Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con una fuerte impronta sobre la salud de las personas y el medioambiente, el acceso a la energía y la justicia social.
Esta hoja de ruta sugiere que el Gobierno de Gustavo Petro finalizará su gestión con 2.000 MW de energías renovables (FNCER) al final de su mandato, partiendo de que actualmente hay 297,08 MW eólico y solar fotovoltaico en operaciones.
"Para contar con el desarrollo de nuevas plantas de generación con FNCER se determinarán e implementarán los mecanismos regulatorios y de mercado, así como las condiciones para su vinculación al sistema energético nacional", asegura el documento.
Promete: "se establecerá el marco regulatorio y el programa para la democratización de la generación, la valorización energética de los residuos sólidos y lixiviados de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el aprovechamiento de la biomasa, geotermia, energía proveniente del océano, biogás para la generación de energía.
Y agrega: "se implementarán líneas de crédito y programas que financien el desarrollo de estos proyectos.
Así mismo, con el propósito de garantizar la confiabilidad y entrada de los proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales se buscarán mecanismos que permitan avanzar en el licenciamiento ambiental y consulta con comunidades indígenas.
Además, se remarca que "se priorizará el uso de recursos energéticos locales, garantizando a su vez la estabilidad y el respaldo del sistema eléctrico a través de la implementación de sistemas de almacenamiento y el uso de fuentes renovables para la sustitución progresiva y segura de las plantas termoeléctricas. Fondos El PND 2022-2026 fija la continuidad de planes de financiamiento para proyectos de energías renovables.
Por un lado, el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC), que se llamará Fondo para la vida y la biodiversidad y tendrá por objeto articular, focalizar y financiará ejecución de planes, programas y proyectos de índole nacional o territorial, encaminados a la acción y resiliencia climática, la gestión ambiental, la educación y participación ambiental y la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Por otro, el Fondo de Energía Social (FOES), que continuará siendo administrado por el Ministerio de Minas y Energía como un sistema especial de cuentas, que a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley podrá cubrir hasta noventa y dos pesos ($92) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales.
También le brinda continuidad al Fondo anico De Soluciones Energéticas (FONENERGÍA), apuntando a la "coordinación, articulación y focalización de las diferentes fuentes de recursos para financiar y realizar pIanes, proyectos y programas de mejora de la calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética y normalización de redes a través de soluciones de energía eléctrica y gas combustible, con criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social. Transferencias Como estaba previsto, el PND fija que aquellas plantas nuevas que aún no se encuentren en operación y que estén localizadas en áreas con la mayor radiación solar promedio anual (mayores a 5 kWhlm2ldía) y de mayor velocidad promedio de viento (mayores a 4 mis a 10m de altura), de acuerdo con los últimos datos disponibles en los atlas de radiación y velocidad de viento del IOEAM, el porcentaje de la transferencia a la que se refiere este artículo será del 6% de las ventas brutas de energía por generación propia y será implementado de manera gradual.
Actualmente este pago de tasas de proyectos renovables a las comunidades es del 1%.
Según el sector, esta maniobra desalentaría ciertas inversiones, pero desde el Gobierno aseguran que es una buena estrategia para que los originarios reciban mayor beneficio de estos emprendimientos y, a partir de ello, el proceso de consultas previas sea más sencillo. ¿Cómo se aplicará? STranscurridos dos (2) años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aumentará dos (2) puntos porcentuales, quedando en tres por ciento (3%).
Al tercer año de la entrada en vigencia de la presente ley, se aumentará un (1) punto porcentual, quedando en cuatro por ciento (4 %).
Al cuarto año de la entrada en vigencia de la presente ley, se aumentará un (1) punto porcentual, quedando en cinco por ciento (5%).
A partir del quinto año de la entrada en vigencia de la presente ley, se aumentará un (1) punto porcentual, llegando al seis por ciento (6%)", fija el documento. Nuevas tecnologías y aplicaciones El PND hace mención no sólo al hidrógeno verde (producido con fuentes renovables como la eólica y la solar fotovoltaica) sino al hidrógeno blanco, que es elaborado con energía geotérmica.
"El Gobierno Nacional impulsará la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica a partir de FNCER, ajustando e implementando las hojas de ruta del hidrógeno y de la energía eólica costa afuera", indica el documento.
También enfatiza sobre la figura de las Comunidades Energéticas, donde "los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.
En el plan se detalla que pueblos y comunidades originarias podrían unirse para generar este tipo de iniciativa siendo "beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura.
Se especula con que se desarrollarán 20 mil nuevos usuarios con generación de energía a partir de Fuentes no convencionales de energía renovable que se benefician de comunidades energéticas. Nuevos edificios públicos El PND indica que el Gobierno nacional, y el resto de las administraciones públicas, en un término no superior a un (1) año, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley realizarán una auditoría energética de sus instalaciones, con una periodicidad de cada cuatro (4) años y establecerán objetivos de ahorro de energía a ser alcanzados a través de medidas de eficiencia energética y la implementación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -FNCER-.
Cada entidad deberá implementar en el siguiente año posterior a las auditorías energéticas, estrategias que permitan un ahorro en el consumo de energía de mínimo 15% respecto del consumo del año anterior, y apartir del segundo año, metas sostenibles definidas por la auditoría ya ser alcanzadas a más tardar en el año 2026.