Javier Milei presentó los detalles de su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que apuntó más de 300 reformas, entre las que derogó seis leyes energéticas y dejó sin efecto a 21 artículos de la Ley N° 27424, aquella que establece el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Puntualmente el gobierno derogó los artículos 16 a 37 de la Ley N° 27.424, por los que desactivó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) y otros instrumentos y beneficios fiscales para aquellos usuarios que optaran por esta alternativa renovable. Es decir que ya no se aplicarán los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables. "Resulta imperioso una simplificación en la Ley N° 27.424 de energía distribuida, eliminando la ayuda estatal y la estructura de control", considera el DNU lanzado a través de Cadena Nacional en donde no sólo estuvo el presidente de Argentina, sino también varios funcionarios, entre ellos el nuevo secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo. Por lo que surge el gran interrogante de si la GD en Argentina entrará en un stand by, considerando que el país actualmente sólo tiene 1555 usuarios - generadores (U/G) y 29,8 MW de capacidad instalada (sumado a otros 14,5 MW de potencia reservada en 583 U/G). Y cabe recordar que en el Plan Nacional de Energía y de Cambio Climático de 2017 se estipuló que Argentina debía tener más de 23700 U/G al cierre del 2023; mientras que el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) 2022, lanzado en el gobierno de Alberto Fernández, estableció que se instalarán 1000 MW de distribuida hacia la próxima década. ¿Incertidumbre para obras de transmisión? El DNU también determinó la derogación de la Ley N° 25.822 de Plan Federal de Transporte Eléctrico, a la par que dio de baja el Decreto N° 634/03 sobre ampliaciones de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución Troncal, por el que se autorizó a la Secretaría de Energía a la redeterminación de canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una ampliación, hasta la habilitación comercial de la misma. Aunque dicho decreto aclaraba que sólo podía suceder cuando el costo de los rubros principales que lo componen y hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios del contrato de la Ampliación superior al 10%. El futuro de YPF, en duda Una de las principales propuestas de campaña de Milei fue la privatización de las compañías estatales, como por ejemplo YPF, mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado.
Hecho que generó controversia y opiniones cruzadas dentro del sector energético y de las autoridades gubernamentales salientes y entrantes (ver nota) Pero a casi dos semanas de haber asumido la presidencia y a través del DNU el referente de La Libertad Avanza ya abrió las puertas a la entrega de la empresa energética con mayoría de capitales estatales a manos privadas. "Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas", detalla el inicio del Capítulo II de la normativa publicada en Boletín Oficial este jueves 21 de diciembre de 2023. Y cabe recordar que YPF Luz, la división para proyectos de energía eléctrica de YPF, hoy en día se posiciona como la segunda mayor generadora de energías renovables de Argentina, dado que cuenta con tres parques eólicos y una central fotovoltaica operativas, las cuales suman un total de 497 MW de capacidad instalada, además de otra planta eólica de 155 MW en construcción. Tras el anuncio con estas medidas, el ex secretario de Energía de la Nación y diputado provincial de Neuquén, Darío Martínez, criticó duramente al gobierno de turno y las iniciativas impuestas. "El DNU es un combo muy amplio, de derogación de tantas leyes, que, en principio, no cumple con las definiciones ni de Necesidad ni de Urgencia, y que esas reformas o derogaciones deberían tratarse con iniciativas individuales del PEN en el Congreso", afirmó. "Está claro que pretende cercenar derechos laborales, precarizar y desproteger a los trabajadores, anular los regímenes de promoción Industrial y de compre nacional, iniciar el camino de la privatización de YPF y otras empresas públicas, así como otras leyes que defienden a los consumidores, a quienes necesitan medicamentos, y debilitan las Obras Sociales", agregó.
Por Florencia Guglielmetti
Por Energía Estratégica
Por Matías Medinilla
Por Emilia Lardizabal
