Guatemala se enfrenta a un cuello de botella estructural en su red de transmisión eléctrica, justo cuando la PEG-5 plantea incorporar 1.400 MW de nueva generación, en su mayoría renovable. La expansión de capacidad no está acompañada por una infraestructura capaz de evacuar la energía, y las reglas actuales trasladan al generador la responsabilidad de resolver la conexión.
"El sistema actual está operando prácticamente al límite, manifestó el Director Ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), Víctor Asturias. Aseguró que la cláusula incluida en la licitación obliga a los oferentes no solo a construir su planta, sino también a encargarse de cómo se interconectan a la red. "No es que el sistema esté listo para recibir la PEG-5, advirtió.
Mientras que la demanda energética en el país crece entre 6 y 8% anual, en algunas zonas incluso por encima del 10%, el sistema de transmisión lo hace apenas al 1,5%, según precisó. "Con una simple matemática te das cuenta que eso es insostenible.
Algo va a pasar, alertó el directivo.
El traslado de población rural hacia centros urbanos y el proceso de industrialización agravan la presión sobre el sistema.
"Mientras esa gente va migrando hacia las ciudades, se le va poniendo más presión a la demanda", sostuvo, y planteó que no atender el problema pondría en riesgo el crecimiento económico.
Asturias subrayó que no solo se trata de falta de inversión, sino de una trama burocrática, legal y municipal que bloquea el desarrollo de proyectos de transmisión. "En Guatemala, una cosa son las leyes generales, pero las municipales a veces tienen requisitos particulares que complican de sobremanera, afirmó.
Las demoras son cada vez más graves.
"Trámites que antes podían tomar un año o dos años se están extendiendo por arriba de cinco", indicó.
A esto se suman las exigencias de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el CONAP, el INAB y las implicancias de la nueva Ley de Aguas.
"No se tiene claridad de que estas instituciones estén totalmente alineadas con las necesidades del país", advirtió.
En este escenario, el generador se enfrenta a obstáculos técnicos y económicos. "No puede simplemente decir que va a conectarse a la línea más cercana, porque puede estar saturada, comentó.
En ese caso, debe asumir una línea de interconexión mucho más extensa, con costos e incertidumbre mayores. "Ese nodo que usted lo tiene a 10 kilómetros, no se puede.
Usted tiene que conectarse a otro que está a 40", ejemplificó.
A esto se suma la intención de incorporar gas natural en el marco de la PEG-5.
Como Guatemala no es productor, debe importar el recurso desde el Atlántico o el Pacífico, pero ninguna de las dos regiones cuenta con infraestructura adecuada. "En el Atlántico no tenemos un sistema robusto para recibir una planta de gas, indicó, y aunque el Pacífico tiene mejores condiciones para negociar derechos de paso, ambos casos requieren nuevas inversiones.
Sobre el marco regulatorio para proyectos híbridos y almacenamiento, el ejecutivo reconoció que existe una normativa aprobada, pero que "se queda corta para las necesidades que algunos generadores están buscando.
Actualmente hay una discusión abierta en la AMM para actualizar esa regulación y permitir integraciones más eficientes con renovables.
En cuanto al paralelismo entre la PEG-5 y la PET-3, aclaró que "no es un esquema coordinado.
La PEG-3 apunta a otras necesidades, principalmente relacionadas con electrificación rural, y no resuelve los problemas de transmisión que plantea la PEG-5. "Todo lo que estamos escuchando es que es altamente probable que la PET-3 se la quede el INDE, observó Asturias, y señaló que el sector privado mostró muy poco interés en participar.
Por ello, ya se plantea la necesidad de una PET-4 que efectivamente responda a la expansión de la demanda energética. "Ya debiéramos empezar a ver las señales de que una PET-4 se estaba por lanzar, sostuvo.
De cara al futuro, el CIE planteó que la participación del sector privado en la planificación de largo plazo debe ser prioritaria. "Existen planes de expansión, pero creemos que el sector privado debería ser una parte integral en la discusión, remarcó.
Con los resultados de la PEG-5 esperados para los próximos años y la entrada de nuevas plantas proyectadas para 2030-2033, Asturias anticipó un período desafiante. "Creemos que van a ser cinco años de mucha tensión en el sector eléctrico guatemalteco, concluyó, y advirtió que el tiempo para ordenar la red de transmisión se está agotando.
En ese contexto, una pieza clave aún pendiente es la adenda de la PEG-5, que según comentó el directivo, todavía no ha sido publicada por la comisión.
STodos estamos a la espera.
Entiendo que eso está en manos de la comisión y se ha tardado en salir", mencionó.
Durante la última reunión informativa, muchas de las preguntas del público giraron en torno a este documento.
"Como la comisión no la ha sacado, no se pudieron contestar esas inquietudes", agregó, y señaló que el sector permanece a la expectativa de su publicación en las próximas semanas.