El paquete de reformas promovido por el gobierno saliente y el entrante abren un escenario de incertidumbre en todo México y el sector eléctrico no está ajeno a esto.
La reciente aprobación de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la constitución ha desatado una serie de cuestionamientos, particularmente por la alteración del modelo que ahora busca dar prevalencia al interés público sobre el privado en el mercado.
Esto implica, en palabras de las autoridades, que se privilegiará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un 54% de participación en la generación eléctrica, relegando a los actores privados al 46%.
Sin embargo, este número no es realista y su prevalencia plantea serios desafíos para la competitividad, según el análisis de Gonzalo Monroy, Director General de GMEC. "Ese 54% es la generación teórica o el techo máximo que podría alcanzar la CFE si todas sus plantas operaran al 100% de su capacidad, algo que en la actualidad no ocurre", puntualiza el experto.
Según Monroy, la infraestructura actual de la CFE, compuesta en gran medida por plantas termoeléctricas obsoletas y una baja disponibilidad en hidroeléctricas debido a condiciones climáticas, dificulta alcanzar este objetivo.
Aquello ha despertado voces en contra principalmente desde el sector privado que verá reducida su participación en el mercado frente a las empresas de un Estado que será juez y parte si además se dan a lugar la desaparición de los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), corriendo el riesgo de aumentar las discrecionalidades en el mercado.
Otro cambio que trae consigo la reforma es la modificación del orden de despacho de energía, anteriormente basado en el costo variable de corto plazo.
Esto significaba que las energías renovables, por su bajo costo de generación, se despachaban primero.
Con la reforma, las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE pasarían a ser las primeras en ser despachadas, seguidas de las renovables privadas y, en último lugar, las plantas de ciclos combinados.
Esta alteración impactaría los costos de generación, que, según las proyecciones de Monroy, podrían aumentar de gran manera, afectando directamente la competitividad del sector.
Este aumento en costos no solo repercutiría en las tarifas industriales, que no cuentan con subsidios, sino que también presionaría al gobierno a incrementar los subsidios eléctricos residenciales.
"Estamos proyectando que el costo de generación total del sistema aumente más de 25% con este cambio en el despacho, principalmente por la sustitución de energías renovables por plantas termoeléctricas", advierte Monroy.
Ante esto, se prevé una mayor asignación presupuestaria para cubrir los subsidios eléctricos, que ya rondan los 7 mil millones de dólares.
Un aspecto crítico adicional de la reforma es la facultad que otorga a CFE y Pemex para realizar proyectos no necesariamente rentables.
Al redefinirlas como empresas públicas y no productivas del Estado, pierden las obligaciones de viabilidad económica que hasta ahora les regían.
Esto, a juicio de Monroy, abre la puerta a inversiones menos eficientes, incrementando el riesgo de déficit financiero que terminará recayendo en las arcas del Estado.
Por su parte, la reforma judicial, que limita la posibilidad de amparos con carácter general, también complica el panorama para los privados.
Si bien anteriormente los amparos detenían la implementación de reformas, ahora, cada actor deberá presentar su caso individual para ser considerado ante una corte. "Los amparos ya no van a tener esos efectos generales.
Esto anula prácticamente su función, cuestionó Gonzalo Monroy, Director General de GMEC.