La nueva subasta de energías renovables a largo plazo de Colombia se lanza en un contexto marcadamente diferente al de sus predecesoras.
Si bien en 2019 el mercado carecía de contratos suficientes para respaldar la financiación estructurada, hoy en día los promotores están negociando acuerdos bilaterales de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) de hasta 15 años en condiciones financiables , lo que permite que los proyectos alcancen el cierre financiero sin depender necesariamente de un mecanismo respaldado por el Estado.
El cambio de contexto responde a una señal clara: una posible escasez de capacidad del sistema hacia 2027-2028, en medio de retrasos en la expansión de la red y limitaciones en la asignación de puntos de conexión.
En este contexto, los minoristas y los grandes consumidores han comenzado a asegurar sus suministros con mayor antelación, dinamizando así el mercado bilateral.
"Esas subastas se realizaron en un contexto en el que no había muchos contratos de compraventa de energía bilaterales a largo plazo disponibles en el mercado", explicó Manuel Gómez Fajardo , experto en energía y regulación.
La diferencia estructural entre aquel momento y el presente redefine el papel que debe desempeñar el nuevo proceso.
Hoy en día, la cuestión ya no es si la subasta es necesaria, sino cómo se adapta a un ecosistema más sofisticado.
"Ahora existen contratos de compraventa de energía (PPA) de entre 12 y 15 años que antes no se ofrecían", afirmó Gómez Fajardo, quien participó en la negociación de más de una docena de contratos recientes, representando a ambas partes.
Este progreso no debilita el mecanismo; al contrario, eleva el nivel.
Si el mercado ya ofrece estabilidad contractual y plazos suficientes para estructurar las transacciones de financiación de proyectos, la subasta deberá proporcionar un diferencial tangible en términos de garantías, perfil de riesgo o previsibilidad regulatoria.
El carácter voluntario del programa introduce una lógica competitiva inevitable.
Los generadores y los agentes del lado de la demanda evaluarán si el proceso ofrece mejores condiciones que las disponibles a través de acuerdos bilaterales.
"Si esta subasta compite con un producto que ya existe en el mercado, tiene que ofrecer algo extremadamente atractivo para tener verdadero éxito", advirtió el especialista.
El éxito dependerá de si el diseño contractual resulta más eficiente o seguro que las alternativas actualmente disponibles.
Para los bancos, el análisis sigue centrándose en la estabilidad de los ingresos y la solvencia del cliente.
La duración del contrato, la solvencia de la contraparte y la coherencia institucional tienen mayor peso que el propio mecanismo de adjudicación.
En un entorno donde algunos minoristas se enfrentan a tensiones financieras, la estructura de las garantías cobra especial relevancia para el capital internacional.
En este punto, la subasta puede desempeñar un papel estratégico: estandarizar los contratos, mejorar la transparencia y ampliar el acceso a una demanda respaldada por perfiles crediticios sólidos, no como un sustituto del mercado bilateral, sino como un complemento que refuerza la disciplina financiera.
Además, el proceso se desarrolla en un año preelectoral, con elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026, lo que introduce una variable institucional adicional.
La previsibilidad regulatoria y la independencia del regulador serán factores decisivos para mantener la confianza de los inversores.
Además, Gómez Fajardo recalcó que el debate sobre la relevancia del mecanismo no es el tema central.
El verdadero debate reside en si el diseño es capaz de responder a la nueva realidad del mercado.
Con la transición energética en marcha y señales de escasez en el horizonte, Colombia se enfrenta a una etapa diferente.
La subasta ya no funciona como el motor inicial de la expansión de las energías renovables, sino más bien como un instrumento de ajuste fino dentro de un mercado que ha madurado rápidamente y que ahora exige sofisticación contractual y financiera.