Andrés Manuel López Obrador, este miércoles, cumplirá tres años como presidente de México.
Y desde que asumió, bajo su mandato se dieron hechos y declaraciones contradictorias en temas energéticos en el país, principalmente contra las renovables y los privados. Una de las primeras situaciones se plasmó en los primeros meses de gobierno, cuando se suspendió - y posteriormente se canceló - la Subasta de Largo Plazo 2018.
Y si bien desde la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, estimaban que se harían en 2021 con algunas modificaciones, todavía no hubo señales de que se retome el proceso licitatorio. Posteriormente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, AMLO reafirmó el "rescate al sector energético" y, en su introducción, denunció que "la reforma energética impuesta por el régimen anterior causó un daño gravísimo a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad". Ese mismo año se oficializó la modificación de lineamientos que establecen los criterios para otorgar Certificados de Energías Limpias (CEL).
Y también Luis Abelardo González Quijano dejó de ser Jefe de la Unidad de Energías Renovables de la Secretaría de Energía (SENER), cargo que desde entonces no fue ocupado oficialmente. Por otro lado, durante 2020 la SENER publicó el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Y con ello quedaron suspendidas las pruebas pre operativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Mientras que aquellas que no habían iniciado operaciones, las pruebas pre-operativas de las mismas no fueron autorizadas en muchos de los casos. De todos modos, esta política se invalidó en algunos aspectos gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomada a principios de noviembre 2021, es decir, casi un año y medio después de su emisión. Además, entre otras iniciativas más destacadas de la administración también se encuentra la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica (impulsada en febrero 2021 y actualmente suspendida indefinidamente) y la reforma constitucional eléctrica, la cual aún está a la espera de que se debata en el Poder Legislativo. Ambas propuestas de López Obrador buscaban - y aún lo hacen - darle mayor poder a la CFE.
La primera a partir de la modificación de la prioridad de despacho, mientras que a la segunda se agregó que la CFE controle el 54% del mercado eléctrico, así como la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y la suspensión de los contratos otorgados hasta el momento, entre otras medidas. Esta última iniciativa no es algo llamativo ya que, desde la campaña electoral, AMLO anticipó que presentaría una propuesta de reforma a la Constitución, además que se revisarían los "contratos leoninos". Todo esto generó incertidumbre en el sector y es por ello que varias empresas multinacionales decidieron frenar o retirar sus inversiones en México, como el caso de Iberdrola o el más reciente de General Motors, que ya advirtieron la falta de marco estructural enfocado en la producción de energías renovables. A estos hechos mencionados hay que añadir que el sector energético de México manifestó en reiteradas ocasiones que había demoras en los permisos de generación y de interconexión, principalmente para centrales renovables, cuestión que sigue presente dado que a fines de octubre de este año la CRE otra vez dio su negativa a cuatro proyectos de dicha índole. De todos modos, no todo fue negativo durante la mitad del sexenio, ya que el presidente ratificó que modernizará sesenta hidroeléctricas e invertiría al menos mil millones de dólares en ello para generar energía limpia a un costo menor; aunque hasta el momento sólo se adjudicó un contrato al consorcio conformado por las empresas Andriz, Generadores Mexicanos, Hydroproject de México y Sistemas de Energía Internacional, para nueve de las sesenta centrales. Además, meses atrás se anunció que se instalará un parque solar de 1000 MW de capacidad en el Estado de Sonora, precisamente en Puerto Peñasco, bajo una inversión cercana a 1,685 millones de dólares.
Y todavía se aguarda la definición de cómo se realizará. En tanto que la otra alternativa de generación que el gobierno "impulsa" y ya aseguró no modificar es la generación distribuida, a la cual observa como opción renovable que cumpla una "función social" para aquellos hogares alejados de las redes y que no están conectados. A tal punto que la GD continuó su evolución en el país dado que entre 2020 y 2021 sumó más de 713 MW instalados y ya alcanzó los 1,797.10 MW en 242,958 acuerdos de interconexión, según el último informe de la CRE.