Chile está discutiendo nuevas regulaciones en el sector de la distribución de energía eléctrica y una de las propuestas iniciales apuntaba a reducir a 300 kW la posibilidad por parte de los usuarios de optar como cliente libre, lo que afectaría el segmento de la generación distribuida.
El 27 de noviembre fue aprobado en sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado el Proyecto de Ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (Bol.N° 12567-08), conocida como "Ley Corta.
En particular, se incluyó una indicación que rebaja de 500KW a 300KW el límite para que clientes sujetos a regulación de precios puedan optar por contratos de energía libre, resultando aprobada por la Comisión.
Ante esta posibilidad, un grupo de 50 referentes de la industria realizaron un escrito, cuestionando la modificación de este aspecto. Energía Estratégica comparte la carta que fuera difundida por este colectivo. 
"Se rechazó indicación de rebaja a 300 kW para optar a cliente libre! Esto incentiva modelo de generación distribuída costo competitiva ya que no se pierde segmento de clientes potenciales que otrora migraría a contratos con grandes generadoras que no aseguran suministro renovable", expresó Ana Lía Rojas, directora de la firma Chilena de asesoría energética EnerConnex, a través de su cuenta social de Twitter. Otra empresa referente en el sector, Ciudad Luz, también difundió una carta a los Senadores y Senadoras de Chile, planteando los riesgos que ocasionaba la aprobación del proyecto de ley original que Energía Estratégica comparte a continuación.
Estimado Senador, Estimada Senadora, El día 27 de noviembre de 2019 fue aprobado en sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado el Proyecto de Ley (PdL) que Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (Bol.N° 12567-08), conocida como "Ley Corta.
En particular, el PdL incluyó una indicación que rebaja de 500KW a 300KW el límite para que clientes sujetos a regulación de precios puedan optar a contratos de energía libre, la que fue aprobada y se discutirá en sala el martes 03 de diciembre.
Nos parece que esta indicación, que busca abrir una opción a clientes regulados para suscribir contratos libres con menores precios a los que actualmente pueden acceder, es contrario al objetivo de reducir la cuenta de la luz de millones de clientes de electricidad en el segmento de distribución.
Es más, genera un efecto adverso, ya que aumentará el costo de la energía para micro y pequeñas empresas y clientes residenciales en el largo plazo (99% de los clientes regulados que consumen más del 70% de la energía) y solo beneficia a medianas y grandes empresas en el corto plazo (1% de los clientes regulados y menos del 30% de la energía regulada).
Además, beneficia a las 4 grandes empresas de generación eléctrica que son las que capturan a nuevos clientes libres.
La otra gran consecuencia directa de esta indicación es el desincentivo inmediato que se produce en la generación ciudadana o netbilling, enmarcada en la Ley 21.118.
El netbilling, que permite a clientes regulados generar su propia energía, disminuyendo significativamente el consumo de la red, e inyectar excedentes que son valorizados y descontados de facturaciones futuras, es el mejor instrumento para lograr rebajas sustantivas, permanentes y sostenibles en la facturación eléctrica de usuarios finales.
El netbilling ha sido transversalmente fomentado, desde todos los sectores políticos, y se encuentra completamente alineado a la política energética de Chile (Energía 2050) y la Ruta Energética 2018-2022, que fue elaborada mediante un proceso ciudadano y participativo que se constituyó desde Arica y Parinacota hasta la Antártica chilena.
En éste, la ciudadanía manifestó la falta de empoderamiento del cliente final, los bajos incentivos existentes frente al desarrollo de nuevas tecnologías más limpias y económicas, y el bajo incentivo a la innovación energética.
El netbilling ha permitido el surgimiento de una nueva industria de energía limpia, nacional, que crea nuevas capacidades y empleo en centenas de PYMES, particularmente aquellas que implementan un modelo de negocios de venta de energía a sus clientes finales (modelo ESCO).
En Chile actualmente existen 29 MW de potencia instalada en casi 4.800 proyectos netbilling.
Se proyecta que a futuro la gran mayoría de nuevos proyectos será bajo el modelo ESCO, donde la incipiente industria de generación ciudadana moviliza inversiones para crear un nuevo modelo diversificado de propiedad de la energía, que alcanzaría entre 1.500 y 4.000 MW en la próxima década.
Las empresas del sector estimamos que más del 50% de los proyectos futuros bajo el modelo ESCO serán con clientes con empalme de más de 300 KW.
La rebaja al límite de cliente libre es un duro golpe a la política energética que está fomentando el crecimiento de esta industria, basada en PYMES.
Rebajar el límite de cliente regulado significa un desincentivo para que clientes regulados de entre 300 y 500KW instalen autogeneración de energía limpia, disminuyendo sus costos de suministro eléctrico de forma permanente y reduciendo externalidades negativas como emisiones de CO2 e infraestructura de gran escala en nueva generación y transmisión que provocan conflictos socio-ambientales, que no serían necesarias en el futuro.
Desde el punto de vista de las externalidades, es un juego de suma cero, que beneficia a grandes empresas (generadoras y grandes clientes que transan energía libre en base a ERNC existente), pero que obliga a millones de clientes regulados a seguir consumiendo energía sucia, generada a carbón y gas (el actual mix energético sucio queda solo en manos de los regulados).
Desde el punto de vista del empleo y la innovación, esta medida impide la entrada de nuevos actores a la generación ciudadana y afecta directamente a una industria que genera miles de empleos.
Todos los países que han dado un salto al desarrollo en las últimas 4 décadas han fomentado decididamente la generación distribuida porque entienden que genera mucho menos externalidades que el modelo convencional de generación, transmisión y distribución a gran escala.
La aprobación de la indicación le quitaría un espacio de mercado muy relevante a la industria de generación distribuida que se ha desarrollado en el marco de la ley de netbilling, sobre todo teniendo en cuenta que la regulación actual no consagra la bidireccionalidad de la red y que circunscribe la generación ciudadana sólo al segmento de clientes regulados.
La indicación mencionada al PdL no se alinea en la dirección de dar solución a la crisis que vive el país, cuyas prioridades deben ser las demandas sociales y el costo de la vida de los ciudadanos y PYMES.
Contrariamente a la indicación propuesta, las medidas deberían ir encaminadas a eliminar las restricciones de la generación ciudadana.
Compartimos plenamente la necesidad de una reforma estructural a la Distribución Eléctrica, la que está en desarrollo y el PdL será ingresado al Parlamento en marzo próximo ("Ley larga).
En ese minuto se debe discutir ampliamente, con una visión completa del sistema energético, los marcos regulatorios, mecanismos e instrumentos que permitan construir un sistema eléctrico más justo, sustentable y económico, pudiendo abrir más la competencia, diversificando no solo fuentes y sino que modelos de propiedad y negocio, considerando un conjunto de elementos que fomenten, y no desincentiven, la autogeneración y almacenamiento para todo tipo de usuario, empoderando a clientes finales y no condenando a la mayoría a los intereses de empresas incumbentes.