Brendan Oviedo, socio de Hernández & Cía, brindó una entrevista exclusiva en el marco de Future Energy Summit (FES) Perú, donde señaló que el Ministerio de Energía y Minas debe publicar un cronograma oficial y transparente de implementación de la Ley 32249 si para acelerar las inversiones concretas en energías renovables.
El especialista estimó que, con una reglamentación eficaz y oportuna, Perú podría incorporar entre 2000 y 3000 megavatios de capacidad renovable al año 2030. Las condiciones macroeconómicas y jurídicas ya están dadas, pero que se requiere una última pieza normativa para destrabar los desarrollos.
"Se le ha pedido al Ministerio un cronograma público para poder dar predictibilidad y transparencia a este proceso.
Muchos inversionistas están a la espera de tener claridad de cómo se va a materializar esa reglamentación para proceder con sus inversiones", manifestó Oviedo.
Esta señal permitiría activar nuevos esquemas de contratación, mejorar la estructuración financiera de los proyectos y destrabar una cartera de iniciativas que hoy se mantienen en suspenso.
El abogado apuntó que, sin este marco claro, se limita la capacidad del sector para traducir el potencial renovable en inversiones concretas.
Y según datos de la Dirección General de Electricidad, Perú cuenta con una cartera de proyectos de generación con energías renovables no convencionales por más de 13700 MW.
En ese sentido, los tres reglamentos clave que deben ser aprobados están vinculados a licitaciones de distribuidoras, sistemas aislados y servicios complementarios.
El primero ya fue sometido a consulta pública y recibió más de mil comentarios, lo que ha retrasado su revisión.
El segundo, que regula la figura del operador independiente para sistemas aislados, estaría próximo a publicarse, según estima Oviedo.
Mientras que el tercero mencionado es más complejo, ya que implica la creación de un nuevo mercado, y podría conocerse hacia el último trimestre del año.
Ante este panorama, el sector ha solicitado al Gobierno no solo que publique los reglamentos, sino también los comentarios técnicos recibidos y el cronograma que defina los próximos pasos.
Esto permitiría ordenar el avance regulatorio y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
"Otorgará una opción de contratación adicional a las que existen ahora en el mercado, subrayó Oviedo, al referirse al impacto positivo que tendría la entrada en vigor de estos nuevos marcos.
Y explicó que con los nuevos contratos que se habiliten, será posible mejorar la estructuración financiera de los proyectos, lo que facilitará su bancabilidad y acelerará su desarrollo.
En concreto, este nuevo esquema no se limitaría a un solo tipo de contrato, sino que ofrecería un paquete diversificado: acuerdos con generadores, usuarios libres y distribuidoras.
Eso daría más herramientas a los desarrolladores y permitiría contar con ingresos más predecibles, condición necesaria para obtener financiamiento.
Desde su rol en el estudio legal, Oviedo enfatizó que la Ley 32249 ya representa un avance legislativo relevante, pero que su verdadero potencial dependerá de la capacidad del Estado para reglamentarla a tiempo y con calidad técnica. "Brindará un mecanismo adicional en la estructuración del financiamiento de proyectos renovables, indicó.
Para Oviedo, el mensaje político y técnico que se emita desde el Gobierno será determinante.
La existencia de una hoja de ruta pública y vinculante permitirá, además de atraer capital, demostrar que Perú está decidido a aprovechar su potencial renovable como motor de crecimiento económico.