El sector energético fue uno de los más debilitados y peor gestionados por la política pública durante la década anterior a diciembre de 2015.
Las nuevas autoridades encontraron infraestructura deteriorada, dé- ficits en generación, irregularidades en el comercio exterior, subsidios abultados y arbitrarios y una crisis notoria en la provisión de energía.
Las tarifas de electricidad, por ejemplo, se habían mantenido congeladas durante más de una década, aún con inflación alta por mucho tiempo.
Entre 2001 y 2012 las tarifas residenciales de electricidad cayeron un 80% en términos reales.
Estos precios artificialmente bajos llevaron a un aumento del consumo y una caída de la producción de energía.
Entre 2003 y 2015 el consumo de gas natural creció 41%, el de energía eléctrica creció 58% y el de naftas, 153%.
Sin precios razonables, la oferta no acompañó.
Entre 2003 y 2014 se perdió un stock de reservas equivalente a casi dos años de producción de petróleo y a más de nueve años de producción de gas.
Esto produjo un deterioro del servicio: los cortes en la provisión de gas, sobre todo a la industria, pasaron de 3% en julio de 2003 a 17% en julio de 2015; y los cortes de electricidad en la región metropolitana de Buenos Aires pasaron de 8,3 horas por hogar en 2003 a 32,5 horas por hogar promedio en 2015.
Esta situación perjudicó a los usuarios domiciliarios, al comercio y a la industria.
Así, Argentina perdió su autosuficiencia energética.
La caída de la producción y el aumento del consumo redujeron los excedentes exportables y aumentaron las importaciones.
La balanza comercial energética pasó de un superávit de 4.900 millones de dólares a un déficit estimado de 5.000 millones de dólares entre 2003 y 2015.
A medida que fue dejando de ser generadora de divisas y se transformó en consumidora de divisas, la política energética se sumó a la lista de causas que terminó en la implantación del cepo cambiario en 2011.
La brecha entre el costo de producción y los precios artificialmente bajos de la energía fue cubierta por subsidios del Estado nacional, que con los años se transformarían en una de las causas principales del déficit fiscal: el gasto en subsidios e inversiones en energía de la administración nacional pasó de 1,2% del PBI en 2008 a 4,1% del PBI en 2015.
Entre 2007 y 2015 el total acumulado de subsidios volcados desde el Estado al sistema energético fue de 600.000 millones de pesos, según datos oficiales.
Se pasó de 1.185 millones de pesos en 2005 a 139.400 millones de pesos en 2015.
Esto representó un incremento nominal del 12.000% en diez años.
Según la consultora KPMG, entre 2005 y 2015 el Estado destinó 85.000 millones de dólares al conjunto del sector energético, una suma equivalente a tres veces el tamaño de las reservas del Banco Central en diciembre de 2015.
Los subsidios, además, fueron distribuidos sin equidad ni federalismo: una parte muy importante de ellos beneficiaron a usuarios de clase media de la región metropolitana de Buenos Aires.
Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, la tarifa eléctrica abonada por los usuarios de Edesur y Edenor era siete veces inferior a la que pagaban, en promedio, los clientes de las empresas de energía del interior del país.
Los subsidios tampoco permitieron la creación de un círculo virtuoso en materia ambiental: entre 2003 y 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron 144%.
En materia hidrocarburífera, se heredaron compromisos sin cancelar por más de 30.000 millones de pesos.
Muchos actos administrativos arrastraban una demora de años.
En otros casos, ni siquiera existía información sobre el nivel de cumplimiento efectivo de compromisos.
Por ejemplo, el plan Más Cerca, conjunto de convenios con municipios, y la estructura de los fideicomisos del sector.
La producción local de hidrocarburos tuvo un marcado retroceso en la última década.
La de petróleo cayó un 12%.
Pasó de 800.000 barriles diarios en 2005 a 700.000 en 2015.
Por su parte, la de gas natural se desplomó un 26% en el mismo periodo, pasando de los 51.000 a 38.000 millones de metros cúbicos entre 2005 y 2015.
En materia hidroeléctrica, el desarrollo fue prácticamente nulo.
Los sistemas de adjudicación eran poco transparentes y de mucha discrecionalidad.
Pese a haberse celebrado por altos precios, casi todos los contratos fracasaron.
Un contrato para hacer una represa sobre el Río Santa Cruz no se encuadraba dentro del marco jurídico y legal vigente ni contaba con un estudio de impacto ambiental.
El sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica tenía muchos problemas de gestión e inversión.
El financiamiento de los gastos de funcionamiento de las empresas y la inversión en el sector dependían de las transferencias del Tesoro Nacional, por más de 160.000 millones de pesos al año.
Pese a estas cifras, los servicios prestados eran ineficientes y de muy baja calidad.
El sistema de generación dependía de las importaciones en hora pico, a causa de la alta indisponibilidad del parque generador.
En los últimos doce años, el promedio de cortes de luz aumentó de cuatro a siete interrupciones anuales por usuario y de 8 horas a 33 horas sin luz como promedio anual (un aumento del 450%).
Era generalizado el atraso en los compromisos financieros, tanto del Gobierno Nacional para con las provincias como de las provincias para con CAMMESA, la empresa que centraliza el sistema, por montos que superaban los 20.000 millones de pesos.
Durante los últimos quince días del gobierno anterior, después de conocido el resultado de las elecciones, se modificaron varios contratos que mostraban incumplimientos significativos por parte de los generadores, en lugar de iniciar los procesos de rescisión regulares.
Los entes reguladores tuvieron un desempeño mediocre: permanecieron incumplidas las leyes que fijan los marcos regulatorios para la electricidad y el gas.
Abandonando su rol original, tanto el ENRE, que regula la electricidad, como el ENARGAS, que supervisa el gas, pasaron a ocuparse de temas de gestión, incumpliendo el mandato de las leyes respectivas que los obligaban a abocarse a tareas de control.
En el caso del ENARGAS, al asumir la nueva gestión se verificó la existencia de trámites frenados o "cajoneados" por orden verbal.
Dado lo establecido por la Ley 24.076 las autoridades debieron activar numerosos incidentes administrativos con el fin de encauzar el normal desarrollo de los expedientes.
Similares falencias se observaban en las áreas legales correspondientes a Energía: la dispersión en la organización administrativa era notoria, con numerosos asesores realizando tareas desconectadas y demoras de hasta seis meses en la emisión de los dictámenes jurídicos obligatorios para los expedientes.
Numerosos contratos fueron renovados poco antes del 10 de diciembre de 2015, a pesar de que hacía largo tiempo permanecían vencidos o incumplidos.
En detrimento de los intereses del Estado Nacional, hubo numerosos proyectos de obra que fueron estructurados por fuera del régimen legal aplicable.
Un claro ejemplo de esto es el de las represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz.
La Central Térmica Río Turbio careció de proyecto ejecutivo inicial, lo que derivó en cambios de diseño sin licitación y una ampliación ilimitada de la obra.
Estas irregularidades fueron denunciadas ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal.
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