Como ya había anticipado este medio, en Colombia reina la incertidumbre por las altas tarifas de energía eléctrica y el gobierno está analizando cambiar la fórmula de su cálculo con el objetivo de reducir su precio y poder garantizar el suministro a la población más vulnerable.
Incluso, días atrás, el presidente Gustavo Petro, lamentó que no pueda ser él quien regule el servicio público y acusó a las empresas de energía de «especular» con su precio tornándolas cada vez más caras, lo cual abrió la polémica en el sector energético.
Numerosas entidades advirtieron que el costo de la energía está regulado por la CREG y que las empresas no pueden controlar ni alterar los precios de la energía a su favor. Además, los gremios advirtieron que cualquier cambio en la fórmula tarifaria debe cumplir con los criterios definidos en la Ley, y debe llevarse a cabo mediante un proceso transparente que incluya consultas y análisis de impacto. Bajo esta premisa, Alexandra Hernández, presidente Ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), brindó su visión al respecto en diálogo con Energía Estratégica y propuso al gobierno otras políticas para mejorar la calidad de vida de la población a través de la promoción de fuentes no convencionales.
- ¿Cómo afectaría a tecnologías renovables como generación distribuida un cambio en el cálculo de la tarifa de energía?
Como gremio de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -FNCER-, nuestro llamado es a acelerar la entrada en operación de los proyectos, lo que permitiría aumentar la oferta y con ello disminuir los precios.
A mayor número de actores y de empresas, los precios bajan y se beneficia el bolsillo de los colombianos, para esto se necesita un mercado acorde a la transición hacia energías limpias y competitivas que son parte de la solución para una matriz diversificada.
Para lograrlo, es indispensable asegurar la estabilidad regulatoria y jurídica del mercado, lo que fomentará la inversión extranjera en la transición energética, que requiere aproximadamente 122 mil millones de dólares para 2052, según las estimaciones de World Economic Forum.
- ¿Qué opina del plan de comunidades energéticas del Gobierno?
Estas iniciativas representan una oportunidad para acceder a energía con propósito y fomentar una participación activa de los usuarios. La regulación propuesta por la CREG permitirá la implementación de nuevos mecanismos de autogeneración y generación distribuida. Sin embargo, es crucial que esta regulación establezca señales claras sobre la expansión del sistema con estos nuevos agentes, así como el papel de los operadores de red y distribuidores en la aprobación de conexiones y el desarrollo de la infraestructura necesaria.
Estamos a la espera de la versión definitiva de la resolución de la CREG que habilitará las comunidades energéticas, pero también se requieren esfuerzos para definir la gobernanza de estas y así garantizar su sostenibilidad a largo plazo desde el punto de vista técnico y económico para su operación y mantenimiento.
- ¿Qué cambios debería haber en el marco regulatorio colombiano para incentivar proyectos renovables tanto de generación distribuida como de gran escala?
- Una revisión estructural de la regulación sobre el cobro por desviaciones (Resolución CREG 060 de 2019) para los proyectos de gran escala despachados centralmente, es decir, aquellos mayores a 20 MW, que ya está siendo evaluada por la CREG.
- La creación de mecanismos para la realización de subastas privadas y/o públicas de contratación a largo plazo, con el fin de garantizar el cierre financiero de los proyectos de FNCER.
- Modificar el proceso de conexión establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 para acelerar la asignación de puntos de conexión y reducir la especulación en este ámbito.
- La ampliación del periodo de vigencia de conexión para proyectos de generación distribuida, lo cual permitiría a los promotores de mini granjas gestionar el desarrollo de sus proyectos de manera más eficiente, sin el riesgo de perder la conexión, dado que estos requieren el mismo tratamiento en términos de permisos técnicos, ambientales y sociales que los proyectos de gran escala.