El sector renovable de Argentina reconfigura su estrategia legislativa de cara al 2026.
Luego de que el Congreso no lograra prorrogar la vigencia de la Ley N° 27191 (régimen de fomento a las ERNC) durante el 2025, la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) impulsa la incorporación de un artículo específico en el Presupuesto 2026. El objetivo es que se garantice estabilidad fiscal al menos por un año, como puente hacia una futura renovación integral del régimen de fomento que, según información de la CEA, ya movilizó más de 8000 millones de dólares en inversiones a lo largo de la última década. "Este año trabajamos muy fuerte en lograr la prórroga de la Ley 27.191, que es una política de Estado que atravesó varias administraciones, por lo que sería muy positivo lograr la renovación", manifestó el presidente de la CEA, Martín Brandi, durante el acto de fin de año de la entidad al cual asistió Energía Estratégica. Sin embargo, aclaró que el objetivo no se alcanzó antes del cierre legislativo de 2025, aunque ahora el foco estará en negociar una garantía fiscal transitoria que permita sostener el desarrollo del sector durante el próximo año. Cabe destacar que el proyecto de ley que proponía la extensión del régimen por 20 años fue debatido en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, pero no llegó a tomar estado parlamentario.
Por lo que la nueva oportunidad legislativa se abriría durante el transcurso de 2026, bajo un contexto político más propicio y con mayor articulación con el Ejecutivo. El proyecto de ley actualmente en discusión no contempla una ampliación de la meta de participación renovable hoy fijada en el 20% al 31 de diciembre de 2025 , debido a que el sector no reclama mayores exigencias, sino mantener el marco de estabilidad existente. La importancia de preservar condiciones fiscales claras radica en el historial de impacto positivo que generó la Ley 27.191.
Si bien el proyecto de ley en discusión no contempla una ampliación de la meta de participación renovable hoy fijada en el 20% al 31 de diciembre de 2025 , el pedido actual no apunta a beneficios adicionales ni ampliación de metas, sino a mantener la estructura tributaria vigente sin la imposición de nuevos impuestos. "El sector ya no pide beneficios fiscales, sino estabilidad fiscal y jurídica, completamente alineados a los objetivos del presente gobierno", insistió el titular de la CEA y CEO de PCR. Desde el Gobierno Nacional, el respaldo al sector privado es explícito, de modo que la secretaria de Energía, María Tettamanti, reconoció el valor del sector privado por ayudar y alertar en diversos puntos de los cambios regulatorios que atraviesa el país. La funcionaria coincidió en que la estabilidad legal y regulatoria es el principal elemento para sostener y escalar las inversiones verdes en el país.
Por eso, consideró que garantizar una previsibilidad mínima será clave en el diseño del Presupuesto 2026. "Lo fundamental para el crecimiento renovable fue y es la estabilidad legal y regulatoria.
Por lo que sería muy importante tener una perspectiva con estabilidad fiscal por los próximos años, que hará reglas claras y previsibles, además de dejar de pegar volantazos con la regulación para que el sector privado se concentre en generar negocio e invertir", sostuvo Tettamanti. La estrategia hacia 2026 está definida: garantizar, al menos en forma transitoria, un entorno fiscal y jurídico estable, mientras se impulsa la renovación de una ley que el sector considera estructural para consolidar el proceso de transición energética. "Confiamos en que el Congreso pueda aprobar el proyecto durante el próximo año, concluyó el Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables.