Puerto Rico declara tener una alta demanda de sistemas de generación solares fotovoltaicos junto a baterías para almacenamiento de energía, pero acceder a estas tecnologías sigue siendo un reto para el bolsillo de muchos usuarios. Para eliminar la barrera de acceso a estas alternativas sostenibles para la generación y acumulación energética, los fondos públicos son una alternativa para masificar estos sistemas. Sin embargo, la distribución del dinero en el sector energético aún favorecería en gran medida a los combustibles fósiles.
En concreto, más de $3 mil millones de dólares podrían ser destinados en el siguiente año fiscal de Puerto Rico solo para energía basada en combustibles fósiles; mientras que, del otro lado de la vereda, no existirían expresamente "fondos para energías renovables" relacionados al año fiscal. Lo que sí habrían son incentivos para energía renovable que se expresan en un solo programa de fondos CDBG-DR de $300 millones que serían para poner sistemas de energía solar con almacenamiento en aproximadamente 12,000 casas que fueron dañadas por el huracán Maria. "Nadie sabe cuánto tiempo tomará para que este programa se concluya pero al ritmo actual serían más de 10 años", se lamentó PJ Wilson, presidente de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA). Ahora bien, también advirtió que la gran mayoría de los fondos disponibles (unos $10 mil millones en fondos FEMA y $20 mil millones en fondos CDBG) en general pueden ser dirigidos a solucionar problemáticas traídas a raíz del Huracán que llevó a la muerte de más que 3,000 puertorriqueños en 2017 y 2018.
Y entre las alternativas posibles se podría proveer energía renovable con almacenamiento a casas, negocios y servicios críticos para que funcionen durante apagones. ¿Qué barreras impiden encauzar los fondos? "El 100% de los fondos aprobados para Puerto Rico a nivel federal están completamente disponibles hoy; o sea, no existe ninguna restricción a nivel federal", señaló Wilson. Aquello no es menor ya que no hay mucha claridad sobre quién y cómo encauzará, por ejemplo, los $10 mil millones de fondos de FEMA y si estos precisan aprobación de una u otra entidad.
Si es la PREPA, LUMA, COR3 o el Negociado de Energía. "En ese momento FEMA está recibiendo señales contradictorias y les resulta difícil discernir cuáles son realmente las prioridades de Puerto Rico", observó Wilson. De allí que haya considerado que encauzar los fondos e implementarlos en programas determinados de fomento a renovables y almacenamiento depende de cuán rápido los departamentos de gobierno de Puerto Rico pueden trabajar en equipo con la industria de energía solar y de almacenamiento de energía para programar una administración y diseño ideal para destinar aquellos fondos. "Uno de los problemas más grandes en este momento es que no hay una gestión para unir todos los diferentes tipos de fondos federales para desarrollar soluciones que tomen en consideración todos los factores involucrados.
Por eso, hay muchos diferentes procesos en camino a la vez, sin una persona o una organización o agencia del gobierno coordinado todo", cuestionó. Y subrayó: "Hoy, lo más urgente es proteger vidas". En tal sentido, valoró como necesario empezar a canalizar los fondos disponibles, como los $75 millones del programa "City Revitalization Program" CDBG-DR, en iglesias y centros comunitarios; o los $500 millones de fondos CDBG-MIT, para incentivos de energía solar con almacenamiento vinculados a mitigación. "Lo más importante con estos fondos es hacer pensamiento crítico de cómo mitigar la pérdida a través de sistemas nuevos (los cuales no irían a estar construidos sin el apoyo de estos fondos), con un proceso colaborativo involucrando expertos actuales en energía con del Departamento de Energía federal (DOE), el Programa de Energía de Puerto Rico, expertos de la industria de energía solar y de almacenamiento - incluyendo fabricantes, vendedores, instaladores, los que proveen financiamiento, y otros.
Lo más urgente es que pase este proceso colaborativo, que hasta el día de hoy no ha pasado", observó el referente de SESA.Y concluyó que, como resultado de un proceso como aquel, los fondos podrían definir destinarse a:
- Edificios que sirven para servicios críticos (bomberos, policía, doctores, etc) para que los "critical responders" puedan funcionar durante emergencias.
- Las casas de las familias de los trabajadores que trabajen en servicios críticos.
- Personas con problemas graves médicos.
- Personas mayores de edad que son de alto riesgo.
- Multi-family housing, donde el gobierno es el dueño.
- La gente de muy bajo ingresos (como, bajo 50% del nivel de pobreza).
- Las casas y negocios que son los últimos en estar reconectados al sistema de energía durante apagones después del huracán Maria.
En tal sentido, puede ser enfocados en los últimos 200,000 clientes que fueron reconectados a la red de energía después de María.
- Sistemas de "Community Solar con Almacenamiento" que proveen energía a múltiples casas y negocios durante apagones.
- Negocios que satisfacen necesidades críticas durante emergencias, como alimentos, agua y medicamentos.
- Programas de incentivos para la población general (con una prioridad más baja con menos fondos o sin fondos, si estos no son suficientes para los otros 9 con prioridades más altas).
Por Energía Estratégica
Por Emilia Lardizabal
Por Ailén Pedrotti
