El Poder Ejecutivo de Chile cruzó a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) por el proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico a 4,7 millones de usuarios que propone que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) financien los subsidios ayuden a la disminución de la tarifa de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Desde CPC plantearon que se están cambiando las reglas de juego y criticaron abiertamente la cantidad de usuarios a los que alcanzaría la medida, siguiendo la línea de los reparos y manifestaciones en contra realizados por parte del sector energético y de algunos legisladores en las distintas mesas técnicas y sesiones de la Comisión de Minería y Energía. La Vocería del Gobierno de Chile ratificó la iniciativa a pesar que en las últimas semanas, el proyecto de ley recibió críticas del sector energético y de algunos legisladores en las distintas mesas técnicas y sesiones de la Comisión de Minería y Energía. Tal es así que la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, ratificó la iniciativa y la calificó como una "medida extraordinaria producto de una situación extraordinaria", aunque ello implique posibles severos riesgos para el sector renovable, desde frenos a las inversiones en la materia hasta defaults financieros de las compañías. "El subsidio propuesto, que implica triplicar las subvenciones, es porque se produjo un alza extraordinaria en las tarifas eléctricas por un descongelamiento que había que realizar.
Es decir que es un subsidio extraordinario para una situación de carga financiera familiar extraordinaria", remarcó. "El subsidio, como otras políticas que hemos ido empujando, tiene que ver con conocer la realidad del país y que aquí hay una necesidad de poder acompañar a miles de hogares, hablamos del 50% de los más vulnerables, para enfrentar esta alza extraordinaria eléctrica a propósito del descongelamiento", agregó durante una conferencia de prensa. De todos modos, el financiamiento del subsidio por parte de los PMGD será a lo largo de tres años (2025 a 2027, incluso) mediante un cargo transitorio a los retiros de energía del sistema, denominado "Cargo FET" (Fondo de Estabilización de Tarifas), por un monto de $1,8 kWh que se financia de la retención equivalente a las compensaciones por precio estabilizado que se pagan en conformidad al régimen transitorio del Decreto Supremo N°88/2019. Mientras que el apoyo a las PyMEs se daría a través de la habilitación de la inyección y retiros de energía en el mismo punto de conexión, para comercializarla con las concesionarias de servicio público de distribución que presten servicio en dicha zona. Aunque cabe aclarar que la propuesta establece un techo anual de 500 GWh/año de la totalidad de inyecciones PMGD que podrían ser destinadas a ese mecanismo y su implementación será por medio de una bolsa de precio preferente conformada por las PyMEs y operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos objetivos de focalización. Y si bien el proyecto de ley aún debe tratarse en el Congreso, desde el sector continúan las inquietudes respecto a cómo afectaría esta última medida al suministro eléctrico y demanda de los clientes regulados, considerando los contratos ya adjudicados en años anteriores; pero que desde el Poder Ejecutivo ratificaron en diversas oportunidades al igual que lo hizo la Vocería del Gobierno de Chile.
