La ampliación del sistema de transmisión de Argentina es uno de los principales desafíos para el desarrollo de más proyectos renovables en distintos puntos del país, sobre todo en aquellas zonas de mayor factibilidad para parques eólicos o solares que hoy en día no cuentan con capacidad de transporte disponible, como el caso de los corredores Buenos Aires - Comahue - Patagonia y Centro - Cuyo - NOA. En consecuencia, el gobierno ya puso en marcha el Plan Federal de Transporte Eléctrico III para expandir la red a raíz de la línea de crédito condicional de USD 1140 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hace casi un año (financiado en conjunto con el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo), con el objetivo de promover la descarbonización del sector energético de Argentina. Y a pocos días de haberse anunciado la licitación para nuevas obras eléctricas en la provincia de Salta, desde el BID explicaron qué buscan las entidades financieras extranjeras a la hora de brindar capital a países con potencial para sumar más capacidad renovable. "Lo importante de las inversiones es que estén alineadas al Acuerdo de París y los compromisos y tendencias internacionales.
Por ejemplo, los 23 proyectos que cada provincia presentó ante el Plan Federal III, deben cumplir con ciertos requisitos, tales como que las líneas reduzcan el uso del diésel y permita el ingreso de renovables, o que disminuyan las pérdidas en el sistema de transmisión", remarcó Virginia Snyder, especialista sénior en energía del BID. "Son factores que los financiadores buscan y observan a la hora de invertir en cada país, porque saben que ello les abrirá las puertas al sector privado, tanto nacional y extranjero", agregó durante un evento de IN-VR. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo no sólo coloca el capital para la construcción de la nueva infraestructura eléctrica, sino que también acompaña técnicamente el proceso dando apoyo a las empresas ejecutoras, además de continuidad en toda la parte ambiental y social para cumplir las políticas propias como del Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo. Y de la misma forma, brinda apoyo a las provincias que no tengan la posibilidad de preparar los planes, trazas, estudios eléctricos y otros documentos claves para el avance del sistema de transporte. "Por ejemplo, algunas jurisdicciones trabajaron muchos años en preparar proyectos pero estuvieron a la espera del financiamiento, lo que implica que sus pliegos y permisos ambientales y sociales quedaron obsoletos en el tiempo, por lo que se los apoya para llegar al punto de lo que requieren los inversionistas", comentó Virginia Snyder. "También preocupa cuánto empleo se puede generar, cuánto se puede ahorrar si puede hacer una supervisión utilizando drones, o mismo el ahorro en el futuro tendido de los cables o diseño de los cables", concluyó.