política: los incentivos del IRA como el Investment Tax Credit (ITC) del 30% podrían desaparecer tras las elecciones presidenciales de 2024.
Esta volatilidad afecta la planificación de inversiones de largo plazo en el Caribe.
No obstante, Velazco reconoce que existen beneficios reales.
La proximidad con EE.UU. facilita el acceso a tecnologías de última generación, como inteligencia artificial aplicada a eficiencia energética, y abre oportunidades de financiamiento a través de un sistema financiero robusto.
Además del IRA, resalta otros instrumentos de colaboración vigentes.
Uno de ellos es el Fondo de Transición Energética y Resiliencia en el Caribe, que asigna US$ 2,5 millones en asistencia técnica para sectores como salud, educación e infraestructura.
Otro es el Programa de Inversión Climática del Caribe, con US$ 20 millones distribuidos en 14 países de la región, incluyendo República Dominicana.
Esta iniciativa es ejecutada por la firma estadounidense Chemonics International.
Un marco normativo que necesita ajustesA pesar del entorno favorable, el aprovechamiento local de estos fondos e incentivos aún encuentra barreras regulatorias.
En el caso del IRA, los beneficios para consumidores no aplican directamente en República Dominicana por las limitaciones de la legislación vigente.
"La normativa dominicana contempla créditos fiscales de hasta un 40%, pero su alcance es limitado porque se clasifica por demanda pico y no por el tipo de cliente final, señala Velazco.
Esto restringe el acceso a actores clave como productores nacionales o comunidades energéticas.
Aunque reconoce avances recientes del ente regulador nacional, el consultor aclara que la mayor influencia normativa hasta ahora provino de la legislación española, específicamente la Ley 57-07 de Incentivo para el Fomento de las Energías Renovables.
Esto está empezando a cambiar, pero aún se requiere un fortalecimiento del marco regulatorio, mayor agilidad en los procesos de licenciamiento y una diplomacia energética más activa.
"No existe un trazo único universal para implementar la transición energética", concluye Velazco, subrayando la importancia de diseñar una hoja de ruta adaptada a la realidad dominicana, que aproveche la cooperación internacional sin perder capacidad de decisión.