Una nueva interrupción masiva dejó sin energía a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuando una falla técnica en la estación transformadora de Morón, operada por Edenor, disparó la desconexión de cuatro líneas de alta tensión (220 kV). El impacto fue inmediato: se perdieron 3000 MW de carga, lo que representa cerca del 15% de la demanda total del país.
En paralelo, los sistemas de Desconexión Automática de Generación (DAG) actuaron y varias centrales salieron de servicio, afectando también a la red de Edesur. Para el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Paulo Farina, este hecho vuelve a mostrar las consecuencias de la falta de planificación a largo plazo y acciones concretas para mejorar la estabilidad del sistema. "Tanto Edenor como Edesur deberían hacer inversiones de media edición importantes.
Les faltan subestaciones de transformación.
La lógica era que acompañen a las obras de 500 kV (dependientes del gobierno nacional), pero no se están haciendo obras 500 kV ni de 220 kV. SEl sistema del anillo de Buenos Aires está frágil y cualquier ola de calor le exige demasiado.
Hay restricción de importación en alta tensión, los planes de transporte están hace años, pero siempre se pospusieron y el problema es que, si aún hoy se encarase la problemática, son inversiones de, al menos, tres años", sostuvo en diálogo con Energía Estratégica. Es decir que, más allá que la falla técnica en la localidad de Morón pudiera resultar un caso particular, el origen profundo del problema se debería a la postergación de obras que permitan ampliar la capacidad de transmisión. La consecuencia de esa demora es que los operadores terminan recurriendo a medidas tácticas.
Una de ellas fue la instalación de sistemas de almacenamiento, como los 713 MW de baterías adjudicadas bajo la licitación AlmaGBA, que buscan amortiguar los picos de demanda. "Primó la velocidad, casi como una usina hidroeléctrica moderna", compara Farina.
El objetivo es cargar las baterías durante los momentos de baja demanda y utilizarlas en media tensión cuando se produzcan picos, evitando saturar la red de alta tensión.
Pero para el exfuncionario, se trata de una solución coyuntural que no resuelve los problemas de fondo. "El gobierno de Milei decidió no pagar todo con tarifa y que las inversiones las hagan las propias empresas y recuperen la inversión en más de cinco años.
Se privilegió que, si se elimina el esquema de subsidios como está previsto, el usuario final que abone el precio pleno no abone costos tan altos como los que se registran en otros mercados regionales", remarcó el especialista. El ex subsecretario de Energía Eléctrica también insistió que, a diferencia de otros países que han sufrido apagones recientes, como España y Chile en 2025, el problema argentino no radica en fallas tecnológicas, sino en la falta crónica de inversión. ¿Qué hacer ante el riesgo constante? Una de las soluciones de fondo resultaría el pronto lanzamiento de licitaciones para la construcción de proyectos de transmisión eléctrica, ya sea a través de concesión al sector privado como anticipa el gobierno de Milei, o bien a través de la modalidad de Participación Público-Privada (PPP). Y cabe recordar que la contratación bajo dicho esquema contemplaba la constitución de un fideicomiso financiero que tenía a su cargo la suscripción y ejecución del contrato hasta su terminación.
Los fondos que administra provienen de un cargo específico que para el caso del sector eléctrico lo abonan los usuarios que componen la demanda del sistema. "Es raro que el gobierno aún no haya podido todavía lanzar PPP para ampliar el sistema.
Y no representaría mucho dinero en la tarifa final, en el peor de los casos son 5 o 10 dólares más, y creo que habría ofertas del sector para construir", apuntó. ¿Y la generación distribuida? Farina considera que la actual administración no estaría dispuesto a replicar modelos como el brasileño, dado que implican fuertes incentivos tarifarios, a pesar que la GD fuera clave para descentralizar el sistema. Sin embargo, sugiere avanzar con medidas de focalización en la demanda, como por ejemplo instalar medidores inteligentes en sectores de altos ingresos, que concentran gran parte del consumo. "Requiere tiempo y coordinación de la política, pero se debería hacerlo y que haya una política de consumo racional", concluyó.