Membros do Parlamento exigem explicações sobre o descumprimento da lei de energias renováveis 26.190.

En 2006, se sancionó la Ley Nacional 26.190 para complementar la Ley 25.019 y con la particularidad de incluir a las energías eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, la biomasa y el biogás de diferentes orígenes.

Esta Ley fijó un objetivo claro: para el 2016, el 8 por ciento del consumo eléctrico local deberá ser abastecido con fuentes de energías renovables.

Para cumplir con esa meta se establecieron ciertos beneficios, entre otros, régimen de inversión estable por un periodo de 10 años, exenciones impositivas, remuneración adicional respecto del precio de mercado de energía y la creación del Fondo Fiduciario de Energías Renovables (Art. 14). Juan Francisco Casañas, diputado de la Unión Cívica Radical por Tucumán, presentó un proyecto de Resolución exigiendo al Poder Ejecutivo que "detalle si el objetivo de lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta el OCHO POR CIENTO (8%) del consumo de energía eléctrica nacional se ha alcanzado, y si de no ser así, informe el porcentaje alcanzado hasta el presente año desde la puesta en vigencia del presente régimen.

También reclama información sobre "inversiones en emprendimientos de productivos en energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional que se han implementado a partir de la puesta en vigencia del presente régimen, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente y la explotación comercial.

Y como aspecto importante, Casañas solicitó conocer sobre el "Presupuesto asignado al FONDO FIDUCIARIO DE ENERGIAS RENOVABLES, en base a los recursos y con el destino establecido por el Artículo 5º de la Ley Nº 25.019, con las modificaciones introducidas por el Artículo 14 de la Ley Nº 26.190.

Por último, detalles sobre los convenios con universidades nacionales, provinciales públicas o privadas e institutos de investigación que se han firmado sobre desarrollo de tecnologías aplicables al aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.

Y acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados en la investigación.