Convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de Alemania en México, se desarrolló el jueves 10 de agosto, con una nutrida participación de instituciones de gobierno y organizaciones civiles, el primer diálogo climático, en el que se abordaron los principales temas que se discutirán en la 28a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) que se celebrará de noviembre a diciembre de este año en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Durante la inauguración, Eduardo Jaramillo Navarrete, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, explicó que son cuatro los temas más importantes a discutir en la próxima COP: tener una meta de energías renovables; incidir en el financiamiento para es llegar a los 100 mil mdd para 2030; reformar el sistema financiero internacional, alinear el financiamiento con el Acuerdo de París y duplicar los recursos disponibles para adaptación tanto en el fondo verde del clima como en el fondo de adaptación y pérdidas y daños.
El evento, cuyo objetivo fue capacitar a la sociedad y recoger opiniones sobre los temas importantes que pueden nutrir la postura negociadora de la Secretaría, se dividió en varias mesas de discusión en las que se abordaron los aspectos de adaptación, mitigación, medios de implementación y pérdidas y daños.
José Luis Samaniego, director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales para México y Colombia (WRI, por sus siglas en inglés) encabezó la mesa de "Adaptación al cambio climático", donde lamentó que, en la práctica, seguimos viviendo en un contexto donde desarrollo y medio ambiente están en contradicción.
Por ejemplo, dijo, los mecanismos de mercado de la convención marco tratan de reconciliar y que haya desarrollo junto con acción climática, pero no hemos avanzado.
"La acción climática, la restauración, la protección de los biomas, de las especies, no son parte de la prioridad para el desarrollo.
Para hacer nuestra economía compatible con la naturaleza tendría que ser una combinación de los medios de implementación, que esté en la ley, en la política fiscal y en la política de aseguramiento", propuso.
En México, añadió, existen instrumentos importantes, y sabemos cómo subirá el nivel del mar, por lo que se deberían generar mecanismos de ordenamiento territorial con prohibiciones y autorizaciones, así como mecanismos de seguros y una política fiscal que no premie el asentamiento en este tipo de zonas, y añadió que así estaríamos trabajando por una misma estrategia.
Samaniego llamó a contribuir como negociadores a fin de formar una visión unificada, pues lo que restaura suelos, también protege la biodiversidad y abona a la acción climática.
"Los daños que ya conocemos en materia de cambio climático, eventos de subida del mar, deberían ser parte del dominio público, no de especialistas, sino de comunidades, constructoras, porque esa va a ser la realidad con la que van a tener convivir, y el Acuerdo de Escazú obliga al Estado mexicano a tener una actitud proactiva, pues las comunidades, personas y todos los mexicanos pueden exigir que esa información esté plenamente disponible", afirmó.
Por último, propuso crear una taxonomía que nos permita adaptarnos internacionalmente, al tiempo que se armonizan los requerimientos de evaluación.