Perú emerge como una región estratégica para que importantes jugadores a nivel nacional e internacional inviertan en el desarrollo de proyectos de energías renovables, por la demanda energética que atraviesa el país. No obstante, expertos advirtieron que la llegada de nuevos proyectos renovables no avanza al ritmo que debería, en gran medida, por la falta de un marco regulatorio transparente con visión a largo plazo que incentive la actividad. Una de ellas es Licy Benzaquén socia en OLAECHEA, estudio jurídico con 145 años de experiencia y una reconocida trayectoria cross-border, quien en conversaciones con Energía Estratégica analizó la coyuntura peruana y explicó las causas que provocaron una parálisis en inversiones de energías no convencionales. - ¿Cuáles son los temas que más les están preocupando a sus clientes en lo referido a energías renovables? Sin dudas, la falta de actualización de las normas relativas a las energías renovables. En el 2008 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1002 que estableció el marco de fomento bajo el cual este tipo de energías podía ser producido.
Sin embargo, dado el desarrollo de la tecnología así como un mercado de clientes cada vez más complejo, resulta necesario que se incluyan diversas disposiciones que den nuevamente el impulso que se espera. Existe en el mercado interés en desarrollar este tipo de proyectos, sin embargo, las condiciones del mismo no necesariamente permiten greenfields renovables en este momento. Queda claro que las subastas no resultan ahora el mecanismo adecuado para fomentar su instalación. - ¿Qué tipo de medidas ha tomado el Gobierno las cuales han redundado en falta de seguridad jurídica que han perjudicado inversiones renovables? La Administración se encuentra en una situación de parálisis y deterioro de la institucionalidad. Existe falta de liderazgo del ente normativo para reformar el sector eléctrico a efectos de adecuar la regulación a los requerimientos actuales del mercado. Hace unos años, la iniciativa de la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico parecía auspiciar vientos de cambio, sin embargo, el esfuerzo se diluyó y los informes con recomendaciones quedaron encarpetados. La falta de institucionalidad que afecta a toda la Administración Pública impacta negativamente también a nuestro sector de manera importante pues perjudica la continuidad en la toma de decisiones de las autoridades y mientras tanto los proyectos no avanzan. Las pocas actualizaciones que ha tenido la regulación del sector en estos últimos años hacen inminente la necesidad de promover nuevos cambios, teniendo en cuenta el contexto tecnológico e internacional. Los incentivos tributarios ya no son suficientes y resulta necesario darle una vuelta de tuerca a los esquemas de licitaciones para renovables que actualmente se encuentran regulados. No obstante, las oportunidades perdidas y los dolores que sufren los inversionistas para ver la luz en sus proyectos podrían revertirse con una regulación menos rígida y farragosa, que promueva incentivos claros en el mercado y permita una mayor penetración de las renovables al mercado. En conclusión, si queremos ver un repunte de la actividad, se necesita un marco regulatorio claro y transparente a largo plazo con una batería medidas como las mencionadas que brinden certeza jurídica a los inversionistas y los inviten a radicar proyectos en el país.