Mauricio Macri, el máximo referente de la oposición y aspirante a conquistar la casa Rosada en 2016, ubicó el tema de las energías renovables durante el festejo de Horacio Rodríguez Larreta como ganador de las elecciones a Jefe de Gobierno porteño.
En su turno como orador, textualmente Macri señaló sobre la importancia de "la recuperación de la soberanía energética que este gobierno perdió, para lo cual también será tenida en cuenta la importancia de cuidar el medio ambiente y por eso se dará impulso a las energías renovables".
No obstante, uno de sus hombres de confianza y que tendría injerencia en los asuntos económicos en caso de hacerse con la presidencia, Federico Sturzzeneger, votó en disidencia parcial en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley diseñado por Marcelo Guinle, el senador del oficialismo por Chubut, que establece una ingeniería financiera para lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz esté conformada por energías renovables.
Algunos de sus argumentos van en línea con reparos que plantearon subsectores de la industria que no están del todo conformes con el texto de la iniciativa.
En resumen, los cuestionamientos apuntan contra el límite para el pago de la energía (MWh) en 113 dólares; plantea que descarta a la hidroeléctrica; no está de acuerdo en que el grueso de las obligaciones recaiga sobre los grandes usuarios; también desconfía de los beneficios fiscales. Argumentos de Sturzenegger SObviamente, cualquier iniciativa en este sentido, también conlleva un costo.
El impulso de energías renovables es necesario para generar un desarrollo que naturalmente por sí mismo no se llevaría a cabo.
La justificación de política es que hay externalidades que ameritan pagar ese mayor costo, pero también es cierto que de implementarse este proyecto, nuestra actividad económica, y sobre todo la industria deberán sustentar costos de producción más altos, con el consiguiente efecto sobre la productividad y competitividad de la economía. Los fundamentos refutan esta preocupación comentando que hoy el costo marginal de producción con combustible importado supera el valor de producción de fuentes renovables (en particular, la eólica), pero la falta de desarrollo del sector atestigua que el mismo no considera que el costo marginal de la energía se mantenga en estos valores una vez desarrollado los recursos de gas natural de Vaca Muerta. Dicho esto, la implementación adolece de algunas consideraciones que creemos podrían haberse resuelto más acabadamente.
Entre ellas vale mencionar: a) El precio máximo estipulado para la energía parece hacer viable únicamente a la energía eólica, pero no a otras fuentes de energía renovable.
Así la ley parece generar un sesgo particular hacia una fuente de abastecimiento. (Ver al respecto el proyecto 2.525-D.-2015 de la diputada Gisela Scaglia). b) En el mismo sentido, hay restricciones a la provisión de energía renovable por vía de instalaciones hidroeléctricas, aspecto que no parece tener sentido ya que dicha provisión es claramente una energía renovable.
- c) El precio máximo también genera un posible problema: la posibilidad de que a ese valor no haya oferta de energía renovable.
Así la ley obliga a los usuarios a comprar un bien a un precio, sin saberse si habrá oferta de ese bien a este precio.
- d) Los requisitos de compra de energía no renovable parecen improbables de cumplir en el corto plazo, con lo cual un plazo mayor lucía más razonable y más cumplible.
- e) El programa incluye una serie de beneficios fiscales: exención de derechos de importación, un bono fiscal, amortización acelerada, etcétera.
Estos subsidios implícitos son justamente eso: implícitos, con lo cual no queda explicitado el costo para el usuario de los mayores costos de este tipo de políticas.
Desde nuestro espacio siempre propugnamos políticas transparentes de subsidios para que la ciudadanía pueda permanentemente evaluar el beneficio de cada intervención
