Chile transita su "Segundo Tiempo de la Transición Energética" y, desde finales del año pasado, el gobierno lanzó a consulta pública un nuevo plan de descarbonización en el que establece 45 medidas para lograr una matriz más limpia y fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico. Sin embargo, las demoras en el cierre de centrales termoeléctricas a carbón y la sustitución de manera acelerada y justa con nueva capacidad de tecnologías limpias y renovables aún preocupa dentro del rubro energético y ambiental del país. El panorama no cambió mucho desde el gobierno pasado a este.
El proceso de descarbonización de Chile está estancado y veo pocas probabilidades de que se acelere, afirmó Pamela Poo, directora y coordinadora de incidencia política de Fundación Ecosur, en conversación con Energía Estratégica. "Hay centrales que siguen sin fecha de cierre y que algunas empresas vendieron sus termoeléctricas por lo que no se tiene forma de comprometer a los nuevos dueños a generar un cierre anticipado, considerando que el mismo es voluntario", añadió. De acuerdo a los últimos números, ya se desconectó 1,6 GW de potencia de centrales a carbón en Chile, pero aún restan 3,9 GW que continúan operativos y algunos de esos proyectos aún no confirmaron cuándo pondrán fin a sus actividades, a pesar que deberán hacerlo antes del 2040. Mientras que el nuevo plan de descarbonización traza una hoja de ruta de cuatro ejes para retirar progresivamente dichas centrales, habiendo 2163 MW de potencia en 5 plantas con retiro/reconversión disponibles para 2025-2026 y 1683 MW de potencia de 3 centrales con retiros o reconversiones posteriores al 2030. Por otro lado, la directora y coordinadora de incidencia política de Fundación Ecosur planteó que ese programa pone el foco en "rebajar el estándar ambiental", por lo que preocupa más la metodología que se aplica para implementar y acelerar la transición energética. "Por ello presentaremos algunas observaciones ciudadanas al plan de descarbonización porque, por ejemplo, es una aberración que los proyectos energéticos no tengan que entrar a evaluación de impacto ambiental si pudiese pensarse que no producirían impactos", comentó. Bajo esa misma premisa, se buscará que haya un mayor ordenamiento territorial para que no existan colisiones de los proyectos con otras actividades productivas y posteriores consecuencias, tanto en el ámbito alimentario como a nivel social. "Es importante que se haga una transición justa, que hasta el momento no ha sido así dado que algunas empresas pasaron su modelo de negocio a las energías limpias utilizando las mismas estrategias que utilizaban con las comunidades cuando tenían termoeléctricas a carbón", subrayó Pamela Poo. "Y si bien hay demora en los permisos sectoriales, se pretendió relajar las leyes y el estándar ambiental, por lo que se ve un retroceso de la legislación.
Sumado a que es preocupante el silencio administrativo y que el proponente sólo deba realizar una declaración jurada de que cumplirá con cierto estándar, hecho que resulta difícil de comprobar y no saber realmente los peligros de la escala de la industria para los ecosistemas y comunidades", insistió.
