Según registros de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el operador del sistema, XM, en junio pasado un 20% de los proyectos de energía con concepto favorable de conexión ya tenían vencido el plazo comprometido de puesta en marcha.
Tampoco habían otorgado garantías para amparar la utilización de la capacidad de transporte asignada.
En números concretos, de los 147 proyectos de generación de energía con capacidad de asignación de redes de transmisión, por 8.365 MW, 29 iniciativas, por 348 MW, se encuentran en esa situación irregular.
Y se estima que la lista de proyectos se amplíe con el paso de los meses.
Con la llegada del boom de las renovables a Colombia, inversionistas locales e internacionales con deseos de avanzar en emprendimientos se encuentran con este problema.
En respuesta a ello, el Gobierno de Iván Duque está evaluando una serie de medidas para depurar este espectro variopinto.
En diálogo con Energía Estratégica, Pablo Corredor, especialista en energías renovables y Gerente de la firma PHC, hace un repaso de los principales cambios que se discuten y da su parecer sobre cada uno de ellos.
Para comenzar, Corredor destaca que muchas de estas modificaciones fueron contempladas oportunamente en la Misión de la Transformación Energética, ejercicio del que él formó parte en su etapa inicial.
En primer término, el especialista considera importante que todas las solicitudes de conexión se concentren en la UPME.
"Así se tendrán más posibilidades de control" del sistema, sostiene.
En segundo lugar, opina que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendría que estandarizar procedimientos de habilitación de proyectos para todas las distribuidoras y cooperativas eléctricas.
"Hoy en día los operadores de red, si bien obedecen a reglas generales, cada uno las aplican a su criterio.
Y ahí aparecen barreras, señala Corredor.
El tercer punto que plantea, y quizás el más importante, tiene que ver con fijar pautas para que los proyectos terminen construyéndose.
"Hay que evitar que promotores de proyectos en etapas tempranas se asignen capacidad de transporte que luego no van a realizar, quitándole la posibilidad a emprendimientos que sí tienen más posibilidades de ejecutarse", advierte y argumenta: "eso genera barreras en la entrada de proyectos y no optimiza el uso de la red de transporte". ¿Cómo lograrlo? Por un lado, Corredor plantea la caducidad de permisos en un plazo razonable.
"Hay aprobaciones de hace 5, 6 o 7 años para emprendimientos que ni siquiera han comenzado en su etapa de ingeniería", indica.
Opina que en las nuevas medidas "no deberían conceder plazos mayores de uno o dos años para el inicio de construcción, una vez aprobado el concepto de conexión.
Por otro lado, propone que las garantías financieras para la presentación de un proyecto sean más rigurosas.
Explica que actualmente se exige un dólar por kW.
"Pagar mil dólares por MW no es garantía", observa.
Para el Gerente de PHC estos seguros deben ser calculados "de manera que no sean una barrera para inversionistas sin mucha robustez financiera pero sí que por lo menos puedan presentar desembolsos respecto a un porcentaje estimado del pago de lo que exija la conexión o por kW, pero no como la que hay hoy. 
Pablo Corredor, Gerente de la firma PHC Transferencias peligrosas Una de las nuevas medidas que analiza el Gobierno es que el asignatario de un punto de conexión pueda transferir su concepto favorable de conexión a un tercero, cosa que actualmente no está permitido.
"Preocuparía que empiecen a haber inversionistas que no estén intencionados en acceder al proyecto sino simplemente a quedarse con la capacidad de transporte para después venderla", indica Corredor.
Para el especialista, si es que se opta por esta mecánica, se tendrán que incorporar condiciones "muy estrictas" para permitir la cesión.