Luego de profundizar en las subastas de grandes parques, la generación distribuida fue uno de los temas que el Gobierno le dedicó especial atención el año pasado, empujando el proyecto que consensuaron diversos legisladores de la Comisión de Energía y Combustbiles de la Cámara de Diputados, entre ellos, Juan Carlos Villalonga (Cambiemos).
Hace poco menos de dos semanas, CADER presentó al Gobierno un documento detallado que resume las valoraciones realizadas por sus asociados y directivos respecto a la reglamentación de la Ley Nacional 27.424.
Para elaborarla, se llevaron adelante varias reuniones para analizar el informe.
Energía Estratégica conversó con Marcelo Álvarez, presidente de CADER, sobre dicha propuesta que cuenta con 23 comentarios, entre observaciones transversales y cuatro capítulos detallados.
El referente de la industria explicó que "como aporte preliminar se aclara que los comentarios están motivados principalmente por la idea de alcanzar un mercado competitivo, estimular el mayor uso eficiente de la superficie urbana, reducir los requerimientos y costos de transacción, trasladar al prosumidor los ahorros que obtendrá el Estado y asegurar la seguridad y calidad de servicio.
Dentro de las medidas que se sugieren dentro del primer capítulo de la propuesta se destaca: "tener la información de la energía generada y consumida por los prosumidores.
En este sentido, señala que "al gran Usuario multi-domiciliario creado por el Decreto 531/201 (...) permitírsele cumplir con la cuota de generación obligatoria exigida por la Ley 27.191"; "aclarar cómo sería el procedimiento (...) para que el distribuidor imponga condiciones que no se encuentren objetivamente justificadas.
Los empresarios además agregan en su capítulo 2 detalles respecto al Artículo 10 de la Ley, proponiendo aprobar un modelo de contrato realizando previamente una consulta pública que garantice el consenso de las partes.
El capítulo 3, asimismo, trata aspectos significativos sobre la articulación de la reglamentación por parte de las provincias y municipios que adhieran a la ley nacional.
También propone flexibilizar las limitaciones que puedan surgir, sobre todo con las que se puedan encontrar los usuarios particulares.
"Las restricciones a la cesión de créditos entre usuarios de distintas distribuidoras", ejemplifica Álvarez.
Finalizando, en el capítulo 4 se trata el tema de la figura de la Autoridad de Aplicación, su entidad y límite de injerencia.
En este punto, se plantea el establecimiento del precio de la energía inyectada, proponiendo que se rija por lo que surja en cada momento del MEM para minimizar la distorsión en el mercado de generación y apreciar la competitividad.
Para concluir, los últimos comentarios de este capítulo están dedicados a los incentivos necesarios para el establecimiento de una industria nacional competitiva en términos internacionales.
El objetivo, explicitan los empresarios, es ir retirando paulatinamente los incentivos otorgados hasta su eliminación.
En concreto, la intención es que no afecte el precio estacional de la energía y se calcule a partir de la formula LCOE (Levelized Cost of Energy).
Álvarez destaca que el documento que se comenzó a elaborar el pasado 21 de Diciembre en comisión abierta pudo recibir los aportes de todos los asociados a la Cámara para ser completado.
Fue además trabajado en una comisión de redacción y ya presentado al área correspondiente dentro del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para su evaluación.
Por Florencia Guglielmetti
Por Energía Estratégica
Por Matías Medinilla
Por Emilia Lardizabal
