La publicación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) en materia de Planeación Vinculante del Sector Eléctrico emitidas por la Secretaría de Energía para la generación eléctrica marcan una nueva ruta hacia la manera en que se conciben, diseñan y aprueban proyectos de generación de electricidad en el país. El 17 de octubre de 2025 pasará a la historia como la fecha en que México dejó de evaluar permisos de generación de manera aislada.
Hoy, todo proyecto deberá demostrar su contribución al equilibrio, estabilidad y eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El nuevo marco regulatorio actúa como un "semáforo energético.
Los proyectos que incorporen Sistemas de Almacenamiento de Energía (BESS), que garanticen la calidad del suministro o que demuestren una contribución documentada a la eficiencia y confiabilidad del SEN, serán preferentes dentro de la planeación vinculante.
En otras palabras, se ha introducido un filtro que dirige la inversión privada hacia las soluciones tecnológicas que el SEN más necesita. "Ya no se trata de quién instala más megawatts, sino de quién instala valor.
La prioridad ahora es la flexibilidad, la calidad y la capacidad de reducir los costos operativos del sistema a largo plazo", aseguró Paulina Beck, General Counsel de Energía Real, empresa especializada en soluciones energéticas integrales. Tras la publicación de las DACG, los generadores privados, especialmente aquellos que manejan generación distribuida, almacenamiento en baterías y gestión inteligente, pueden convertirse en el soporte que fortalezca la red nacional y acelere la transición energética. En ese sentido, la prevalencia del 54% para la CFE no debe interpretarse como una limitación, sino como un marco que impulsa la complementariedad entre los actores públicos y privados. Mientras tanto, las industrias que integren energía solar, BESS y gestión avanzada en sus operaciones tendrán ventajas competitivas tangibles gracias a las DACG, tales como menores costos, mayor confiabilidad y trazabilidad ESG. La dimensión social de la energía Un aspecto central de las DACG es la elevación de la Justicia Energética a requisito estructural, la obligación de presentar un Plan de Gestión Social con recursos equivalentes a un porcentaje del 0.5% de la inversión total del proyecto de generación (CAPEX), conforme a las disposiciones emitidas por la SENER, eleva la Justicia Energética a un requisito estructural. "El componente social ya no es solo teoría, ahora es un factor presupuestal obligatorio.
Esto confirma que no puede haber transición energética si no se traduce en bienestar tangible para las comunidades donde operamos, agregó la experta de Energía Real.