El Gobierno confirmó que el primero de febrero quedarán sin efecto los subsidios a la energía eléctrica para un 80 por ciento del universo de usuarios.
El 20 por ciento restante, residenciales y de bajos ingresos, continuará recibiendo una tarifa bonificada.
Desde marzo, las distribuidoras Edenor y Edesur comenzarán a enviar las facturas en forma mensual, por una cuestión de administración y para que el impacto en el bolsillo se sienta menos.
Un informe publicado por Manuel Lombardi, Juan Carlos Mongan, Jorge Puig y León Salim, titulado "Una aproximación a la focalización de los subsidios a los servicios públicos en Argentina", muestra la inequidad de la distribución de los subsidios.
"Si bien las estructuras tarifarias son en general progresivas, es decir, el costo por kw asciende a medida que los usuarios consumen una mayor cantidad de electricidad, los subsidios parecen distribuirse uniformemente en relación al consumo de cada decil.
Así, los dos deciles más ricos acumulan el 22,9% de los subsidios al consumo eléctrico, mientras que el 20 % más pobre acumula el 17,4%, sostiene. 
En nuestro país existen más de dos decenas de distribuidoras.
Salvo las ubicadas en el Gran Buenos Aires, el resto se encuentran fuera de la jurisdicción de control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
En este marco, cada provincia regula a cada distribuidora fijando así un cuadro tarifario propio.
El gran interrogante que se abre es acerca de la metodología que implementará Juan José Aranguren, el Ministro de Energía y Minería, para asegurarse que quiénes más lo necesitan sigan recibiendo la ayuda del Estado.
Ayer, consultado sobre este tema, pidió diez días de plazo para dar información precisa.
Para las zonas en donde tiene jurisdicción, el Gobierno está encarando un relevamiento a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para identificar a las personas que reciben planes sociales.
Se calcula que un 10 por ciento de los beneficiarios que saldrán de este relevamiento podrán seguir con la tarifa social, aunque para una demanda promedio familiar.
El otro 10 por ciento que se estima será alcanzado, aún está en proceso de evaluación.
La idea es promover el uso eficiente y racional del recurso, a través de premios, castigos y descuentos.
También se está pensando en abrir un registro para que voluntariamente las personas puedan solicitar el subsidio presentando documentación que certifique la necesidad de la ayuda del Estado. 