El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha vuelto a poner un obstáculo al desarrollo del sector eólico regional al anular los permisos administrativos y de construcción del parque eólico de A Ruña III , impulsado por Eurus Desarrollos Renovables en Mazaricos (A Coruña).
El tribunal argumentó que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) era deficiente porque no evaluó conjuntamente el parque eólico y su línea de conexión a la red eléctrica , ni analizó suficientemente los posibles efectos sobre la Red Natura 2000 .
Sin embargo, es importante aclarar que cuando el proyecto fue autorizado en virtud de lo dispuesto en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Ley Gallega 8/2009 de Aprovechamiento de la Energía Eólica , antes de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1183/2020 era legalmente posible tramitar ambos expedientes administrativos de forma independiente.
Esto ha desencadenado un nuevo episodio de incertidumbre jurídica en Galicia, una región que representa casi el 20% de los proyectos eólicos en desarrollo en España y que actualmente tiene casi 2 GW de capacidad suspendida debido a litigios en curso.
La sentencia se produce después de que tanto el Tribunal Supremo español como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hubieran avalado recientemente los procedimientos medioambientales aplicados por el gobierno regional gallego, lo que había reavivado cierto optimismo en el sector tras años de parálisis.
La Asociación Española de Energía Eólica (AEE) expresó su "consternación" y advirtió que tales decisiones judiciales generan "una pérdida de confianza de los inversores y un grave riesgo para la estabilidad regulatoria del país".
La organización recordó que el sector eólico español ha mantenido su compromiso con Galicia a pesar del prolongado estancamiento judicial, pero advirtió que cada nuevo giro jurisprudencial aumenta la incertidumbre jurídica y retrasa las inversiones que podrían crear miles de puestos de trabajo.
La AEE instó a las autoridades a restablecer un marco de permisos coherente y predecible que permita avanzar hacia los objetivos del PNIEC, que fijan la meta de instalar 50 GW de capacidad eólica terrestre para 2030 , sin tener que enfrentarse a constantes cambios de interpretación.
La línea de conexión a la red de A Ruña III ya había sido evaluada y aprobada en un procedimiento independiente, una práctica habitual antes de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1183/2020 y las posteriores actualizaciones regionales.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que la EIA del proyecto no era válida por no integrar ambos elementos en un solo estudio, un criterio que contradice el precedente establecido por la Corte Suprema en el fallo Campelo (marzo de 2025), que afirmó que compartir infraestructura no implica necesariamente un proceso de permisos unificado.
El gobierno regional gallego anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia aplica criterios retroactivos y supone un grave riesgo para la seguridad jurídica. Contexto español: Crecimiento sostenido pero desigual. A pesar de la parálisis de Galicia, España ha mantenido un crecimiento constante de la capacidad eólica durante los últimos cinco años.
Según datos de Red Eléctrica de España (REE) y la Asociación Española de Energía Eólica (AEE) , el país alcanzó una capacidad instalada total de 31,6 GW en 2024, frente a los 23,5 GW de 2019, un incremento de más de 8 GW impulsado principalmente por nuevas instalaciones en Castilla y León, Aragón y Andalucía, que en conjunto representan más del 50% de la nueva capacidad.
Galicia, sin embargo, no ha seguido el ritmo.
Desde 2021, la región apenas ha añadido 50 MW debido a la cascada de suspensiones preventivas emitidas por la TSXG.
Actualmente, Galicia cuenta con 4 GW de capacidad eólica operativa , y otros 2,5 GW en diversas fases de desarrollo o construcción que permanecen bloqueados.
Este retraso no solo pone en peligro el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de España, que establece un objetivo nacional de 62 GW de capacidad eólica para 2030 , sino que también pone en peligro la continuidad de la cadena de suministro industrial gallega , que alberga fábricas que producen torres, palas y otros componentes estratégicos. Tres años de estancamiento judicial: una cronología del bloqueo La actual parálisis de la energía eólica en Galicia comenzó en 2022 , cuando la TSXG comenzó a emitir órdenes de suspensión cautelar para nuevos permisos de construcción de parques eólicos, invocando el principio de precaución.
Estas decisiones se basaron en informes de expertos que advertían sobre posibles daños irreversibles a especies protegidas o impactos acústicos en zonas residenciales cercanas.
A finales de 2024, el tribunal había suspendido más de 60 proyectos , con una potencia total de casi 2 GW.
Paralelamente, los tribunales abordaron cuestiones de procedimiento.
Durante 2023, varias asociaciones ecologistas alegaron que las autorizaciones violaban los derechos de participación pública establecidos en la Directiva 2011/92/UE , ya que los proyectos se habían sometido a consulta pública antes de que se recopilaran todos los informes sectoriales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSXG) remitió el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , que el 1 de agosto de 2025 falló a favor del gobierno regional, aclarando que la directiva no exige que las autoridades dispongan de todos los informes antes de abrir el período de consulta pública, siempre que la participación sea temprana y efectiva.
Este fallo desestimó uno de los principales motivos de las impugnaciones legales.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo emitió el fallo Campelo en marzo de 2025, revocando la interpretación de TSXG sobre la supuesta "fragmentación" del proyecto.
El tribunal superior determinó que la existencia de infraestructuras compartidas no requiere un único expediente ambiental , siempre que se analicen los efectos acumulativos entre los proyectos.
Esta decisión fue vista como un respaldo a la metodología utilizada por el gobierno gallego y los promotores para estructurar proyectos complejos.
Con ambas resoluciones en vigor, el sector consideró que se había superado la etapa más incierta.
Sin embargo, la nueva sentencia A Ruña III introduce un elemento adicional: la TSXG ya no cuestiona el procedimiento formal, sino el alcance material de las evaluaciones ambientales , aunque la legislación anterior no exigiera dicha integración.
El resultado de esta judicialización es una congelación de inversiones sin precedentes .
Según estimaciones del sector, los retrasos en Galicia amenazan más de 3.000 millones de euros en inversión directa y más de 2.500 puestos de trabajo relacionados con la construcción y el mantenimiento de parques eólicos.
La AEE advierte que cada año de retraso se traduce en un 10 % menos de nueva capacidad eólica a nivel nacional , lo que socava la competitividad y los objetivos de descarbonización.
Los promotores también destacan el riesgo para la reputación de Galicia como destino de inversión energética.
Importantes grupos internacionales que llevaban más de una década desarrollando proyectos en la región han reubicado parte de sus oleoductos en otras regiones o países con marcos regulatorios más estables.
Mientras tanto, los fabricantes de aerogeneradores y las empresas de logística gallegas advierten de la pérdida de contratos de fábrica por la falta de nuevos proyectos. Demandas del sector: Seguridad jurídica y planificación estable. Desde 2022, el sector eólico ha manifestado reiteradamente que la falta de seguridad jurídica es el principal factor de riesgo para alcanzar los objetivos del PNIEC.
Las asociaciones comerciales y las organizaciones regionales reclaman una mayor coordinación entre el Ministerio para la Transición Ecológica, el gobierno gallego y los tribunales para establecer criterios unificados en materia de permisos ambientales y evaluación del impacto acumulativo.
También exigen una actualización del Plan del Sector Eólico de Galicia , en vigor desde 1997, y una revisión del mapa de sensibilidad ambiental para canalizar la nueva capacidad hacia las zonas adecuadas.
En respuesta, el gobierno gallego ha modificado parcialmente la Ley 8/2009, de Utilización de la Energía Eólica , introduciendo disposiciones para simplificar los procedimientos y reforzar la evaluación ambiental estratégica.
Sin embargo, cada modificación ha ido seguida de nuevos desafíos legales, lo que ha dado lugar a un ciclo de litigios y reformas que, lejos de proporcionar estabilidad, ha prolongado la incertidumbre.
La administración regional insiste en que sus proyectos cumplen con los estándares de la UE y que las decisiones judiciales reflejan una interpretación extensiva de la ley.
Mientras tanto, los representantes de la industria recalcan que no se trata de relajar las normas medioambientales, sino de aportar previsibilidad al proceso de concesión de permisos .
Reclaman normas claras desde el principio, respeto de los plazos y criterios medioambientales estables durante todo el proceso administrativo. Hacia una resolución. A la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de A Ruña III, el sector sigue de cerca el caso.
Si el tribunal superior ratifica su doctrina anterior y revoca el fallo de TSXG, se consolidará una línea jurisprudencial más favorable, lo que fortalecerá la estabilidad regulatoria y facilitará la reactivación de los proyectos suspendidos.
Por el contrario, si el Tribunal Supremo confirma el criterio de evaluación conjunta, las empresas tendrán que adaptar sus procedimientos a un estándar más estricto, asumiendo mayores costes y plazos más largos.
En cualquier caso, la experiencia gallega ofrece una lección clara: sin coherencia normativa y coordinación institucional, la transición energética se ralentiza.
La energía eólica, elemento central de los compromisos de descarbonización de España, requiere un marco de planificación y concesión de permisos predecible donde la protección del medio ambiente y la seguridad jurídica no sean fuerzas opuestas, sino objetivos complementarios.