La Superintendencia de Electricidad (SIE) de la República Dominicana ha puesto en vigor la Resolución SIE-007-2026-REG, que establece por primera vez un marco regulatorio integral para que los usuarios-generadores conecten sus sistemas, principalmente instalaciones de energía renovable, a las redes de distribución de media y baja tensión.
La normativa, de carácter obligatorio, redefine los procedimientos, los criterios técnicos y la compensación económica, alineando el sistema eléctrico dominicano con un modelo de electricidad más participativo, eficiente y descentralizado.
Según la nueva normativa, todas las solicitudes deberán tramitarse a través de una plataforma digital que cada empresa distribuidora deberá implementar en un plazo máximo de 30 días hábiles.
El proceso se divide en dos etapas claramente definidas: una certificación de viabilidad con un plazo máximo de 10 días hábiles y una inspección final, tras la cual se instala un contador digital bidireccional y se firma el acuerdo de interconexión.
Los límites de capacidad instalada ahora estarán vinculados al consumo histórico de electricidad del usuario, lo que permitirá un margen adicional del 10 % en sistemas de baja tensión (hasta 10 kW) y del 5 % en sistemas de media tensión.
La normativa también introduce requisitos más estrictos en cuanto a la calidad de la energía, incluyendo el control de la distorsión armónica, los límites de parpadeo y la integración obligatoria de protección anti-isla, interruptores de acoplamiento y sistemas que cumplan con las normas internacionales de interconexión, como la IEEE 1547.
Uno de los elementos más importantes de la normativa es la estructura de facturación bajo un sistema de medición neta.
Los balances energéticos se calcularán mensualmente, y si un usuario inyecta más electricidad de la que consume, los créditos resultantes se transferirán al siguiente período de facturación.
Además, cualquier excedente no utilizado al 31 de enero de cada año deberá pagarse al 100% del precio medio de referencia de la electricidad publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) .
El plan también incluye un cargo fijo y, en ciertos casos, una tarifa por el uso de la red equivalente al 25% de la tarifa estándar de acceso a la red aplicada a la energía inyectada.
Un escenario favorableLa nueva normativa llega en un momento crucial para el sector energético dominicano.
Actualmente, más de 30 empresas compiten por la adjudicación de 600 MW de capacidad renovable , con propuestas que suman casi 3.000 MW.
Esta dinámica pone de manifiesto cómo unos marcos regulatorios claros pueden impulsar la inversión y acelerar el despliegue de infraestructuras de energía renovable distribuida.
Al mismo tiempo, la Superintendencia ha emitido un marco técnico obligatorio para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Estas normas exigen capacidades tales como control de frecuencia, gestión de la tasa de rampa, regulación de voltaje sin referencia externa y la capacidad de operar en modo de formación de red.
Los sistemas de almacenamiento también deben informar en tiempo real sobre su estado de carga y sus parámetros operativos al Centro de Control de Energía y al operador del sistema.
"La resolución no es una medida aislada, sino más bien un pilar técnico en la construcción de un marco regulatorio integral", dijo el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio , en comentarios recogidos por los medios locales.
La normativa también establece un período de transición de cinco años para los usuarios que operan bajo contratos de medición neta anteriores, lo que les permite adaptarse a las nuevas condiciones sin que ello afecte a los derechos adquiridos.
Por su parte, las empresas distribuidoras deberán informar mensualmente al organismo regulador sobre los proyectos recién conectados, lo que reforzará la supervisión regulatoria y la trazabilidad digital en todo el segmento de la generación distribuida.
Con esta medida, la República Dominicana se alinea con las mejores prácticas internacionales, garantizando la calidad técnica, la seguridad operativa y una clara señal económica para los autogeneradores de energía renovable.
Más allá de modernizar la relación entre los productores de electricidad y la red, la normativa crea condiciones concretas para el crecimiento continuo de la generación distribuida de energía renovable, respaldado por la seguridad jurídica y la previsibilidad de los rendimientos.