El viernes pasado, el exministro Julio De Vido, publicó un artículo en este mismo titulado "Achique de represas y emergencia energética" criticando, no ya la supuesta paralización del proyecto de represas sobre el río Santa Cruz, sino las modificaciones que nuestra administración estipuló con el consorcio adjudicatario de la obra y la provincia, en el contexto de la actual crisis energética.
A esta altura de las circunstancias, nadie puede dudar que estamos inmersos en una crisis energética de la cual el diputado De Vido no ha sido un simple observador, sino uno de sus responsables máximos.
Aun aceptando la precariedad de la situación económica, en el año 2003 el exministro recibió un sector energético que exportaba gas y petróleo y, vaya a saber si fue porque no pudo, no quiso o no supo hacerlo, el supuesto crecimiento económico de la por él llamada década ganada no fue acompañado por el del sector energético ya que, después de 12 años de administrarlo, está en el medio de una crisis profunda, importando el 15% de la energía que consumimos y con cortes de electricidad en verano y de gas en invierno.
A pesar de lo declamado, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles que representan el 87% en nuestra matriz energética y se hizo poco para favorecer a las energías renovables, al uso racional de la energía y la protección del ambiente.
Por ello, me interesa contestar el artículo mencionado, en el que se hace eco de otro artículo publicado por el Observatorio OETEC que dirige el Bioquímico Federico Bernal, excontratista del ministerio y de algunas empresas dependientes del mismo, porque contiene datos equivocados, omite discutir aspectos críticos del proyecto y llega a conclusiones totalmente falaces.
Cuando recibimos el gobierno en diciembre, nos encontramos con un contrato precario en ejecución, financiado por bancos Chinos y adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas conformada por la empresa china Gezhouba y las locales Electroingenieria e Hydrocuyo.
Ese contrato adolecía de graves defectos, omitidos o tergiversados por el exministro en su artículo, que hacían inviable su continuidad en esas condiciones.
Entre ellos: 1.
Turbinas de más Las represas fueron contratadas en base a un proyecto incompleto que no definía el total de obra civil a construir, no optimizaba componentes clave y ni siquiera contemplaba los 180 km de línea de alta tensión necesarios para conectar las centrales hidroeléctricas a la red de transporte eléctrico existente.
Era un proyecto de dos centrales de generación eléctrica para enviar energía a ninguna parte. ¿Suena conocido? La condición de funcionamiento simultáneo de las 11 máquinas originalmente proyectadas era imposible por las características propias del río Santa Cruz; no hay en él caudal suficiente para ello.
De hecho, una máquina de 190 MW de las seis de la presa superior nunca hubiera funcionado y dos máquinas de 120 MW de la presa inferior tampoco (el total de máquinas inútilmente contratadas representaba 430 MW y no 450 MW como señala el exministro De Vido en su artículo) .
Para el lector no especializado, el exministro busca impresionar comentando sobre la reducción de la potencia, pero nada dice de lo que realmente cuenta, que es la energía generada por las centrales en un año.
Con la configuración contratada por la administración anterior las centrales hubieran generado 5.000.000 de megavatios hora por año.
Con la configuración actual, habiendo eliminado las tres máquinas que sobraban, ambas centrales generarán igualmente 5.000.000 de megavatios hora por año.
La misma energía generada, pero con menor inversión y por lo tanto con ahorro de los dineros públicos.
Es obvio que el exministro ha confundido maliciosamente potencia con energía. 2.
Impacto ambiental Otro de los problemas graves del proyecto original, que el exministro omite en su artículo, tiene que ver con el estudio de impacto ambiental de las represas.
El estudio fue realizado en forma "expeditiva", sin completar la línea de base ambiental y con serias deficiencias técnicas, que ahora se encuentran en proceso de subsanación.
El proceso utilizado se valió de una audiencia pública que tuvo lugar el 9 de diciembre del 2015 (el día anterior a la asunción de un nuevo gobierno, ¿casualidad?).
Creemos que el proyecto actual, con las modificaciones que se han introducido es ambientalmente viable y atiende adecuadamente los cuestionamientos planteados.
Hemos realizado un estudio con expertos independientes que han concluido que la reducción de las máquinas y de la cota de la represa superior permite certificar el "desacople" del emprendimiento con relación al lago Argentino y los glaciares.
Además, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en total coordinación con el Ministerio de Energía y Minería, han definido todas las tareas que se deben completar para llegar a un Estudio de Impacto Ambiental completo y adecuado.
La disminución de la cota de la represa Néstor Kirchner es necesaria para "desacoplar" el emprendimiento del lago Argentino y evitar cualquier afectación ambiental sobre el lago y los glaciares.
Esta disminución de la cota no tiene impacto negativo sobre la energía generada y contribuye también a la reducción de la obra civil y de sus costos asociados.
La aprobación de ese nuevo estudio de impacto ambiental se hará de acuerdo a lo que dictamina la ley, incluyendo nuevas audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana que se crea conveniente.
Completados esos estudios se podrán iniciar las obras mayores que son parte del proyecto. 3.
Dueño "equivocado El exministro en su artículo menciona que "la Patagonia y la Provincia de Santa Cruz pierden una fuente energética clave para profundizar su desarrollo.
En realidad omite mencionar que él y su ahora famoso secretario de Obras Públicas, José López, firmaron un acuerdo con la provincia de Santa Cruz que, al margen de lo dispuesto en la Ley Nacional Nº15.336 usaba fondos federales aportados por los contribuyentes de todo el país, para construir un emprendimiento cuya explotación se asignó a una sola provincia.
La ley establece que cuando una represa de este tipo genera electricidad y está conectada al sistema eléctrico nacional (SADI) su explotación corresponde a la competencia del Estado Federal.
O sea, el Estado Federal, que además en este caso construye las represas y pagará por las mismas, es quien debe recibir los ingresos por la venta de la energía generada.
La provincia, según la ley, tiene derecho a percibir una compensación del 12% sobre los ingresos y disponer sobre temas de uso de aguas y espacios relacionados.
La modificación del acuerdo entre la Nación y Santa Cruz ya fue negociado. 4.
Dolarización forzada Tampoco se menciona en el artículo del exministro que el precio de la obra, a partir de decisiones del exsecretario de Obras Públicas, había sido alcanzado por un mecanismo de dolarización que no se encuentra previsto en la normativa de obras públicas.
En efecto, la redeterminación de costos en una obra pública debía efectuarse en función de lo dispuesto en el Decreto 1295/02 y en pesos.
La exsecretaría de Obras Públicas, que dependía directamente del autor del artículo, modificó esas condiciones y autorizó a "dolarizar" el contrato, con un perjuicio potencial para el Estado Nacional del orden de los 1.000 millones de dólares.
Esta modificación se ha revertido con el ahorro correspondiente de los fondos para el erario público.
En conclusión, el proyecto de las dos represas sobre el río Santa Cruz está ahora claramente definido en sus características y en su alcance, se ha optimizado su diseño, y con ello moderado su costo, manteniéndose en su totalidad y sin disminución alguna, la energía aportada anualmente al sistema eléctrico nacional.
Se readecuaron los términos del contrato de obra con la UTE y se ha llegado a un acuerdo con la provincia de Santa Cruz sobre las pautas legales bajo el cual se debe construir y operar.
Se encuentran en curso de ejecución los estudios que nos aseguren que es también completamente viable desde el punto de vista ambiental, en el marco de un proceso que propicia el acceso a la información correspondiente para todo aquel que lo requiera.
Por todo ello, consideramos que sólo diciendo la verdad podremos resolver la emergencia energética que heredamos, creada en gran medida por una política que había decidido esconder la realidad.
Quien quiera oír que oiga.
Ing.
Juan J.
Aranguren Ministro de Energía y Minería