Las nuevas autoridades de gobierno de Honduras acusan una pesada herencia que recae sobre las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). No sorprendió que durante la toma de posesión en enero del 2022, la presidente Xiomara Castro, se haya referido a aquello; pero sí resultó extraño e inesperado que mandatara una revisión de contratos con las generadoras privadas para el "rescate" de la estatal. "Se han otorgado decenas de contratos de generación de energía solar, térmica e hidroeléctrica a precios onerosos y lesivos al interés nacional", había acusado Castro durante su primer discurso oficial como presidente constitucional. De allí, es que las nuevas autoridades de la ENEE empezaron a revisar esos contratos antes de pagar los pendientes, dilatando aún más los 13000 millones de lempiras de deuda que la estatal tiene pendiente de pago con generadoras eléctricas privadas. El escenario se complicó aún más al materializarse una Mesa de Renegociación de Contratos con Generadores.
Y, según pudo saber Energía Estratégica, las reuniones que iniciaron el 2, 3 y 4 de mayo y se continuaron ayer 12 de mayo aún no logran consensos. Que encima el pleno del Congreso Nacional haya aprobado el 11 de mayo la reforma de la ley eléctrica terminó por dejar al sector eléctrico en una peligrosa incertidumbre. En conversación con este medio, Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) y gerente de Asuntos Regulatorios y Relacionamiento de CMI Capital, advirtió: "Luego de la aprobación de la reforma eléctrica, nos preocupa que no se tomaron en consideración varios aspectos que se habían planteado en reuniones previas, como lo referente a los mecanismos de revisión de contratos y compromisos adquiridos ante las banca internacional por parte de los inversionistas y considerar incluso la terminación de la relación contractual en caso de no llegar a un acuerdo". En concreto el artículo 5 de la denominada Ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, determina que "en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio". De allí que la referente empresario alerte: "Esto pone en riesgo la certeza jurídica y desincentiva la inversión extranjera en el país que tanto necesita el desarrollo económico". ¿Cuál sería la solución? Desde AHPEE, Karla Martínez observó: "La reforma eléctrica debe tratarse de manera conjunta entre los sectores implicados para buscar la mejor solución para la ENEE". "Desde nuestras capacidades, siempre hemos estado dispuestos a trabajar de la mano con el Estado de Honduras en la búsqueda de soluciones a la crisis de la ENEE y el sector eléctrico en general, y continuar contribuyendo al desarrollo de las comunidades con las que nos relacionamos". "A la vez, buscamos que se nos escuche en las reuniones que tendremos nuevamente y se puedan revisar los contratos en un marco de construcción de valor de ambas partes.
