La entrada en vigor del Decreto 89/2025, que modifica el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (ROTU), ha provocado un profundo rechazo entre promotores de proyectos de almacenamiento energético.
Publicada el pasado 8 de julio en el BOPA, la nueva normativa suspende las autorizaciones urbanísticas para instalaciones standalone superiores a 3⬯MW ubicadas en suelos no urbanizables, lo que implica una moratoria de facto de hasta 24 meses.
Esta modificación, que afecta a una potencia planificada de 1.800 MW y más de 80 promotores, se produce en un contexto de transición energética acelerada en el que el almacenamiento juega un rol estratégico.
"Asturias acaba de declarar una moratoria encubierta sobre el almacenamiento energético, sin ningún análisis técnico ni consulta previa al sector, manifiesta el especialista en energía y regulación energética Felipe González Coto.
En diálogo con Strategic Energy Europe, sostiene que esta decisión genera un efecto paralizante inmediato sobre una capacidad potencial ya comprometida: 1.220 MW con punto de conexión concedido y otros 373 MW en tramitación.
De acuerdo con su análisis, Sesta medida arrasa con la previsibilidad regulatoria, al interrumpir proyectos ya en curso y sin ofrecer un marco alternativo viable.
El artículo 51 del ROTU reformado contempla la elaboración futura de directrices específicas para ordenar este tipo de instalaciones, pero mientras tanto suspende todas las tramitaciones en suelo no urbanizable, abriendo un vacío legal que afecta incluso a promotores que ya habían iniciado trámites.
Según datos del propio Principado, 170 promotores habían manifestado interés inicial, aunque buena parte ha desistido o migrado sus proyectos.
"El problema no es solo el parón, sino la inseguridad jurídica que esto genera: no sabemos si en dos años los criterios serán retroactivos, ni qué condiciones se impondrán, alerta González Coto.
Otro punto crítico es el establecimiento de restricciones de distancia mínima: un kilómetro respecto a núcleos de población y 500 metros respecto a masas forestales autóctonas o instalaciones ganaderas.
Para el especialista, estas exigencias carecen de respaldo técnico.
"Son medidas arbitrarias, que se basan más en miedos infundados que en evaluaciones de riesgo reales.
Es insostenible que se exija una distancia 50 veces mayor que la que permiten países como Reino Unido o EE.UU.", enfatiza.
El Ejecutivo autonómico argumenta que el suelo no urbanizable es Spoco adecuado para este tipo de proyectos y propone reubicarlos en suelos industriales, urbanos o con usos extractivos o energéticos.
Sin embargo, desde el sector se advierte que esta alternativa limita enormemente la viabilidad económica de las iniciativas.
"Los suelos industriales en Asturias son escasos, caros y no están distribuidos cerca de las infraestructuras energéticas críticas.
Esta propuesta equivale a reducir el 90% del potencial de desarrollo de baterías en la región, advierte González Coto.
Además, la preocupación del sector se amplifica por los alcances de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), que permitiría al Consejo de Gobierno autorizar proyectos estratégicos sin intervención municipal.
Aunque esta ley no forma parte directa del ROTU, su articulación con la nueva normativa genera lo que el especialista describe como un "caos regulatorio.
"Por un lado, se bloquean los proyectos con una moratoria sin base técnica, y por otro, se abre la puerta a autorizar instalaciones por vía rápida, sin intervención local.
Esta incoherencia mina la confianza de inversores y promotores, remarca González Coto.
En suma, la reforma del ROTU en Asturias plantea un escenario de incertidumbre regulatoria, vacíos técnicos y tensión territorial, que compromete seriamente el desarrollo del almacenamiento energético en una región con elevado potencial.
Desde el sector se reclama un marco claro, técnicamente sustentado y consensuado, que permita avanzar sin frenar la transición energética.