"El consumo energético residencial es el segundo componente de la demanda total energética del país.
Según el Balance de Energía Nacional 2016 del Ministerio de Energía y Minería, el consumo de los hogares supera ampliamente al de la industria y es casi cuatro veces superior al consumo del sector agropecuario", fundamenta el proyecto de Ley de Promoción de Eficiencia Energética Domiciliaria, presentado el 29 de octubre pasado.
Los firmantes de la propuesta, cuyo número de expediente es 6746-D-2018, son todos diputados oficialistas: Adolfo Menna, Álvaro González, Sofía Brambilla, Juan Carlos Villalonga y Fernando Iglesias.
El Artículo 1 plantea la creación del "Programa de Promoción de Eficiencia Energética Domiciliaria", que tendrá como objetivo "mejorar la eficiencia y reducir el consumo doméstico de energía a través de la migración a las mejores tecnologías disponibles, mediante beneficios crediticios e impositivos.
Los equipos e insumos afectados serán "productos electro y gaso domésticos, cerramientos, ventanas e insumos de construcción, que posean etiquetado de eficiencia energética con la clasificación más eficiente de cada segmento al momento de la compra. Lea también: "Eficiencia energética: el IDITS ya asesora a 150 empresas en políticas de ahorro energético junto a líneas de financiamiento del BICE" Para ello, el proyecto procura que el Banco Nación y las entidades con participación estatal mayoritaria dispongan de una línea de crédito orientada a la adquisición de estos bienes, "cuyo plan de devolución no podrá ser inferior a 12 cuotas, y con un Costo Financiero Total (CFT) cuyo porcentaje no podrá exceder el 50% de la inflación prevista en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal de cada año.
"La renovación del parque electro y gasodoméstico y el mejoramiento de las aislaciones y cerramientos de las viviendas permiten a los hogares reducir significativamente sus costos de energía", destaca la propuesta dentro de los considerandos.
Y completa: "tal reducción del consumo hogareño representaría un ahorro al Estado en términos de subsidios a energía residencial, disminuiría la salida de divisas por importaciones de energía, y permitiría en conjunto con otros programas de eficiencia energética el diferimiento de inversiones en infraestructura.